La investigación judicial sobre el avión venezolano-iraní tomó nuevo impulso a partir del requerimiento de la fiscal Cecilia Incardona, quien anoche pidió investigar al piloto iraní Gholamreza Ghasemi y al resto de los tripulantes con posibles actividades de terrorismo internacional. Con semejante acusación, el juez Federico Villena mantendrá la prohibición de salida del país para todos los tripulantes y seguirá reteniendo el avión de Emtrasur. Además, enviará un exhorto al gobierno de Estados Unidos para ampliar el contenido del informe del FBI, tal como pidió la fiscal.
Incardona sostuvo que el informe del FBI no puede ser tomado como una medida de prueba porque se trata de un informe de inteligencia: “El citado documento, dice expresamente que, sin autorización expresa del FBI en una comunicación separada, la información allí consignada sólo puede ser utilizada para inteligencia”. No obstante, le dio entidad para ampliar su acusación contra el piloto. “Se trata, en todo caso, de información relevante que, aún sin constituir un elemento de prueba de cargo, constituye un indicio vehemente que merece mayor indagación”, destacó la fiscal sobre el documento del FBI.
Ese documento confirmó la vinculación directa del piloto Gholamreza Ghasemi con las Fuerzas Quds, la división de la Guardia Revolucionaria iraní especializada en operaciones de inteligencia, y con Hezbollah. “Gholamreza Ghasemi es CEO y miembro del Consejo de Administración de Fars Air Qeshm. Además de su posición, Ghasemi también es piloto”, sostuvo el FBI.
Como no se puede utilizar como prueba en el expediente judicial, la fiscal le pidió al juez que mande un exhorto al gobierno de Estados Unidos “para que se amplíe lo ya informado y ese Estado manifieste si el señor Gholamreza Ghasemi resulta formalmente investigado en algún proceso en ese país y, en su caso, si se adoptó alguna medida restrictiva de su libre circulación”. También solicitó que se aclare “si pesa o no un embargo o restricción formal sobre la aeronave Boeing 747-300(M), matrícula YV3531″.
Villena, según pudo saber Infobae, activará esa medida de prueba.
El juez ya mandó exhortos a Venezuela, Paraguay, Uruguay, y México para conocer más detalles de los tripulantes, del avión de Emtrasur, y sobre la carga que transportaba. Esos trámites demorarán varios días porque implican un trámite burocrático a través de la Cancillería.
En su requerimiento, Incardona también pidió que se incorpore, cuanto antes, el estudio sobre las “cajas negras” del avión y que se libre un oficio a Migraciones “para que informe con carácter urgente si existió alguna comunicación entre esa Dirección y Emtrasur tendiente a aclarar el diferendo entre la planilla de declaración jurada y el tripulante que, efectivamente, arribó a Buenos Aires”.
La investigación hasta ahora se concentró en los antecedentes de la tripulación y del avión, pero descuidó la información sobre la carga que llegó desde México a pedido de la empresa SAS Automotriz. Esa firma comercializa asientos y panel de instrumentos para el Volkswagen Taos que se produce en la planta de General Pacheco. Ante el escándalo, SAS responsabilizó a Fracht, una empresa de logística con sede en Suiza y sucursales en 40 países.
Pero la empresa de logística decidió echarle la culpa a Aerocharter México.
Ahora, la fiscal Incardona le pidió al juez que ordene un peritaje “para determinar si se condice la mercadería declarada con el costo del viaje, costo de la tripulación, estipulación genérica de los honorarios o sueldos de los participantes en la operación comercial de aeronavegación de transporte de carga”.
Otra prueba clave para la causa son los celulares y las tablets secuestradas a la tripulación. Los informes preliminares hasta ahora no arrojaron pruebas contundentes para el expediente. Pero hay aparatos que no se pudieron abrir porque no facilitaron las claves. En su dictamen, la fiscal destacó un Ipad, encontrado en la habitación 309 del hotel de Canning, ocupada por Abdolbaset Mohammadi, y pidió que se utilice una herramienta forense de la firma israelí Cellebrite.
Se trata de un sofisticado equipo de desbloqueo que adquirió el Gobierno nacional en octubre de 2019, cuando todavía estaba a cargo del ministerio de Seguridad Patricia Bullrich. Ese mismo equipo se utilizó para abrir los celulares de Roberto Baratta o del ex secretario de Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez.
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