
Cristina Kirchner resumió mejor que nadie el sentido político de su defensa frente al pedido de condena por la causa Vialidad. Fueron, básicamente, dos puntos. El primero: dio una vuelta de tuerca con la consigna de la “persecución política”, ya no como una cuestión personal o de su espacio, sino del peronismo en conjunto. El segundo: armó una nueva apuesta a la grieta, con el macrismo como enemigo, además de medios y jueces. En ese último renglón, recreó como “descargo” el intento de colocar la corrupción en la otra vereda, o de igualar a todos en el barro.
El pedido de la fiscalía aceleró el alineamiento interno -apenas con algunos matices- frente a un tema socialmente sensible, sobre todo en el marco de la crisis económica. Y proyecta una escalada con vistas al alegato de la ex presidente, en septiembre, y a la sentencia del Tribunal Oral Federal, tal vez en noviembre. Dicho de otra forma: tiñe la gestión con su más que complicado frente judicial. Convierte sus causas en una cuestión de Gobierno. Y dispara otra vez especulaciones sobre alguna medida extrema y fuera de lugar y tiempo por parte del Ejecutivo.
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Por lo pronto, asoma como un problema serio para el Gobierno. Es un posible efecto que venía inquietando al reducido círculo de Olivos y a la nueva gestión de Economía, aunque con la mirada puesta en la sentencia y no en el pedido de condena. Como sea, resta espacio al principal objetivo político antes que técnico trazado por Sergio Massa: un corte para tratar de generar expectativas tras la cercanía al abismo que habían exhibido el final de Martín Guzmán y el breve paso de Silvina Batakis.
Está claro que ese movimiento del ministro de tres áreas requirió el aval de CFK, silencioso, con pretensiones de no pagar costos por el ajuste. El poder interno de la ex presidente para aprobar o rechazar quedó más nítido con el relegado lugar de Alberto Fernández. Los tiempos para designar a Gabriel Rubinstein sugerían lo mismo y lo reforzó la disculpa del nuevo funcionario por sus mensajes críticos y ácidos sobre la ex presidente.
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La reacción frente al alegato de los fiscales y el pedido de condena condensó un respaldo activo en esta etapa del proceso judicial. CFK consolidó posiciones con ese compromiso interno, precisamente en el terreno que más la perturba: la Justicia. La movida fue motorizada en principio por La Cámpora y siguieron legisladores, intendentes, algunos gobernadores, ministros, la CGT, los movimientos sociales aliados. Dato significativo: un comunicado oficial del Gobierno. La posición de Alberto Fernández ya había girado hace tiempo.

Las declaraciones, se ha dicho, giraron en torno de la consigna de la “persecución política”. Algunos buscaron rechazar el concepto de asociación ilícita y de un plan para defraudar al Estado con un concepto conocido: que no serían justiciables los actos de Gobierno sólo por sus efectos negativos o perjudiciales para el Estado, y que no necesariamente un Presidente está al tanto de todo lo que ocurre en la Administración Nacional. Resulta razonable para casos como el “Dólar futuro”, pero no en esta causa sobre el manejo del enorme volumen de obra pública y con Lázaro Báez como contratista.
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De todos modos, el camino judicial es largo y lento. Es sabido: TOF, apelaciones, Cámaras, Corte. Eso por sí solo expone que lo preocupa en esta instancia es el impacto social y las consecuencias políticas. Allí, sin vueltas, puso el foco CFK.
“Esto no es un juicio a Cristina Kirchner, es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares”, dijo como mejor síntesis de su mensaje. Descontado a esa altura el alineamiento de todo el oficialismo, la ex presidente buscó afirmar la otra pieza central de su estrategia: reponer la grieta en toda su dimensión como ejercicio, a la vez, de afirmación propia. Volvió a la carga contra el macrismo, jueces y medios.
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Asoma así un peligroso giro institucional. La ofensiva en el frente judicial dejaba de ser definitivamente un ejercicio restringido al kirchnerismo. El oficialismo en bloque asumió sin vueltas esa posición. Un mensaje completo desde el poder político. Es un interrogante qué traducción práctica puede tener por parte del Ejecutivo y del Congreso, aunque constituye un elemento de presión, más allá de los efectos reales por las limitaciones propias, la crisis económica y el agotamiento social.
En la práctica, refuerza además las contradicciones en los gestos destinados al plano externo. Hay cierta continuidad al menos en ese punto en la agenda que tuvo durante más de dos años Guzmán y la que alcanzó a cumplir en pocos días Batakis. Se trata de los vínculos con el FMI y con Washington. Eso explica también el primer viaje internacional de Massa como ministro.
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Los contactos en esos viajes, y los más reservados, incluyeron por lo general preguntas sobre el estado de cosas en la interna del oficialismo, es decir, sobre los equilibrios o desequilibrios entre CFK y Alberto Fernández. La llegada de Massa al Gabinete corrió el foco o, si se prefiere, lo amplió de manera evidente. Los hechos de estas horas seguramente agreguen interrogantes.
La ex presidente no desplegó respuestas punto por punto a los planteos de los fiscales. Fue por otro camino. El despliegue de lectura y exposición de diálogos sostenidos por José López apuntó no sólo a los fiscales, sino a descargar sospechas -y acusaciones, finalmente- sobre un puñado de empresarios, en particular Nicolás Caputo, amigo de Mauricio Macri.
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La ex presidente exhibió transcripciones de conversaciones sostenidas por el ex secretario, famoso por el revoleo de bolsos con dólares pero de extensa trayectoria en las tres gestiones del kirchnerismo. Todos los registros llevan fecha entre 2013 y 2015. Es decir, su segunda presidencia. Al supuesto desconocimiento de esos hechos en tiempo real, agregó una conclusión: los bolsos de López contenían dólares entregados por el macrismo.
Fue quizá el momento más llamativo, en todo sentido, junto con una alusión a Néstor Kirchner. CFK cerraba de ese modo el discurso de grieta y ofensiva en el plano judicial. Y lo hacía jugando la postal sin fisuras que, al menos en este terreno, muestra el oficialismo. Un giro político fuerte, un síntoma potente de ensimismamiento.
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