La fiscal María del Valle Viviani pidió la prisión preventiva de los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, detenidos actualmente por realizar bloqueos a una empresa en San Nicolás. Ahora, la jueza María Eugenia Maiztegui citó a una audiencia para que la defensa de los gremialistas y la parte querellante expongan sus posiciones y definir si confirma el pedido de la fiscal.
La resolución de la fiscal fue el resultado del allanamiento que encabezó el lunes pasado en la sede central del Sindicato de Camioneros para buscar documentación sobre la presunta deuda de la empresa Distribuidora Rey, de San Pedro, que dio origen al bloqueo realizado en febrero de 2021.
La delegación nicoleña del Ministerio de Trabajo acreditó la existencia de esa deuda, pero no aportó documentación que lo avalara, por lo que la jueza le pidió al Sindicato de Camioneros de San Nicolás que la presentara. Como esta seccional explicó que había enviado esa información a la sede central del gremio, el juzgado de Maiztegui libró un oficio a la organización que lidera Moyano, pero primero no obtuvo respuesta y luego no recibió ningún detalle al respecto. Por eso la fiscal Viviani encabezó el allanamiento en el gremio para secuestrar la información correspondiente.
La fiscal habría encontrado en la sede nacional del sindicato los mismos recibos que estaban en la seccional San Nicolás de Camioneros, firmados por Cabaleyro, pero ninguna documentación que acredite que efectivamente esa deuda de la empresa era real.
Por esa protesta de Camioneros, denunciada ante la Justicia, quedaron detenidos el 8 de abril pasado Cabaleyro, el jefe de la seccional nicoleña de Camioneros, y Espíndola, sindicalista de San Pedro.
Con las pruebas obtenidas durante el procedimiento realizado en el Sindicato de Camioneros, Cabaleyro y Espíndola fueron citados el miércoles pasado por la Fiscalía para ampliar la declaración indagatoria, pero ambos se negaron a declarar.
Ahora la fiscal pidió que se les dicte la prisión preventiva por los delitos de turbación de la posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa, extorsión (que tiene una pena máxima de 10 años de cárcel), y extorsión en grado de tentativa.
“Debe evaluarse la gravedad de los delitos enrostrados y la pena en expectativa lo cual habla a las claras de un peligro concreto de fuga y de entorpecimiento para la investigación en caso de recuperar la libertad, puees quien esta decidido a cometer un delito como este, también puede asumir la actitud de sustraerse a la justicia o amedrentar como antes dijimos a los que resultan testigos, que además cuentan con claro elementos tanto de logística y medios económicos para fugarse y evadir la justicia”, sostuvo la fiscal en un dictamen de 68 carillas.
Y agregó: “Los imputados perseguían un beneficio patrimonial cuya ilegitimidad ha sido probada, toda vez que la firma Distribuidora Rey SRL no registraba deuda alguna en concepto de aporte e impositivo a la AFIP (formulario 931), tampoco poseía legitimidad para reclamar pago alguno en razón de que el Sindicato carece de facultades”.
En febrero de 2021, Cabaleyro y Espíndola protagonizaron el bloqueo a una empresa familiar de la ciudad bonaerense de San Pedro, que funciona desde 1989 y tiene 35 empleados. El dueño de esa empresa, Ricardo Rey, de 70 años, se hizo conocido cuando se viralizó un video que se filmó en medio del hostigamiento sindical y luego de una nueva inspección a su pyme realizada por el Ministerio de Trabajo bonaerense: “Me vienen a arruinar esos hijos de puta. Qué mierda se creen, no quiero más esa gente acá. No los quiero más”, dijo, entre lágrimas.
La jueza de Garantías de San Nicolás ordenó la detención de los responsables de los bloqueos sindicales a fines de marzo, aunque la misma se concretó una semana más tarde luego de que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal desestimó el pedido de eximición de prisión efectuado por los acusados.
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