El juez federal Daniel Rafecas archivó la causa iniciada por el hermano de Santiago Maldonado, Sergio, quien había denunciado haber sido objeto de espionaje ilegal por parte de la Gendarmería durante el macrismo.
La denuncia, impulsada en 2017, incluía entre las supuestas víctimas de espionaje a los integrantes del CEPRODH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos); los miembros de la APDH–Chubut Noroeste; integrantes de otros organismos de Derechos Humanos cuyos referentes habrían permanecido constantemente en la provincia de Chubut; e integrantes de comunidades originarias que participaban de la búsqueda de Maldonado.
Durante la investigación, Sergio Maldonado declaró como testigo y denunció que sufrió episodios de espionaje ilegal en tres oportunidades en tres hoteles de la provincia de Río Negro. En tanto, Matías Aufieri, miembro de CEPRODH, denunció que sufrió un episodio de espionaje en la provincia de Río Negro.
Rafecas pidió informes a particulares, empresas privadas y organismos públicos (AFIP, Ministerios, Secretarías y otros organismos del Estado, que fueron contestados durante este gobierno), y ordenó el análisis de los teléfonos celulares de los miembros de los escuadrones de la Gendarmería Nacional sospechados.
“Las pruebas recolectadas durante la pesquisa no revelaron ninguna investigación ni seguimiento, ni observaciones, ni grabaciones de comunicaciones ni intervenciones telefónicas ni de ningún tipo de quienes dieran inicio a esta causa, como así tampoco de personas integrantes de organismos de derechos humanos, ni de familiares de Santiago Andrés Maldonado, ni de miembros de comunidades originarias que participaban de su búsqueda, ni de cualquier otra persona más”, sostuvo el juez Rafecas en un fallo de casi 100 páginas al que tuvo acceso Infobae.
Además, el juez concluyó que la actividad de la Gendarmería Nacional no se vinculó con supuestos “seguimientos” o “espionaje”, sino con el cumplimiento de tareas de prevención frente a hechos de violencia. “Tales documentos -dice la resolución- sólo revelan la adopción de mecanismos de prevención por parte de Gendarmería Nacional, con el objeto de proteger sus unidades operativas en un contexto de crispación social que culminó, en algunos casos, con incendios y situaciones de violencia tales como los episodios ocurridos en el Escuadrón N° 35″ y en el domicilio particular de un miembro de la Gendarmería.
La causa había sido iniciada en octubre de 2017 con pruebas surgidas del expediente que investigaba la desaparición de Santiago Maldonado.
Originalmente, la denuncia había sido presentada originalmente ante el juez Sebastián Casanello en el marco de la causa que Myriam Bregman seguía contra la Gendarmería por el llamado “Proyecto X”, un supuesto sistema de espionaje montado por la Gendarmería para perseguir las protestas sociales en el Gran Buenos Aires. Casanello se desprendió de la causa al sostener que la denuncia no tenía relación con el Proyecto X y así el expediente cayó por sorteo en el juzgado a cargo de su colega Daniel Rafecas.
“Presentamos documentación que prueba que Gonzalo Cané, funcionario enviado por Patricia Bullrich, se presenta en causas judiciales que existen a partir de la desaparición de Santiago y, argumentando mantener el ‘secreto y la confidencialidad que requiere la información concerniente a la seguridad interior’, pide que se limite la inspección de celulares, computadoras y otros dispositivos secuestrados a integrantes de la Gendarmería para que se mantenga en estricta reserva el contenido de la información que se encuentra en esas fuentes, con el claro objetivo de que no se conozca el espionaje ilegal que realizan sobre la familia y los organismos”, había dicho la abogada Bregman al presentar la denuncia.
Casi cinco años después, Rafecas sobreseyó a Gonzalo Cané y Fabián Arturo Méndez, dos ex funcionarios que estaban imputados pero nunca fueron citados a indagatoria.
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