
En regreso de su gira por China y Rusia, Alberto Fernández se prepara para encarar una agenda apretada que incluye los avances de las negociaciones con el FMI, la necesidad de concretar las sesiones extraordinarias, la ley del Consejo de la Magistratura y enfrentar el nuevo índice de inflación del mes de enero (se conocerá el martes 15), uno de los problemas que más preocupa al Gobierno. Además, el Presidente tendrá lo que resta del mes de febrero para preparar su discurso para la próximo 1 de marzo, cuando inaugure la labor ordinaria en el Congreso.
Una de las primeras actividades que realizará el mandatario será reunirse con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para analizar los avances en las negociaciones por el pago de la deuda por USD 44.000 millones. Antes de encarar la gira, el Gobierno anunció un acuerdo que implica un nuevo programa de dos años y medio durante el cual el FMI hará revisiones trimestrales de las metas acordadas y desembolsos de dinero que Argentina utilizará para cancelar el stand by contraído por el gobierno de Mauricio Macri y fortalecer las reservas. Luego habrá un período de 10 años para cancelar la refinanciación, que comenzaría en 2026.
Pero también deberá analizar junto al embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, cómo se encuentra la relación con Estados Unidos, sobre todo luego de las declaraciones que realizó en su viaje a Rusia que no pasaron desapercibidas. A pocas hora de haber anunciado un acuerdo con el FMI para el pago de la deuda, Fernández le ofreció a Vladimir Putin que Argentina sea “la puerta de entrada” de Rusia en América latina. También firmó acuerdos con China para sumarse al proyecto de a Ruta de la Seda con inversiones en infraestructura, ferrocarriles, energía nuclear, represas, entre varias áreas clave. Un acercamiento bilateral con dos países que buscan erosionar a Estados Unidos como potencia mundial.

De hecho, al menos tres congresistas de EEUU realizaron advertencias sobre el avance de la influencia “desestabilizadora” de China y Rusia en Latinoamérica. Uno de ellos, Matt Gaetz (aliado de Donald Trump), alertó: “Argentina acaba de unirse al Partido Comunista Chino al firmar la iniciativa One Belt, One Road (Ruta de la Seda)”. Fernández también debió enfrentar críticas locales. Su antecesor Mauricio Macri consideró que sus declaraciones fueron “riesgosas” y que “pueden alterar la posición internacional que la Argentina ha mantenido por años, además de potencialmente hacer peligrar el acuerdo aún no firmado entre la Argentina y el FMI”.
El viaje de Alberto Fernández ya había iniciado condicionado. Pocas horas antes de partir de la Argentina se anotició de la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados como un gesto en desacuerdo con el acuerdo alcanzado con el FMI. Eso generó un retraso en el inicio de las sesiones extraordinarias que, según se ordenó en el Boletín Oficial, debían comenzar el pasado 1 de febrero y culminar el 28 del mismo mes.
Para poder tratar el temario que envió el Ejecutivo es necesario la conformación de 9 comisiones, que son las que deberían funcionar si es que se discuten los 18 proyectos que envió la Casa Rosada. En este contexto, parecería que existen pocas posibilidades de que la Cámara de Diputados pueda llevar adelante una sesión antes del 1 de marzo. Sin embargo, desde el oficialismo aseguran que buscarán hacer una sesión corta, en donde se traten temas de salud VIH, resistencia antimicrobiana, la creación de algunas universidades, régimen automotriz, y 2 parques nacionales: ansenuza / islote lobos.

Desde la oposición, el interés está puesto en dos proyectos en particular: el acuerdo con el Fondo Monetario y la ley del Consejo de la Magistratura. En lo que se refiere al Consejo de la Magistratura, la norma está para ser tratada en el Senado. Pero en la Cámara alta también se tienen que constituir las comisiones y habría que conformar Asuntos Constituciones y de Justicia.
Fuentes del oficialismo en el Senado confiaron que hasta ahora se tiene programada la sesión preparatoria -la sesión en la que se designa a las autoridades- recién el próximo 24 de febrero, es decir, cinco días antes que comiencen las sesiones ordinarias.
Con ese escenario, Alberto Fernández analizará con Sergio Massa la posibilidad de iniciar el tratamiento del Consejo de la Magistratura. Desde Juntos por el Cambio plantearon que la presidencia del organismo debe quedar en manos del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, algo que señalan “facilitará su integración dentro del ámbito del Poder Judicial”.
El oficialismo tiene plazo hasta el 16 de abril para lograr aprobar una nueva norma. Sin embargo, la posición de Juntos por el Cambio parece obturar esa posibilidad.
La iniciativa de Juntos por el Cambio, además de ser un guiño para el máximo tribunal, apunta directamente al corazón del proyecto que envió la Casa Rosada para que sea tratado en sesiones extraordinarias, ya que el texto de la ley del oficialismo establece que la presidencia del Consejo sea elegida por los miembros del mismo organismo.

Esta diferencia también lo que marca es que, en una primera etapa, parecería ser muy complicado que alguno de los dos proyectos avance antes del 16 de abril, fecha que estableció la Corte para que quede firme el fallo que establece la inconstitucionalidad de la conformación actual, ya que ninguno de los dos grupos mayoritarios cuentan con el número de legisladores necesarios para conseguir el quórum y aprobarlo.
Por último, a mediados de febrero, el Gobierno conocerá el nuevo índice de inflación del mes de enero mientras Alberto Fernández prepara su discurso para inaugurar las sesiones ordinarias en el Congreso. Para lo primero, el equipo económico ya da indicios de que esperan cifras al menos preocupantes. El secretario de Comercio, Roberto Feletti, admitió que “se está perdiendo la batalla” contra los precios de los alimentos y reconoció que la inflación se ubicó en torno a 4% el mes pasado.
Para lo segundo, el jefe de Gabinete Juan Manzur ya comenzó a recolectar informes de todas las carteras del Poder Ejecutivo que será parte de la defensa del Presidente de sus dos años de gestión y la propuesta para el periodo que resta.
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