Alberto Fernández evalúa pedir un crédito para pagar la donación de $1,6 millón por la Fiesta en Olivos

Antes de subirse al avión que lo llevó a Europa, Alberto Fernández habló con sus abogados y activó la estrategia para cerrar la causa judicial por la Fiesta en Olivos: ofreció donar $1.600.000 para el sistema de salud público. La decisión estaba tomada hace mucho tiempo: faltaba elegir el momento y pulir la cifra final. Si no hay sorpresas, en pocos días deberá transferir el dinero a una cuenta bancaria. A eso habría que sumarle la donación ofrecida por Fabiola Yañez, que no tiene ingresos como Primera Dama. En total son $3 millones para un presidente que declaró tener un patrimonio de poco más de $5 millones. ¿De dónde saldrá el dinero? Según pudo saber Infobae, el Presidente evalúa pedir un crédito, aunque no es la única opción.

La causa judicial arrancó en Comodoro Py pero al poco tiempo saltó a la Justicia federal de San Isidro, donde hubo un tironeo entre dos jueces. Para ese entonces, Alberto Fernández ya había recibido su primera imputación como Presidente por violar los decretos que él mismo había firmado. Fue el 26 de agosto del año pasado. Ese mismo día, en una jugada sincronizada, el Presidente se presentó en la causa y pidió su sobreseimiento por “inexistencia de delito”. La estrategia fracasó rotundamente.

A partir de ese momento, el objetivo de los abogados que asesoran al Presidente fue esquivar su indagatoria y la de la primera dama. El plan comenzó a gestarse antes de fines del año pasado. Luego de la feria judicial, la estilista de Yañez, Carolina Marafioti, a través de su abogado, Alejandro Rúa, ofreció una donación de $200 mil pesos. El “globo de ensayo” tuvo el acuerdo del fiscal Fernando Dominguez y abrió la puerta para la segunda etapa del plan.

El mes pasado se sumaron otros tres protagonistas del cumpleaños de Yañez: el actor y modelo Fernando Consagra junto a su pareja Emmanuel López ofrecieron $150 mil cada uno para ser sobreseídos, y Santiago Basavilbaso, que se fue a vivir a Barcelona (España), propuso donar $220 mil. Inesperadamente, el fiscal rechazó los montos ofrecidos.

A partir de ese momento, varios de los abogados que figuran en la causa desfilaron por su despacho para intentar llegar a un acuerdo. En representación del Presidente, fueron los dos abogados designados, Marcelo Antonio Sgro y Fabián Musso.

El monto de la donación se fue modificando hasta llegar a $1,6 millón, muy por encima del primer ofrecimiento que había hecho el Presidente en agosto del año pasado, cuando propuso donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán. “El Ahora 4″, lo bautizó el abogado Mauricio D’Alessandro, que defiende a una de las imputadas. En ese momento, representaban unos $630 mil. Ahora, sería casi $1 millón tomando un sueldo aproximado de $470 mil.

Como el Código Penal no prevé ningún parámetro, se tuvo como referencia un informe del Ministerio de Salud de la Nación sobre el costo de los respiradores contra el COVID-19. “La cifra variaba entre 6 mil y 11 mil dólares”, explicó una fuente judicial.

La donación en realidad es una reparación económica prevista en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal. De esa manera, se evita la indagatoria por violar las restricciones a la circulación que él mismo había firmado.

“La mayoría de las causas que tramitaron en San Isidro por el artículo 205 terminaron de esa manera. No hay ningún privilegio para el Presidente ni para la primera dama. Es lo que contempla la ley”, respondió esta semana en una entrevista radial Juan Pablo Fioribello, que defiende a Yañez junto a su socio Mariano Lizardo.

En el caso de la Primera Dama, el monto de la reparación fue más complejo porque no cobra un sueldo fijo. Se llegó a un acuerdo para avanzar con 1,4 millón, un escalón por debajo del Presidente. ¿Quién la pagará?. La presentación ante el fiscal Dominguez solo habla de una “ayuda económica familiar”. En los hechos, deberá hacerse cargo el Presidente.

De esa manera, se trata de una donación total de $3 millones. Aunque se llegue a un acuerdo para pagarlo en cuotas, se trata de una suma que debe estar justificada en el patrimonio de Alberto Fernández.

Según su última declaración jurada, correspondiente al 2020, el Presidente tenía un patrimonio total de $5,7 millones, sumando todos sus bienes. Sin mayores ahorros, declaró apenas $13.362 de dinero en efectivo y bienes del hogar por $223.360.

La donaciones ofrecidas esta semana representan casi la mitad de ese patrimonio declarado. Por eso surgió la posibilidad de conseguir un crédito. Otra opción sería vender algún bien a su nombre, pero eso llevaría mucho más tiempo. En la presentación que hizo ante el fiscal, según pudo saber Infobae, el Presidente se comprometió a depositar la donación dentro de los diez días hábiles posteriores a la homologación del acuerdo.

Con las presentaciones realizadas esta semana, ahora la decisión está en manos del fiscal. Al final de esta semana, el abogado Alejandro Sarubbi Benitez, el mismo que denunció la Fiesta en Olivos ante la Justicia de San Isidro, le pidió al fiscal que rechace el acuerdo. “El ofrecido es dinero obtenido de la función pública, y resulta por demás irrazonable que se ofrezcan a reparar económicamente sus delitos con dinero obtenido del bolsillo de los propios damnificados”, sostuvo.

Sin embargo, ya hubo un acuerdo de palabra con los abogados y el desenlace estaría sellado.

Con la aprobación del fiscal, solo restaría que el juez Lino Mirabelli homologue el acuerdo y decida qué hospital público recibirá el dinero. Unas horas después, el Presidente y la primera dama quedarán sobreseídos por unos de los mayores escándalos de su gestión.

En el caso de Consagra, Emmanuel López y Basavilbaso, esta semana actualizaron sus propuestas y ofrecieron montos cercanos a los $250 mil. Para justificarlo tuvieron que presentar declaraciones juradas y hasta contratos de alquiler. No ocurrió lo mismo con Alberto Fernández ni con la primera dama.

El resto de los imputados todavía no hicieron una presentación. En el caso del colorista Federico Abraham, sus abogados, el ex camarista federal Jorge Ballestero y Pablo Slonimsqui, harán un ofrecimiento en los próximos días, pudo saber este medio. En cambio, el abogado de Stefanía Dominguez, Mauricio D’Alessandro, seguirá batallando en Tribunales para intentar conseguir una declaración de inconstitucionalidad de los decretos firmados por el Presidente. El resto de los imputados son defendidos por el estudio de Fernando Burlando. Si no hacen un ofrecimiento en los próximos días, podrían terminar yendo a indagatoria.

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