
Carlos Santiago Kichner, ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal y primo del ex presidente Carlos Kirchner, pidió ir a juicio oral y público para ser juzgado por presunto enriquecimiento ilícito. Así lo solicitó personalmente en un escrito que le presentó al juez federal Julián Ercolini en el que le adelantó que no va a apelar el procesamiento que le dictó esta semana.
“Sin perjuicio de no consentir el auto de procesamiento, hemos decidido junto con mi abogado defensor no utilizar la vía recursiva, toda vez que entendemos que después de casi seis años de proceso, de los cuales dos de ellos permanecí privado de mi libertad, es la etapa del debate oral y público la mejor instancia para demostrar mi inocencia, sin que ello signifique prestar conformidad a ningún acto de este proceso”, sostuvo Kirchner en la presentación de 21 carillas que hizo con su abogado, Mariano Fragueiro Frías, y a la que accedió Infobae.
En el escrito, Kirchner le adelantó al juez que no va a apelar su procesamiento, por lo que así quedará firme, y le pidió que comience a cumplir los pasos para enviarlo a juicio oral. El ex funcionario señaló que en esa instancia “resultaría improbable que se me condene, ya que en esa etapa los errores y arbitrariedades de los instructores no pueden ser convalidados con fórmulas tan genéricas como vacías que se aplican indistintamente a todos los casos que reúnan ciertos requisitos”.
Pero el envío de Kichner a juicio no será inmediato. El juez Ercolini lo procesó a él y a su esposa Cecilia Saade como presunta testaferro y le dictó a falta de mérito a su hijo, Carlos Jorge Kirchner, que seguirá bajó investigación. Saade sí apelará su procesamiento por su participación en dos sociedades -también es defendida por Fraguerio Frías- y el fiscal federal Gerardo Pollicita puede apelar la situación del hijo. Todo será revisado por la Cámara Federal. Cuando las situaciones queden definidas, el caso podrá ser enviado a juicio oral.
Ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal de 2005 a 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Carlos Kirchner fue procesado el lunes pasado por no poder justificar 2.242.231,47 de dólares en propiedades en el país y Estados Unidos, vehículos, una embarcación y sociedades comerciales. Junto con su esposa y las sociedades comerciales la justicia estableció que el monto total del enriquecimiento ilícito fue de 5.217.381,26 de dólares mientras estuvo en la función pública. El magistrado le impuso a Kirchner un embargo de 25.500.000 de pesos sobre sus bienes.
Carlos Kirchner explicó que parte de su decisión de no apelar es por su apellido. “Tampoco puedo desconocer que mi sólo apellido despierta un interés en los medios y en sectores de la opinión pública que conspira contra la templanza y la paz que debe tener el juzgador al momento de resolver la situación de una persona sometida a un proceso penal, con toda la incertidumbre e innegable restricción de la libertad que esto comporta”, dijo y agregó que la Sala de la Cámara que debe revisar su procesamiento “podría ser merecedora de cuestionamientos relativos a su ausencia de imparcialidad, cuestión que implicaría prolongar aún más en el tiempo el trámite de este proceso”.
Se trata de la Sala I de la Cámara, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. Los tres son criticados por el kirchnerismo, incluso fueron denunciados, por su intervención en otras causas. Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri a ese tribunal, lo que generó una disputa judicial en la que la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en contra de los magistrados.
En su presentación, Kirchner hizo críticas a la investigación. Dijo que no se aceptó su pedido de hacer una pericia contable, objetó los valores que se les dieron a algunos bienes y del análisis de la documentación que se hizo ya que sostuvo parte de los bienes que fueron considerados ilícitos los tiene desde antes de ingresar a la función pública.
“Tengo claro que, en lo sucesivo, otro Tribunal será el que verifique y clarifique las actuaciones de esta investigación con la objetividad de quien resuelve sobre la actividad procesal llevada a cabo por otro. Son justamente los Magistrados del juicio oral quien en definitiva decidirán sobre la validez de una imputación que adolece de los vicios que se han sucintamente descripto a lo largo de esta presentación”, concluyó el ex funcionario.
Este no es el único proceso penal que tiene Kirchner. También está siendo juzgado desde mayo de 2019 por el caso de las obras públicas que durante el kirchnerismo recibió el empresario Lázaro Báez para la provincia de Santa Cruz. En el juicio oral los acusados son 13, entre ellos la vicepresidenta Cristina Kirchner.
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