El temor a otro default de la Argentina, como en su momento fue la plaga del COVID-19, logró que Alberto Fernández y Juntos por el Cambio cerraran un pacto político que permitirá sancionar una ley que avala la refinanciación de los 44.000 millones de dólares que Mauricio Macri contrajo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018.
El Presidente se comprometió ante Kristalina Georgieva -directora gerente del FMI- que el Staff Agreement sería aprobado por una amplia mayoría parlamentaria. En este contexto, Alberto Fernández delegó en Sergio Massa las negociaciones con Juntos por el Cambio, que mostraba fuertes diferencias en el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR).
El jefe de Estado y Massa además tenían un problema extra frente a los diferentes planteos y exigencias de la coalición opositora: Máximo Kirchner, La Cámpora, Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Patria consideran que el acuerdo es una traición a los ideales políticos de Néstor Kirchner.
Entonces, si Alberto Fernández y el titular de Diputados pretendían mostrar fortaleza en el board del FMI, no les quedaba otro camino que negociar un acuerdo con Juntos por el Cambio que podía complicar la estabilidad política de Martin Guzmán.
El ministro de Economía era refractario a modificar la iniciativa remitida a Diputados, ya que consideraba que su contenido se adecuaba a los parámetros legales que pretendía aplicar al acuerdo con el Fondo. Pero Alberto Fernández y Massa comprendieron que esa perspectiva complicaba la suma de votos en el recinto de sesiones, y decidieron avanzar sobre las propuestas institucionales de Guzmán.
Todas las negociaciones emprendidas por Massa llegaron al celular y a la computadora de Guzmán, que viajó a Houston para participar de un importantísimo evento global vinculado a la energía. El titular del Palacio de Hacienda nunca pensó en renunciar al cargo, y salvó algún tecnicismo vinculado al Banco Central, quedó satisfecho con el acuerdo alcanzado.
“Esto es un acuerdo razonable”, opinó Guzmán cuando le preguntaron en Houston que pensaba sobre las reformas legales que había negociado Massa con la oposición.
Alberto Fernández ayer se concentró en todos los borradores legales que aportaba Massa cada vez que se encontraba con un referente de la oposición. Esos borradores volaban desde el despacho presidencial a las oficinas de Vilma Ibarra -secretaria Legal y Tecnica-, Miguel Pesce -titular del Banco Central- y Juan Manuel Olmos -asesor de la Presidencia-, que revisaban los textos y planteaban sus dudas al jefe de Estado.
“Salió bien. Pero fue un poco confusa la redacción”, comentó Alberto Fernández en la Casa Rosada. Y remató: “La oposición retrocedió. A mí me dio más libertad, y ellos perdieron un control que yo les di cuando mande la ley”.
Doscientos votos a favor pretenden Alberto Fernández y Massa cuando se trate el Staff Agreement en Diputados. Es un número posible que pone en jaque a Cristina Fernández de Kirchner. La vicepresidente pensaba dilatar el tratamiento del acuerdo en la Cámara Alta, pero 200 votos en diputados implicaría un robusta fuerza política que puede imponer su poder en el Senado.
Si Cristina no se siente condicionada por esa probable mayoría en Diputados, es factible que Argentina caiga en default por su interna palaciega con Alberto Fernández y Guzmán. Ella rechaza los términos del acuerdo avalados por el Presidente y ya no contesta los chats del ministro de Economía.
CFK sólo necesitaría alegar que el Senado tiene plazos reglamentarios que cumplir y que esos términos procesales se vencen más allá del 22 de marzo. Ese día, si la Ley FMI no salió aún de la Cámara Alta, Argentina entraría en default por un vencimiento incumplido de 2.800 millones de dólares.
“Creo que si la ley sale de Diputados con 200 votos, el Senado no va a tener margen para no apurarse”, calculó anoche Alberto Fernández frente a sus colaboradores de máxima confianza.
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