La Justicia ordenó un operativo en el Ministerio de Defensa por el retraso en apelar un fallo que cedió tierras del Ejército a una comunidad mapuche

El juez federal Daniel Rafecas ordenó este viernes un operativo en el Ministerio de Defensa para buscar los originales del expediente por el cual el ministerio de Defensa se retrasó en apelar un fallo de primera instancia que ordenó al Ejército entregarle 180 hectáreas ubicada en las afueras de Bariloche a una comunidad mapuche.

Según informó el Ministerio de Defensa a través de un comunicado, se trató una orden de presentación en el marco de una denuncia contra una abogada de la Procuración del Tesoro, Silvia Vázquez, que oficia como letrada del Estado en la causa que involucra tierras bajo custodia del Ejército Argentino.

El operativo, pedido por el fiscal Carlos Stornelli, estuvo a cargo de la Prefectura Naval. “Ante este pedido, las áreas jurídicas del Ministerio y del Ejército se pusieron a entera disposición de la Fiscalía y presentaron toda la documentación solicitada”, detalló el comunicado.

Por el retraso en la apelación varios diputados de Juntos por el Cambio presentaron una denuncia contra la asesora letrada y sus jefes. “Quien actuara en representación del Ministerio de Defensa de la Nación y del Estado Mayor del Ejército Argentino incurrió en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato, contemplados en los artículos 248 y 271 del Código Penal. y los que pudieren surgir de la investigación”, sostuvo la presentación judicial encabezada por el diputado Gerardo Milman.

El recurso extraordinario para elevar a la Corte el caso fue presentado ante la Cámara Federal de Apelaciones, con asiento en General Roca, cuyos jueces habían rechazado la apelación de primera instancia por considerarla “extemporánea”.

La institución castrense, en su defensa, aseguró que la presentación anterior se realizó “en su debido momento”, aunque la misma fue rechazada por la Cámara de Apelaciones “por cuestiones meramente formales que no se condicen con las consecuencias que esta resolución judicial pueda ocasionar”.

Es que los jueces Mariano Roberto Lozano y Richar Fernando Gallego, integrantes de esa Cámara, objetaron el recurso aduciendo que había sido mal otorgado por la jueza Domínguez por haberse presentado cuando los plazos procesales habían expirado. En su fallo optaron por no inmiscuirse en el planteo de fondo que realizó la comunidad Millalonco Ranquehue y la sentencia de la magistrada, que ordenó otorgar en un plazo de 60 días el título de las tierras a las familias originarias, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

En el comunicado, el Ministerio de Defensa destacó que “la información pedida es pública y podría haber sido solicitada por un simple oficio”.

El espacio en litigio está ubicado a 12 kilómetros de Bariloche, en el corazón de un amplio territorio que pertenece a la institución castrense desde 1937, pero que es reivindicada por las familias Millalonco Ranquehue. Ellas habitan en la zona y aseguran que viven en ese lugar desde fines del siglo XIX, incluso “desde antes de la instalación de las tropas militares”.

El lugar limita con el Instituto Balseiro y el Centro Atómico Bariloche. De hecho, los edificios que actualmente forman parte del Centro Atómico estuvieron ocupados por unidades de artillería hasta 1950. En ese momento el espacio fue entregado, por orden del ex presidente Juan Domingo Perón, al austríaco Ronald Richter, que montaría su laboratorio en la cercana isla Huemul.

De acuerdo con la información disponible en la página web oficial del establecimiento, este es “el único centro de entrenamiento avanzado de actividades y técnicas de combate en montaña que por excelencia dispone el Ejército Argentino, y que capacita técnica y profesionalmente al personal de oficiales y suboficiales” de diversas Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales, “así como también a miembros de países amigos”.

Las familias Millalonco Ranquehue aseguran que sostienen la ocupación tradicional de las tierras desde fines del siglo XIX, incluso “desde antes de la instalación de las tropas militares”. El territorio se mantiene bajo custodia del Estado desde 1937.

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