El fiscal federal Leandro Ardoy apeló en la noche del miércoles 13 la decisión del juez Daniel Alonso de dictar una precautelar que frenó la integración de dos nuevos representantes de la oposición legislativa en el Consejo de la Magistratura.
La apelación de Ardoy se basó en dos elementos: el primero es que Alonso no le corrió vista del amparo presentado por el diputado nacional Marcelo Casaretto para que el fiscal se expida sobre la competencia. El juez federal no cumplió con este requisito y, simplemente, hizo lugar a la medida precautelar solicitada por Casaretto. Recién lo notificó de que se había presentado el amparo con la suspensión ya vigente. El segundo es que en la resolución de Alonso no se cumplieron algunos requisitos del tipo de amparo que se presentó.
Ahora, el magistrado debe resolver sobre la admisibilidad de la apelación. Las opciones en este caso son dos: o lo declara admisible y lo eleva a la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná o lo rechaza. En este último caso, Ardoy iría en queja ante el Tribunal de Alzada.
El recurso de apelación ya fue recibido por Alonso, quien tendrá 48 horas para expedirse. La Cámara que deberá, en cualquier caso, rever la decisión del juez federal de primera instancia está presidida por Beatriz Aranguren e integrada por Cintia Gómez (vicepresidenta) y Mateo José Busaniche (Vocal). El legajo sumó ya 62 fojas desde que se inició hace pocos días.
La apelación de Ardoy no suspende la vigencia de la medida de Alonso, que estará vigente hasta tanto se cumpla el plazo o, en su defecto, que la Cámara defina revocarla.
Alonso dictó el martes una medida precautelar que ordenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, titular del Senado, y a Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, no integrar en la nueva composición del Consejo de la Magistratura a los dos representantes de la oposición.
Estos nuevos legisladores se sumarían a los actuales integrantes del cuerpo en orden a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que derogó en diciembre pasado la ley que regía desde 2006, otorgó 120 días al Congreso para que dicte una nueva norma y estableció que si esto no ocurría, debía reinstalarse la vigencia de la norma anterior sancionada en 1997, por lo que la composición del Consejo se ampliaría a 20 a miembros.
“El objetivo de mi amparo es que sea el Congreso de la Nación quien sancione una nueva Ley, y no se pretenda poner en vigencia una Ley ya derogada en 2006″, sostuvo Casaretto a través de su cuenta de Twitter. El problema es que el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para aprobar en Diputados el proyecto de ley que ya obtuvo media sanción del Senado.
Pese a esta decisión del juez federal de Paraná, la oposición presentó sus candidatos. La UCR propuso a la diputada santacruceña Roxana Reyes mientras que el PRO mocionó al senador cordobés Luis Juez para que se sumen a la conformación del organismo.
Alonso además dio cinco días hábiles para que Cristina Kirchner y Sergio Massa presenten un informe que, sumado al escrito de Casaretto, conformará la base sobre la que dictará una medida definitiva, ya que la suspensión actual es precaria.
Por otra parte, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires planteó a la Corte que tome una medida de acción directa y, ante una situación de “gravedad institucional manifiesta sin precedentes”, anule la resolución de Alonso.
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