La senadora nacional Juliana Di Tullio brindó detalles del controvertido proyecto promovido por el Frente de Todos que prevé la creación de un nuevo impuesto para saldar la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional.
La iniciativa contempla que las personas jurídicas y físicas que tienen bienes en el exterior sin declarar paguen un tributo especial para regularizar su situación e ingresar al esquema de Bienes Personales. Para realizar el virtual blanqueo, el texto faculta a diferentes actores e instituciones a acceder a información fiscal, bancaria y bursátil que actualmente es secreta.
“Se amplía la lista de sujetos que pueden levantar el secreto fiscal. Ahora se suma el Banco Central, la comisión bicameral de seguimiento de la deuda externa, los fiscales y el jefe de Gabinete, quienes pueden pedir la información que concentran diversos organismos”, explicó la legisladora en diálogo con la periodista María O’Donnel en radio Urbana Play.
Actualmente, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y otras instituciones públicas y privadas que accedan por el desempeño de sus funciones a información fiscal de personas y empresas están obligadas a guardar absoluto secreto. No pueden revelar esos datos a ninguna persona u organismo. Solo los jueces pueden solicitar información secreta en el marco de un caso judicial concreto. De ser aprobado, el proyecto redactado por el kirchnerismo y apoyado por el Gobierno nacional configura un nuevo escenario tributario y jurídico que anticipa polémica. Di Tullio defendió el cambio: “¿Cómo va a ser esto controversial? ¡Es el Estado! No le tengamos miedo a las acciones del Estado”.
Según el cálculo realizado por los senadores del Frente de Todos, este proyecto apunta al blanqueo de una masa de bienes y recursos por USD 417 mil millones, lo que permitirá acceder a una recaudación de USD 70 mil millones. El Estado pondrá la lupa en el primer movimiento, es decir, la operación a través de la cual se exteriorizó el patrimonio y premiará a agentes financieros que hayan participado de las transacciones y asuman el rol de delator.
“Lo que se hace es levantar el secreto fiscal, bursátil y bancario para permitir buscar esa primera salida de divisas, quién es el titular o los titulares que están fugando divisas con fines de evasión o de lavado de dinero”, explicó Di Tullio. Y agregó: “Nosotros lo que hicimos es escuchar lo que le pasa a la mayoría del pueblo argentino, que no quiere pagar esta estaba, esa deuda que le dio Mauricio Macri al Fondo Monetario Internacional; no queremos que lo pague el pueblo trabajador, que lo paguen los fugadores, los que cometen delitos económicos y lavan dinero”.
En otro reportaje concedido a Ernesto Tenembaum en radio Con Vos, la senadora aclaró que el proyecto alcanza exclusivamente a quienes tienen bienes en el exterior y no, por ejemplo, a personas que tienen dinero en cajas de seguridad. “Eso es muy difícil de hacer y además nosotros vamos por los grandes, por los peces gordos”, lanzó.
La iniciativa
El bloque de senadores del Frente de Todos presentó un proyecto para crear un “Fondo Nacional para la Cancelación de la deuda con el FMI”, que será financiado con un nuevo “aporte especial de emergencia” a pagar por quienes tengan bienes en el exterior no declarados ante el fisco. Los alcanzados por este aporte deberán abonar, en dólares, un 20% de esos activos si lo hacen durante los primeros 6 meses de vigencia de la ley propuesta y un 35% en caso de hacerlo con posterioridad.
El proyecto dispone además que “quienes no se allanen al pago de este aporte corren el riesgo de tener una pena en prisión, tal como lo estipula la ley vigente”, según explicaron los senadores del Frente de Todos en un comunicado. “Este aporte no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos y argentinas, ya que sólo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior, estén evadiendo impuestos o lavando dinero”, agregó el texto.
La iniciativa cuenta con el apoyo del Poder Ejecutivo. En medio de los fuertes cruces entre el kirchnerismo y los sectores más allegados al Presidente Alberto Fernández, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, señaló a través de Twitter que “El Gobierno Nacional valora la iniciativa del Bloque de Senadores del @FrenteDeTodos que impulsa la creación de un aporte especial de emergencia para quienes tengan bienes en el exterior no declarados”.
El proyecto dispone que el impuesto alcanzará a quienes hayan cambiado su residencia fiscal a otro país “cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la República Argentina”.
Incluye la figura del “colaborador”, que se aplicará a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados. “Podrán colaborar tanto las personas físicas como los bancos, que serán liberados de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor. Los que ayuden a este fin serán premiados con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada”, explicaron los senadores del oficialismo.
Para implementar la figura del “colaborador” se presentará otro proyecto de ley destinado a modificar las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal. “Las principales naciones del mundo crearon legislación en este sentido desde principios de este siglo para tener un mayor y mejor control de las operaciones comerciales o financieras”, señalaron los impulsores del proyecto. Se propone también que el fiscal no tenga que esperar la autorización de un juez para acceder a esta información y, de esa forma, acelerar los procesos investigativos.
El proyecto traza una estimación de qué cantidad de fondos podrían ser alcanzados: “Al 31 de diciembre de 2021, según las estadísticas oficiales, hay USD 417.507 millones de argentinos en el exterior y/o fuera del sistema financiero institucionalizado de nuestro país. De ellos, se encuentran declarados ante la AFIP sólo USD 69.000 millones, según se desprende del impuesto sobre los Bienes Personales de 2020″.
“Quienes se beneficiaron con los recursos del FMI, fugaron divisas de la Argentina y no las declararon -acto profundamente lesivo para los contribuyentes de nuestra nación- son los que deben hacer el mayor esfuerzo contributivo y a quienes en definitiva apunta este proyecto de ley para amortizar la deuda con el FMI. Es un acto de estricta justicia distributiva, tributaria e histórica,” agrega el proyecto.
El bloque de senadores oficialistas subrayó que los USD 44.500 millones que recibió la Argentina en 2018 a través del acuerdo con el FMI, ahora renegociado, “en gran parte tuvieron como destino el financiamiento de la salida de divisas de nuestro país, en un claro proceso de fuga de capitales”.
Los legisladores añadieron que “menos de la tercera parte” de los dólares en el exterior de residente argentinos están declarados ante la AFIP y que “así lo demuestran los Panamá, Paradise y Pandora Papers entre otros informes de organismos públicos y privados”.
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