El juez federal Ariel Lijo ordenó dos allanamientos que se realizaron ayer en la causa en la que se investigan irregularidades en la Obra Social de Poder Judicial de la Nación (OSPJN).
LA OSPJN presta servicios de salud al personal de los tribunales federales y nacionales de todo el país, depende funcional y administrativamente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más específicamente de la vocalía del ministro Juan Carlos Maqueda.
El juez Lijo tiene bajo investigación una denuncia realizada por el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU) en la que se señaló que había contrataciones irregulares con empresas fantasma y que existía un sistema de atención VIP para ciertos afiliados con relación de dependencia o familiar con Maqueda, quien designó a Aldo Tonón como director de la Obra Social del Poder Judicial.
Tonón-amigo de Maqueda- llegó al cargo por recomendación del ex ministro de Salud, Ginés González García. De hecho, quienes conocen en profundidad los secretos del Poder Judicial señalan que el ex ministro de Salud tuvo y tiene un especial interés en los destinos de la OSPJN debido a su estrecha relación con Maqueda.
En el mismo expediente se denunció también que dos empresas radicadas en Córdoba, la provincia de donde proviene Maqueda, habrían obtenido contratos irregulares para prestar servicios en la Obra Social del Poder Judicial a partir de la llegada de Tonón a la conducción. Una de esas empresas es Emergencia Médica Integral (EMI) y la otra es Farmandat. La primera brinda un servicio de atención de emergencias. La segunda un control de las recetas que se presentaban en las farmacias del todo el país. Sobre la segunda empresa la denuncia señalaba que era una empresa fantasma.
La denuncia se hizo el año pasado y luego de la ratificación personal que hizo el secretario general de SITRAJU , Hernán Bruera, el fiscal Carlos Stornelli , en su requerimiento de instrucción por el que impulsó la investigación, circunscribió la pesquisa a las irregularidades de las contrataciones de las dos empresas señaladas.
Los allanamientos en EMI y Farmandat fueron realizados ayer por el Departamento Investigaciones Antimafia de la Policía Federal Argentina. En tanto en la sede de la Obra Social del Poder Judicial se llevó a cabo una orden de presentación mediante la cual el juzgado de Lijo pidió información relacionada con las contrataciones de EMI y Farmandat.
Según explicaron fuentes judiciales en el allanamiento a la sede de EMI en la capital de Córdoba se hallaron numerosas carpetas relacionadas con el contrato firmado entre la empresa y la OSPJN.
En tanto la situación con la empresa Farmandat fue diferente. Cuando los policías federales llegaron a la sede de la empresa en la provincia de Córdoba les dijeron que se habían mudado hace tres meses. Y cuando allanaron la sede de la firma en la Ciudad de Buenos Aires se encontraron allí con otra empresa que ofrece servicios de medicina prepaga y que tiene un contrato de locación del lugar desde hace tiempo. Es decir que la empresa no aparece.
Desde que comenzó la investigación al juzgado llegó diversa información. Por ejemplo forma parte del expediente el listado de todos los empleados de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, también un detalle de cuánto cobra cada uno por su trabajo y de quiénes integran el área de Tesorería.
La causa que está radicada en el juzgado de Lijo, está caratulada como “Tonón, Aldo y otros s/abuso de autoridad y Violación de Deberes de Funcionario Publico (art 248) y malversación de caudales públicos (art. 261)”.
Pero esa no es la única causa en la que se investigan irregularidades En el juzgado federal 6 que en la actualidad es subrogado por Daniel Rafecas existe una causa iniciada con anterioridad también por irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.
En este caso, que está delegado en la fiscalía de Carlos Rívolo, se investiga la denuncia hecha por un empleado del área de informática de la Obra Social que reveló varias irregularidades más.
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