La ciudad de Buenos Aires le llevó una contrapropuesta al gobierno nacional para intentar un acuerdo sobre el monto de dinero que la Nación debería transferirle a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta que servirá para financiar el traspaso de la Policía al ámbito porteño. No hubo acercamiento en las cifras, pero las negociaciones continuarán el miércoles que viene, según indicaron fuentes consultadas por Infobae desde ambos lados. A diferencia de la semana anterior, que se llegue a un entendimiento parece ahora más lejano.
El miércoles 6 de abril, el Ejecutivo había elevado una propuesta a la administración porteña con un monto, un método y una forma de actualización que ya está acordado que sea un 80% por el indicador salarial y un 20% ajustado por inflación y que será por fuera del sistema de coparticipación. Se acordará un monto fijo destinado exclusivamente a la Policía porteña.
“El problema mayor es que quieren financiar toda la seguridad porteña y no solamente lo que cuesta la Federal”, deslizaron desde el ministerio del Interior que conduce Eduardo “Wado” de Pedro, donde se realizó la quinta reunión de este tipo. Las partes involucradas en esta controversia decidieron juntarse una vez por semana desde la audiencia de conciliación que dispuso la Corte Suprema de Justicia el 10 de marzo.
CABA judicializó sus reclamos en septiembre de 2020 cuando desde el Gobierno le recortaron el monto de coparticipación que se le había otorgado durante el mandato de Mauricio Macri para pagar los costos de la fuerza de seguridad a su jurisdicción.
“La cifra que plantearon está fuera de nuestro alcance. Hoy estamos más lejos que antes. Pero seguiremos conversando”, dijeron desde Balcarce 50 después del encuentro que duró alrededor de una hora en el Salón de los Escudos de la cartera de Interior y al que calificaron como “el más áspero” de todos los que se realizaron. Por el gobierno nacional estuvieron la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, y equipos técnicos del ministerio de Economía. Por el lado de la administración porteña fueron el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; el ministro de Hacienda, Martín Mura, y el procurador general Gabriel Astarloa.
Desde la Ciudad afirman que los cálculos de Nación son erróneos porque incluyen solamente el sueldo de los efectivos policiales y no otros gastos adicionales. También argumentan que la cantidad de policías es mayor a la que toman en cuenta quienes representan a Wado de Pedro en Interior.
Aunque se niegan a precisar cifras, desde el gobierno porteño afirman que la quita de fondos que sufrieron entre 2020 y 2021 ascendió a $98.000 millones y que en 2022 ese monto se elevaría hasta los $120.000 millones anuales.
En Nación se apoyan también en las quejas que desde hace tiempo elevaron el resto de los gobernadores sobre el tema. “No se puede pagarle a la Ciudad lo mismo que a todas las fuerzas federales”, esgrimen en la Casa Rosada. Esos reclamos se volvieron a oír, por ejemplo, en la reunión del viernes pasado de 10 mandatarios provinciales del Norte Grande en Salta, donde también estuvo el jefe de Gabinete de la Nación, el tucumano Juan Manzur.
El plazo estipulado por la Corte Suprema para que se pongan de acuerdo se vence el martes 26 de abril. Quedan dos reuniones previas a ese momento, ya que se juntan todos los miércoles al mediodía. Desde ambos lados coincidieron la semana pasada en que se le podría pedir una prórroga al máximo tribunal.
Ese gesto de acuerdo es mirado de modo positivo por Nación ya que en la Casa Rosada dudaban sobre la buena voluntad de la Ciudad. Creían que estaban estirando la negociación, conscientes de que la Corte fallaría a su favor y que mantendría el monto implementado por Macri, y que en verdad solo estaban actuando para cumplir con una formalidad.
En Balcarce 50 reconocen que si se logra llegar al acuerdo sobre un monto fijo, el dinero que ya obtuvo la Ciudad no será discutido. A cambio, el gobierno porteño tampoco se pondría duro en el reclamo por el porcentaje que no le dieron en los últimos dos años, luego de que Alberto Fernández le quitó 2,1% en el decreto 735/2020.
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