La Fiscalía no apeló y quedó firme el sobreseimiento de Carlos Liuzzi por enriquecimiento ilícito

La tercera fue la vencida. El fiscal federal Ramiro González decidió no apelar y de esa manera quedó firme el sobreseimiento del ex subsecretario de Legal y Técnica Carlos Liuzzi, confirmaron a Infobae fuentes judiciales. La causa había comenzado en 2012. Durante estos diez años, el ex número 2 de Carlos Zannini ya había sido sobreseído por otros dos jueces, Norberto Oyarbide y Luis Rodríguez. La semana pasada, con la causa prescripta por el paso del tiempo (se cuentan seis años, la máxima de la pena posible, desde su último cargo), Liuzzi fue sobreseído nuevamente por el juez Marcelo Martínez De Giorgi.

Durante años, la Oficina Anticorrupción impulsó la investigación, pero en octubre de 2020, bajo la gestión de Félix Crous, ese organismo renunció a su rol de querellante. En ese estado, la Fiscalía era la única parte que podía apelar el sobreseimiento. Pero decidió no hacerlo.

Martínez De Giorgi sobreseyó a Liuzzi con fuertes críticas al perito de la Corte Suprema Héctor Roccatagliata, al que acusó de demorar el informe final de la pericia durante meses. “En esta investigación penal no pudo determinarse si existió un incremento apreciable e injustificado en el patrimonio de Carlos Emilio Liuzzi y su entorno familiar porque se carece de un informe pericial oficial conclusivo y determinante sobre el asunto. Y, ello obedece al comportamiento renuente del Contador Oficial Héctor Roccatagliata durante el curso del proceso”, sostuvo el magistrado. Y detalló cada una de las intimaciones que recibió el perito oficial desde 2018.

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Sorpresivamente, Martínez De Giorgi decidió iniciarle una causa penal al experimentado perito. Dijo que Roccatagliata mostró “desinterés en dar respuesta al estudio requerido”.

Apenas trascendió la noticia, el perito de la Corte le mandó una nota al fiscal Ramiro González para manifestar su disconformidad con el sobreseimiento. En ese escrito, al que tuvo acceso este medio, Roccatagliata desconoció la pericia que había presentado el perito de Liuzzi y ratificó los informes entregados al juez el 30 de junio de 2020 y el 16 de octubre de 2020. “Fueron los últimos vertidos una vez analizadas las presentaciones de los imputados y la documentación por ellos incorporada”, dice.

Carlos Liuzzi llegó a la Casa Rosada en 2003 con apenas $265.000. A partir de 2008, su patrimonio no paró de crecer. En 2011, adquirió un departamento de 161 m2 en el piso 35 del edificio Mulieris, en Puerto Madero, que abonó $3.272.400, unos 808.000 dólares de ese entonces. Apenas dos años más tarde, 2013, compró junto a su mujer otro departamento en el piso 42 del mismo edificio. Por esa propiedad pagaron 7.500.000 pesos, supuestamente con sus sueldos del Estado.

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En diciembre de 2015, Liuzzi dejó la Casa Rosada con esos dos departamentos lujosos, un spa en ese mismo barrio, campos en Mendoza y acciones de varias empresas. Lejos de esconder su fortuna, actualmente pasa sus días en una lujosa mansión en Marbella (España), tal como reveló Infobae en enero de este año.

El sobreseimiento de Liuzzi tiene consecuencias inmediatas sobre ese patrimonio porque también incluye el levantamiento de la inhibición general de bienes que estaba vigente desde 2017. Esa medida le impedía al ex funcionario vender sus propiedades en el país.

La causa por enriquecimiento ilícito arrancó en 2012 a partir de una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans. El ex juez Oyarbide archivó el expediente pero dejó una puerta abierta. En 2014, luego del escándalo de la llamada telefónica entre el magistrado y Liuzzi, el entonces fiscal Patricio Evers pidió que se desarchivara. El caso pasó al juez Luis Rodríguez, que lo sobreseyó en tiempo récord.

El fiscal Ramiro González no apeló ese fallo pero la Sala II de la Cámara Federal anuló todo y lo apartó del expediente. Desde entonces quedó en el juzgado de Martínez De Giorgi.

Rodríguez ya había sobreseído a Liuzzi en dos causas. Primero por el llamado al juez Norberto Oyarbide para frenar un allanamiento en la financiera Propyme, de Carlos Greppi. Y luego en la causa investigaba los millonarios contratos que le otorgó a la consultora ADCONSA, de Guillermo Benvenuto.

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