Massa apuesta a que se levante la marcha del 17 de agosto, mientras la CGT presiona por las obras sociales

La Confederación General del Trabajo (CGT) atraviesa un dilema complejo: Sergio Massa, a quien respalda en forma unánime y entusiasta, prefiere que se levante la marcha del 17 de agosto, que acaba de ser ratificada por la mesa chica cegetista en medio de diferencias sobre su realización.

Pero, además, la central obrera ya le hizo saber al flamante ministro de Economía su malestar por la falta de respuestas del Gobierno en una cuestión clave: se sigue demorando un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) mediante el cual las obras sociales traspasarán al Estado el valor de las prestaciones por discapacidad en los rubros de transporte y educación, uno de los rubros más costosos para el sistema sindical de salud y que agrava su déficit financiero.

Para colmo, el Gobierno profundizó los problemas de las obras sociales luego de que la Agencia Nacional de Discapacidad, que depende de la Secretaría General de la Presidencia, dispuso el martes pasado un aumento del 25% en los aranceles de las prestaciones básicas del sector.

El déficit del sistema sindical de salud aumentó mucho más que lo previsto por la fuerte incidencia que tienen las prestaciones por discapacidad (rehabilitación, tratamientos, educación y transporte), que representaban el 50% de la recaudación del Fondo Solidario de Redistribución (FDS), el corazón del sistema de obras sociales, que se nutre del aporte de trabajadores y contribuciones patronales para financiar los reintegros de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos.

Para las obras sociales, pagar lo relacionado con la educación y el transporte de sus afiliados con discapacidad equivalía hasta ahora a unos 8000 millones de pesos mensuales. Desde el incremento resuelto hace dos días, alcanzará los 10.000 millones de pesos mensuales y unos 100.000 millones de pesos anuales. Y si ese rubro representaba antes el 50% de la recaudación del FDS, en la CGT estiman que ahora llegará al 71%. A este ritmo, el sistema de obras sociales terminará este año con un déficit financiero muy superior a los 50.000 millones de pesos que se preveían.

El tema surgió en la reunión del martes pasado entre dirigentes de la CGT y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, a quien acompañó el albertista Juan Manuel Olmos, actual vicejefe de Gabinete, que era jefe de asesores de la Presidencia y el encargado político de las tratativas sobre las obras sociales con el sindicalismo. El funcionario prometió que iba a apurar el trámite del DNU, que tuvo que ser frenado hace quince días porque la central obrera detectó gruesos errores en su redacción. La promesa de Alberto Fernández a la CGT en solucionar este problema ya cumplió 8 largos meses.

Ahora, la dirigencia cegetista apuesta a que Massa destrabe el DNU que aliviaría el déficit financiero de las obras sociales. La duda que crece en la central obrera es obvia: ¿avalará el ministro de Economía una decisión que comprometerá su objetivo de reducir el déficit fiscal? Algunos sindicalistas creen que la mejor manera de presionar al Gobierno -incluso a su nuevo ministro-para que dicte el DNU es garantizando la presencia de los trabajadores en la calle el 17 de agosto.

Para congraciarse de entrada con el sindicalismo, de todas formas, Massa anunció en su primera conferencia de prensa como ministro que se “enfocará en el estudio de la modificación de las asignaciones familiares”. Precisamente, la universalización del salario familiar es un reclamo que hizo públicamente Pablo Moyano (Camioneros), uno de los cotitulares cegetistas. Jugar esa carta le permitirá a Massa no sólo un beneficio a muchos trabajadores en medio de la crisis, sino también poner de su lado a un dirigente más cercano a Cristina Kirchner como el hijo de Hugo Moyano.

Hay otro tema que puede ocasionar chispazos entre Massa y la CGT: motorizado por Cristina Kirchner, el Ministerio de Economía analizaba la posibilidad de otorgar un aumento de suma fija a todos los trabajadores para compensar el alza de la inflación. Los sindicalistas lo rechazan porque ese tipo de incrementos “achata las categorías salariales” y advirtieron que cualquier recomposición de los sueldos debe ser pactada dentro del mecanismo de las paritarias.

Por eso en el equipo de Massa ya no hablan de una suma fija sino de un “bono antiinflacionario” de emergencia, con la idea de que se pague por única vez como una gratificación, y, además, aclaran que el tema deberá ser acordado en la reunión que el nuevo ministro de Economía mantendrá el jueves próximo con representantes de la CGT y de la Unión Industrial Argentina (UIA) para buscar “un mecanismo que permita recuperar ingresos en trabajadores del sector privado”.

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