Una auditoría oficial concluyó que el Gobierno de Macri gastó casi 14 millones de euros en aviones que no estaban en condiciones de volar

Una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) concluyó que el Gobierno de Mauricio Macri gastó casi 14 millones de euros en aviones para el Ministerio de Defensa que no estaban en condiciones de volar.

El documento de 35 páginas plasmó el análisis de la gestión de compras llevadas a cabo por la cartera de Defensa, en el período 2016-2019, bajo la gestión de Oscar Aguad. En este marco, fueron seleccionados los convenios celebrados con el gobierno de Francia para la adquisición, por parte del Estado Mayor General de la Armada, de cinco (5) aeronaves de combate SEM (Súper Étendard Modernisé) y de cuatro (4) buques patrulleros oceánicos multipropósito OPV (Offshore Patrol Vessel).

En el caso de las aeronaves, el informe de la SIGEN señala que “no se encontraban en condiciones de vuelo y su potencial restante ya era bastante débil”. Incluso, “la Marina Francesa había dejado de utilizarlas”, se enfatizó.

El SEM es un cazabombardero de origen francés con capacidad para operar desde portaaviones que fue lanzado a finales de los ochenta. Con la adquisición de cinco de ellos, la Armada pretendía incrementar el adiestramiento de pilotos en 300 horas de vuelo anuales, evitando el éxodo de los mismos a la actividad aerocomercial y recuperar capacidad aeronaval. Sin embargo, de la auditoría de la SIGEN se desprende que funcionarios con poder de decisión final en las compras desatendieron informes técnicos preliminares de la Armada que advertían sobre el estado de las mismas. En las evaluaciones técnicas se había especificado que, previo a la compra, resultaba “esencial” la obtención de “elementos críticos” para asegurar el funcionamiento de las aeronaves, tales como la pirotecnia de los asientos eyectables y cabina, y el desarrollo de una inspección de los accesorios de oxígeno.

En ese sentido se sugirió analizar que varios de esos repuestos esenciales tenían origen inglés, por lo que resultaba necesario tener en cuenta la imposibilidad de adquirirlos ya que, desde 1982, el Reino Unido no vende armamentos militares a nuestro país.

Entre las “falencias” que surgen del análisis, se señaló además el “incumplimiento de plazos para la puesta operativa de los aviones; inexistencia de análisis técnicos y financieros previos que determinen etapas y actividades necesarias para poner a las cinco aeronaves en condiciones de vuelo”.

“Dichas falencias traen como consecuencia que las aeronaves no se encuentren en condiciones de prestar servicio, llevando 29 meses (a la fecha del relevamiento: octubre de 2021) sin estar operativas desde el momento de su recepción”, se concluyó.

Pese a todo lo mencionado, el ministro Aguad procedió la compra a Francia “acompañadas con su documentación de seguimiento técnico junto a un lote de piezas de recambio, bancos de prueba, valijas de prueba, equipos de misión, herramientas y un simulador de vuelo”. El precio definitivo de transferencia de todos los materiales –aviones y elementos complementarios- fue de € 12.550.000, efectuado en una única transferencia bancaria.

El Gobierno Nacional asumió todos los gastos de retiro, transporte y estacionamiento de los materiales transferidos. Para eso, a través de la Licitación Privada N° 005/17, se tramitó el servicio de transporte puerta a puerta de los cinco aviones más todos los complementos por un total de € 1.346.255, totalizando una cifra cercana a los €14.000.000.

En tanto, con respecto a los cuatro Patrulleros Oceánicos Multipropósito - OPV “se ha verificado que los expedientes no contaban con toda la documentación requerida que fundamente una adecuada toma de decisiones”. En ese sentido, se ha observado la “falta de la solicitud de desembolso, la falta de comprobantes de pago y la falta de documentación que acredite la efectiva entrega de los OPV en condición ‘Listo para Operar’”.

A tal efecto, en la auditoría se planteó la necesidad de ”establecer, que las áreas intervinientes que participan en las contrataciones, cumplan de manera apropiada con la normativa vigente, con el fin de que todo el proceso desde la solicitud hasta la finalización del contrato se encuentre respaldado con la documentación e información oportuna y necesaria para un adecuado control y seguimiento del mismo, generando mayor transparencia en el proceso que nos ocupa”.

El informe que elaboró la SIGEN fue remitido la Oficina Anticorrupción “para el eventual inicio de acciones”.

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