La Fundación LED publicó su informe anual titulado “Limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión”, y en esta nueva edición se reveló que el año pasado aumentaron los casos en los cuales trabajadores, medios de prensa y ciudadanos en general han visto restringido su derecho a la libertad de expresión o al acceso a la información pública.
De manera puntual, el organismo enumeró 180 casos, 39 más con relación al 2020, y destacó que “el aumento de conflictividad que se verifica año tras año en el ámbito de internet”, lugar en donde detectaron ataques directos o hackeos a medios digitales, o monitoreos de opinión ciudadana en redes sociales, e iniciativas parlamentarias para regular contenidos en internet.
Así, en el texto del informe, se afirmó que desde el año 2020, por las medidas de aislamiento provocadas por la pandemia, “el debate público se trasladó aceleradamente a internet, las redes sociales tomaron un protagonismo principal en la discusión de la agenda pública, lo que generó no pocos intentos de monitoreo gubernamental y en algunos casos, persecución judicial o multas a quienes se expresaron contra las medidas de aislamiento en algunas provincias”.
Respecto de los casos en los que se afectó la libertad de expresión, la Fundación los divide en siete categorías:
1 - Ataques, agresiones físicas, amenazas, intimidaciones institucionales a Periodistas o Medios de Comunicación (50 casos).
2 - Periodistas encarcelados o privados de su libertad u hostigados judicialmente (22 casos.
3 - Ataques y/o agresiones físicas a Periodistas (15 casos).
4 - Amenazas o intimidaciones a Periodistas (21 casos).
5 - Restricciones al Acceso a la Información Pública, Hechos de Censura (45 casos).
6 - Ataques a instalaciones, antenas o plantas transmisoras de medios de comunicación (6 casos).
7 - Denuncias y/o manifestaciones y/o Declaraciones de organismos nacionales e internacionales sobre la situación de la libertad de expresión en la República Argentina (21 casos).
En detalle, los autores del informe 2021 aseguraron que “la situación más crítica, excepcional y de impacto sobre la libertad de expresión” tuvo su máxima expresión en la provincia de Formosa. “Allí por decisión del gobierno provincial, bajo el pretexto de las medidas sanitarias necesarias para preservar la salud de la población, se ejerció un control de la circulación y el ingreso a su territorio que excedió en mucho las atribuciones de un gobierno democrático”, agregaron.
Y se completó: “Se llegó a impedir totalmente, a principios de 2021, el ingreso de periodistas de otros puntos del país al territorio formoseño para cubrir las condiciones sanitarias en las que vivía la población que debía transitar su cuarentena en los distintos centros de aislamiento provinciales”.
Ante esta situación, LED, y ante la negativa del gobernador Gildo Insfrán a permitir el ingreso de los corresponsales de medios de comunicación de cobertura nacional, presentó en el mes de febrero de 2021 un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de garantizar el ingreso de periodistas a esa provincia y el ejercicio de su derecho a informar a la ciudadanía.
Otra situación que fue abordada por la fundación tuvo lugar en Mendoza. A partir de varias denuncias de censura en la emisora de Radio Nacional en la ciudad de Malargüe, se presentó un recurso de amparo para solicitar que se garantizara la pluralidad de voces en los medios públicos.
“La distribución de los recursos públicos destinados a la pauta publicitaria oficial ha vuelto a ser un tema de debate y controversia en nuestro país, como han establecido los organismos internacionales que integra nuestro país y diversos fallos de nuestra justicia, la utilización de estos recursos como herramienta para condicionar la línea editorial de los medios es una seria restricción a ejercicio de estos derechos elementales”, señalaron las autoridades en el texto.
EL INFORME COMPLETO
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