Un informe de Human Rights Watch cuestionó “la retórica hostil” que utiliza el Gobierno de Alberto Fernández contra la prensa y alertó sobre el riesgo de independencia del Poder Judicial y la impunidad por el atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en 1994.
El organismo publicó el documento anual en el que en su introducción señala que en nuestro país “algunas de las reformas que ha propuesto el gobierno al sistema judicial y al Ministerio Público suponen un riesgo para la independencia de estas instituciones”, y advierte por “las demoras en la designación de jueces permanentes”.
HRW puso el foco en distintos ejes sobre los cuales analizó los derechos humanos en Argentina. Uno de sus apartados se refiere a la libertad de expresión. Allí señaló que “autoridades de alto nivel”, entre las que se incluyó a Alberto Fernández, “han empleado una retórica hostil contra la prensa independiente, acusándola de propagar ‘noticias falsas’ al informar sobre temas de interés público, incluyendo las irregularidades en la distribución de vacunas contra el COVID-19″.
El organismo alertó también por las condiciones en centros de detención y abusos por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad. La Procuración Penitenciaria de la Nación informó que hubo 176 presuntos casos de tortura o maltrato en cárceles federales durante 2020 y 77 casos entre enero y junio de 2021.
En ese sentido se mencionó que más de la mitad de los 11.290 detenidos en cárceles del sistema federal “no han sido condenados por un delito, sino que están en prisión preventiva”. A la vez, el informe recuerda la liberación de presos de 2020 bajo la excusa de la prevención del COVID-19; y que continúan las investigaciones por el asesinato y “posible desaparición forzada” de Facundo Astudillo Castro y Luis Espinoza, ambos desparecidos y luego hallados sin vida durante la vigencia del confinamiento decretado por el Poder Ejecutivo durante el primer año de pandemia.
HRW también cita el caso más polémico de la cuarentena: la administración de Gildo Insfrán en Formosa. “En el norte del país emplearon medidas abusivas e insalubres para evitar la propagación del coronavirus, incluyendo el confinamiento de personas en centros de ‘aislamiento’ y ‘cuarentena’ en circunstancias que constituyeron detenciones arbitrarias”, advierte el informe en el que se agregó que el gobierno formoseño “limitó” la cobertura periodística sobre la situación en la provincia. “Habrían usado fuerza excesiva contra las personas que protestaron por las restricciones excesivas por el COVID-19, y detuvieron y procesaron penalmente a algunas de ellas”, agrega.
La política exterior del Gobierno argentino fue otro de los puntos que estuvo bajo la lupa del organismo, en particular por la relación con las dictaduras de Venezuela y Nicaragua.
“Argentina se abstuvo en una resolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que rechazaba las elecciones de 2020 en Venezuela, las cuales han sido consideradas fraudulentas por un gran número de actores. En junio y octubre de 2021 también se abstuvo de votar resoluciones de la OEA que condenaban la detención de candidatos presidenciales opositores y críticos en Nicaragua”, detalló el informe en el que se mencionó la decisión de Alberto Fernández de abandonar el Grupo de Lima y de retirarse de una remisión a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional —realizada en 2018 junto con Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú— para que se investigara la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
En la semana en la que el embajador Daniel Capitanich compartió la ceremonia de reasunción del dictador sandinista Daniel Ortega, con Mohsen Rezai, uno de los iraníes cusados por el atentado terrorista a la AMIA, sobre el cual pesa una orden de captura internacional, Human Rights Watch advirtió que “a 27 años del hecho, aún no hay condenados”.
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