Ruta del dinero K: la Cámara Federal sobreseyó a un funcionario acusado de participar en la compra de un campo de Báez

Antonio Demarco era hasta ahora uno de los tres imputados que seguía siendo investigado por los negocios de Lázaro Báez. Concretamente, estaba acusado de ser uno de los intermediarios en la compra del campo “El Entrevero”, en Uruguay, una causa que ya fue elevada a juicio oral. Luego de una larga batalla jurídica, la Cámara Federal acaba de sobreseerlo por entender que no hay pruebas en su contra.

Por ese campo de 152 hectáreas, ubicado entre José Ignacio y La Barra, se pagaron 14 millones de dólares. De la operación participaron varias sociedades y testaferros de Báez para intentar ocultar a los verdaderos dueños.

El arrepentido Leonardo Fariña contó que se utilizó la sociedad uruguaya Traline SA (Maximiliano Acosta era el presidente y luego se otorgó un mandato de disposición general a Maximiliano Goff Dávila). Cuando ya se había roto la relación con el entorno de Báez, el campo quedó a nombre de otra sociedad de nombre Jumey SA, presidida por Daniel Pérez Gadín.

Por esa operación, en abril de 2020 el juez Sebastián Casanello elevó a juicio oral a Báez, Jorge Chueco, Pérez Gadín, Fariña, Maximiliano Acosta, Maximiliano Goff Dávila, al financista Santiago Carradori y a Osvaldo Guthux.

Cuando le tocó intervenir, la Cámara Federal confirmó todos los procesamientos, pero decretó la falta de mérito para Demarco. “Si bien el nombrado intervino en averiguaciones acerca de posibles desarrollos inmobiliarios y en la firma de un compromiso de compraventa por la adquisición de la estancia, no se encuentra probado –ni aun con el grado de certeza requerido en esta etapa- que el nombrado pudo haber sospechado del origen espurio de los fondos. Su intervención se redujo únicamente a buscar posibles inversiones en Uruguay en razón de que había residido allí y conocía gente del rubro, y a firmar un compromiso de compraventa, todo a pedido del entonces marido de su cuñada, sin siquiera pretender el cobro de honorarios por su gestión, siendo su única expectativa la posible adquisición de un lote del desarrollo inmobiliario”, sostuvo el tribunal en 2020.

Demarco siguió bajo investigación. De hecho, en septiembre del año pasado, la Cámara le ordenó al juez una definición sobre la situación procesal de las tres personas que tenían falta de mérito: Cristina Kirchner, Juan Pedro Damiani Sobrero (el ex presidente de Peñarol de Uruguay), y el propio Demarco, actual representante por la Ciudad de Buenos Aires en el Consejo Directivo de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR

La defensa de Demarco continuó con sus apelaciones y, finalmente, obtuvo el sobreseimiento esta semana.

La Sala II tuvo en cuenta la falta de pruebas y el paso del tiempo desde el comienzo de la investigación. “A diez años de iniciada la investigación sobre el evento y a tres de que se legitimó pasivamente a De Marco, no puede válidamente sostenerse la subsistencia –para descartar la vía de la excepción- de hechos controvertidos sujetos a producción de prueba”, dijo el juez Eduardo Farah en su voto.

En tanto, Mariano Llorens también votó a favor del sobreseimiento: “La UIF y la AFIP, en su rol de acusadores privados, no han propuesto medidas probatorias nuevas, sin perjuicio de lo cual, han afirmado su interés en la prosecución de las actuaciones y, especialmente la última de las organizaciones nombradas, puso énfasis en el rol del juzgador para resolver la manda impuesta por esta Cámara. Frente a lo expuesto, al tiempo transcurrido y a lo manifestado por el Sr. Fiscal, no me queda otra alternativa que confirmar lo que sostuve en la resolución del 19 de febrero del 2020: no existe prueba suficiente que me permita afirmar -siquiera con el grado de certeza requerido por esta etapa- el aspecto subjetivo del delito por el cual se pretendió oportunamente procesar a Demarco”.

La “ruta del dinero k” es la única causa en la que Cristina Kirchner fue llamada a declarar y no terminó procesada. Así lo destacó ella misma en varias de sus últimas apariciones en tribunales, cuando se quejó del “lawfare” y de que todas sus causas caían en manos de los jueces Claudio Bonadio y Julián Ercolini.

En el juicio oral, Lázaro Baéz fue condenado a fines de febrero a 12 años de prisión. También recibieron condenas sus cuatro hijos, su ex contador Daniel Pérez Gadín, el abogado Jorge Chueco, Fabián Rossi, entre otros. Luego de las apelaciones, la definición ahora quedó en manos de la Sala IV de la Cámara de Casación.

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