Finalmente, el Gobierno nacional pondrá hoy en marcha el proceso para auditar la efectividad del programa Potenciar Trabajo e incluirá a los intendentes del conurbano en el esquema. Esta tarde, jefes comunales de la Primera y Tercera sección electoral se reunirán con el ministro de Desarrollo de la Nación, Juan Zabaleta. Fueron convocados para las 15 horas y se trata tanto de dirigentes del oficialismo como de la oposición. La administración nacional busca saber qué hace el beneficiario del programa y cuál es “la actividad socio comunitaria de la que toma parte”, según había marcado el propio Zabaleta.
Sin embargo, el trasfondo político aparece cruzado. Por un lado, los intendentes vienen sosteniendo la necesidad de un traspaso del control de los planes a los municipios. Incluso, Cristina Kirchner advirtió sobre esta necesidad en sus últimos discursos públicos. Durante un acto en Avellaneda, el pasado 20 de junio, la vicepresidenta aseguró que el Estado debía tener el monopolio de los planes sociales. “Debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas. Así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza, ¿o se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la policía? El Estado debe recuperar ese rol y transparentar ante la opinión pública todo esto”.
Los dichos de Cristina Kirchner habían calado fuerte en la interna del Frente de Todos: las organizaciones sociales más afines al presidente Alberto Fernández salieron a cuestionar los dichos de la ex mandataria. Pero, tras casi dos meses, se inicia la auditoría.
El nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, también respalda este proceso de revisión del Potenciar Trabajo. Lo anunció en su primera conferencia de prensa tras asumir el cargo. “El 15 de agosto el Ministerio de Desarrollo Social empieza una auditoría que realizarán las universidades. Quién no cumpla, recibirá la suspensión del plan”. El objetivo final es la conversión de planes en trabajo formal. Massa dio algunas pistas tras su jura al detallar que “en el caso de aquellos planes que se incorporen al mercado de trabajo vamos a habilitar un mecanismo por el cuál aquel que tiene un plan e ingresa a una empresa, mantiene durante un año ese ingreso como base, el empleador paga la diferencia de ese salario de convenio más la ART y la Obras Social”.
Pero quienes se muestran reticentes a esta avanzada que encarna el Gobierno -y que se potenció con la llegada de Massa al Gabinete- son las organizaciones sociales. La semana pasada, durante la marcha por San Cayetano, los movimientos sociales más afines al gobierno hicieron una demostración de fuerza con un contundente acto que tuvo su epicentro en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Allí, el secretario general de la Unión Trabajadores de la Economía Popular, Esteban “Gringo” Castro, advirtió: “Se pusieron de acuerdo y ahora tenemos nuevo ministro de Economía. Que nos vengan a auditar de las universidades, van a terminar militando con nosotros”.
Además le exigieron al presidente Alberto Fernández la creación del ministerio de la Economía Popular y le pidieron que se tomen medidas “ que favorezcan a los sectores más desprotegidos”.
El Ministerio de Desarrollo Social diseñará operativos por etapas en todo el país. Este viernes, Zabaleta junto a su vice, Gustavo Aguilera, y el titular de la Unidad Ejecutora del Programa Potenciar Trabajo, Pablo País, se juntarán con intendentes tanto del oficialismo como de la oposición.
Como explicó Infobae, el objetivo será discutir el diseño operativo del plan que incluirá convocatorias a los beneficiarios, que tras ser llamados deberán concurrir a los lugares que se definan para ser encuestados por estudiantes universitarios que estarán a cargo de completar un formulario digital que tendrá información sociodemográfica y datos sobre las actividades que realizan dentro y fuera del programa.
La lista incluye preguntas sobre situación habitacional, socio educativa, y se consultará puntualmente por la unidad de gestión a la que reportan, que pueden ser gobiernos municipales o provinciales pero también organizaciones sociales, asociaciones civiles o cooperativas, que ofician como responsables de constatar la participación del beneficiario en el programa.
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