Diputados del radicalismo presentaron un proyecto para exigir que el Poder Ejecutivo Nacional haga efectivo el cumplimiento del pago de las indemnizaciones a los damnificados por las explosiones en la Fábrica Militar Río Tercero ocurridas el 3 y 24 de noviembre de 1995, lo cual ya está previsto en la Ley 27.179.
El proyecto, que lleva la firma de la diputada por Córdoba Gabriela Brouwer de Koning, alude al atentado sufrido hace más de 26 años, que dejó siete muertos, más de 300 heridos e innumerables daños materiales.
Más de diez mil personas hicieron reclamos a la justicia por daños morales y psicológicos. Según los diputados opositores se trató de un atentado “intencional, programado y organizado por el propio Estado Nacional, para intentar ocultar la venta de armas ilegales a Croacia’”.
Tal como señalan en el texto del proyecto, mientras se llevaban adelante esos procesos judiciales, el Congreso de la Nación, en el año 2015, después de 20 años del atentado, sancionó la ley 27.179, que contempla el pago de las indemnizaciones. Sin embargo, para ser operativa esa norma necesita ser reglamentada por el Poder Ejecutivo Nacional.
“Después de tantos años del aberrante episodio, de la existencia de una ley sancionada por el propio Congreso y de constantes presentaciones a la Justicia Federal para que se cumpla con la ley, el Estado sigue sin hacerlo, ocasionando no sólo desazón y tristeza en los ciudadanos damnificados, sino también, provocando un perjuicio extra a los argentinos al tener que abonar una multa diaria ante su incumplimiento”, explicó Brouwer de Koning.
La iniciativa también lleva a la firma de los diputados Marcela Ántola, Danya Tavela, Martín Berhongaray, Carla Carrizo, Dolores Martínez, Victoria Tejeda, Alejandro Cacace, Pablo Cervi, Rodrigo De Loredo, Gabriela Lena, Lidia Ascárate y Alberto Asseff.
Desde el radicalismo denuncian que solo se pagaron 7 indemnizaciones de un universo de más de 10 mil damnificados, al cabo de dos años, “dilatando su cumplimiento, exigiendo documentación que no se encuentra prevista en los formularios de presentación de los certificados, objetando la validez de los poderes otorgados a los letrados apoderados, a los que el Tribunal les ha dado plena autoridad, cuestionando la validez de algunos certificados, y exigiendo que sean los damnificados los que firmen los requerimientos de pago previo al cobro, con la dificultad e imposibilidad física y económica que para muchas personas representa”.
“Muchas personas se fueron sin poder tener justicia y muchas otras crecieron a la sombra de un atentado criminal que marcó nuestras vidas para siempre. No sólo quienes habitamos Río Tercero, sino también todo un país, necesita que el Estado Nacional reconozca, resarza y pida perdón, por uno de los hechos más tristes y oscuros de nuestra historia”, concluyó Brouwer de Koning.
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