Nuevos allanamientos por el ataque al despacho de CFK en el Senado

La justicia federal ordenó en las últimas horas una serie de allanamientos sobre las viviendas de supuestos manifestantes de organizaciones sociales que atentaron contra el despacho del Senado de Cristina Fernández de Kirchner y protagonizaron serios incidentes en los alrededores del Congreso Nacional. Los sospechosos forman parte de las personas identificados a través de fotos y vídeos arrojando objetos contundentes y bombas molotov. Por otro lado, uno de los detenidos en la causa, Oscar Santillán, se declaró en huelga de hambre y su abogada apeló la prisión preventiva.

Hasta el momento los graves incidentes son investigados por la justicia porteña y la federal. La jueza federal María Eugenia Capuchetti, que ya tenía parte del expediente, pidió hacerse cargo de toda la pesquisa y solicitó la inhibitoria del magistrado porteño Norberto Circo para que no pueda actuar más en la causa. Hasta ahora no se tomó una decisión.

“Cacería de brujas”

Santillán, preso en la Alcaldía 12 de la Policía de la Ciudad desde el pasado jueves 10 de marzo, integra el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) Histórico. Fue fotografiado y filmado incendiando volquetes y arrojando piedras contra los efectivos de seguridad. Cobraba un Plan Potenciar Trabajo del Estado que fue anulado por el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, después que Infobae publicara la noticia.

Según el escrito al que accedió este medio, el activista, se declaró en “huela de hambre” el 14 de marzo porque entiende que es “inocente” de los cargos que se le imputan y se considera “parte de una orquestada cacería de bruja”.

Según el detenido, el juez de la causa, Norberto Circo, “se guía de pruebas poco fehacientes usando imágenes editadas de redes sociales (como por ejemplo Tic. Toc.)” y sostiene que: “Las piedras o cascotes presentadas por la fiscalía rozan lo ridículo” (sic).

Las fotos que obran en el expediente, tal como publico este medio, muestran a Santillán en plena acción prendiendo fuego un contenedor de residuos y arrojando piedras contra efectivos de la Policía de la Ciudad.

A pesar de eso, Santillán le dice en el escrito que presento de puño y letra, que todo lo que se dice sobre él son “calumnias e injurias” y niega ser parte de “un movimiento que se organiza para hacer desmanes o actos delictivos”.

El integrante del MTR Histórico, que tiene 54 años y tres hijos, le recuerda al magistrado que desde el año 2004 es artista callejero “entre Constitución y la peatonal Florida”.

En el escrito, nada dice que desde 2018 era beneficiario del Potenciar Trabajo a través del cual cobraba 33.000 pesos mensuales.

Santillán esta acusado de los presuntos cargos de Daños (agravado por el fin); Daños (agravado por el objeto); Incendio, explosión e inundación con peligro común para los bienes; Atentado contra la autoridad y Atentado contra la autoridad agravado por ser cometido por una reunión de más de tres personas.

En el final de la carta dirigida a “su señoría”, Santillán, le advierte al juez Circo que “me declaro en huela de hambre, haciendo responsable al Estado por mi integridad física y mental”.

María del Rosario Fernández, patrocinante de Santillán y perteneciente a “La Gremial de Abogados”, le dijo a Infobae que “le desaconsejé que esa medida extrema que solo perjudicará su salud” e interpretó que “las medidas unipersonales no surten ningún efecto, a no ser que sean colectivas”.

También aseguró que hasta el momento la justicia porteña no se expidió sobre la apelación a la prisión preventiva dictada sobre Santillán.

En los chats de su teléfono celular, los peritos de la Policía Judicial, hallaron comunicaciones de los días previos a la marcha al congreso convocada para protestar contra el acuerdo del gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que mostrarían indicios de la manera en que el MTR Histórico se organizó para protagonizar los incidentes. De hecho, advertían a sus militantes que se esperaba a que la misma sea peligrosa. Lo hace utilizando los adjetivos “picante” y “pesada”.

“No es un compañero nuestro”

Esta mañana la justicia federal, que también investiga el ataque al despacho de la Vicepresidenta de la Nación, dispuso una serie de allanamientos, entre ellos a la vivienda de Leonardo Marcelo Cáceres, uno de los jóvenes identificados atacando el edificio del Congreso.

Fuentes judiciales afirman que Cáceres es militante del Frente Darío Santillán. Sin embargo, desde la organización lo desmintieron. “No es compañero nuestro. No sabemos quién es”, le dijeron a Infobae ante una consulta.

Cuando la policía llegó a su domicilio ubicada en Guernica, en el conurbano bonaerense, el sospechoso no estaba.

Cómo la vivienda no tiene numeración, en la “orden de registro y detención” se especifica, después de brindar la intersección de las calle, que en la pared esta pintada “una imagen de Ernesto ‘El Che’ Guevara”.

El juzgado de primera instancia en lo Criminal y Correccional Federal Número 2 de Lomas de Zamora, le solicitaba a la policía, además de la detención de Cáceres, todos los elementos de papelería, folletería, banderas, ropa “que lo identifiquen con alguna agrupación política” y elementos para fabricar bombas molotov, gomeras o pintura.

Nada de eso encontraron. En la justicia interpretan que el supuesto militante social fue advertido y que se fue después de “limpiar el lugar”.

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