La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentó hoy un amparo en la justicia civil para que se le ordene al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, “dar cumplimiento con su obligación legal de garantizar la seguridad pública” en las inmediaciones del domicilio de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, por las manifestaciones diarias que se realizan en el barrio de Recoleta desde la semana pasada.
Carrió señaló en su amparo al que accedió Infobae que con esas manifestaciones están “siendo vulnerados los derechos a circular, a la salud, a la integridad física y psicológica, al ambiente, a comerciar libremente, a trabajar y el derecho de propiedad” de los vecinos del barrio.
La ex diputada dijo que es una de las víctimas de lo que está ocurriendo. “Soy la Directora Académica y profesora del Instituto de Formación Cultural y Política Hannah Arendt y en tal condición, me veo privada de circular, dar clases y de mi fuente de ingresos”, señaló. El instituto queda en la calle Vicente López 1649, a dos cuadras y media de la casa de Cristina Kirchner.
“La conducta omisiva de las autoridades nacionales en la obligación de garantizar la seguridad publica en el territorio afectado lesiona nuestros derechos amparados constitucionalmente, conforme se expuso precedentemente y se describirá en la exposición de los hechos”, señaló.
Tras el pedido de condena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que hizo el fiscal federal Diego Luciani en el juicio por la obra pública, Cristina Kirchner comenzó a recibir muestras de apoyo en la puerta de su domicilio de parte de militantes del Frente de Todos. El sábado pasado el gobierno de la ciudad valló la zona para que no pudieran llegar al lugar para garantizar la tranquilidad de los vecinos después de cuatro días de batucadas, cánticos y fuegos artificiales.
Pero la reacción del gobierno fue la de sumar más gente y generó una tensión política entre el oficialismo y la oposición.
Carrió en su amparo (que quedó a cargo de la jueza civil Alejandra Abrevaya) señaló que “todo ello conlleva la grave alteración de nuestra vidas, para algunas personas afectadas ha significado hasta la necesidad de tener que irse temporalmente de sus hogares, ello al haber sido perturbado el ritmo de nuestras vidas. “Los terceros afectados que represento son adultos mayores, comerciantes, personas con discapacidad, o como en mi caso que soy la Directora Académica y profesora del Instituto de Formación Cultural y Política Hannah Arendt y en tal condición me veo privada de circular, dar clases y de mi fuente de ingresos; en definitiva, sujetos cuyos derechos se encuentran vulnerados debido al estado de indefensión actual e inminente”, agregó.
Por esos hechos el juez de la ciudad Roberto Gallardo, ante presentaciones de legisladores del Frente de Todos de la ciudad, le ordenó al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que “cese en forma inmediata la ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia de la persona, familia y/o domicilio de la Señora Vice Presidenta de la Nación” ya que esa tarea corresponde a las fuerzas federales.
El gobierno porteño recusó a Gallardo para seguir interviniendo en la causa judicial y Rodríguez Larreta adelantó que no cumplirá el fallo y que seguirá brindando seguridad a los vecinos de Recoleta. Ahora su suma el amparo de Carrió.
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