Acusaron a De Vido y a Jaime por defraudación al Estado con la compra de trenes chatarra a España y Portugal

A las 9.47 de esta mañana, la fiscal Gabriela Baigún inició su alegato en el juicio en el que se trata de determinar la responsabilidad de varios ex funcionarios públicos en la compra de trenes chatarra a España y Portugal, que se realizó en el gobierno de Néstor Kirchner. Los principales imputados en el caso son Julio De Vido, ex ministro de Planificación, y Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte.

Jaime dependía de De Vido y es por ello que ambos llegaron a juicio: a partir de la investigación judicial se los acusó de los delitos de administración fraudulenta y cohecho. Se comprobó durante la instrucción que una consultora vinculada a Manuel Vázquez, por entonces asesor y hacedor de negocios sucios de Jaime, cobró coimas millonarias por prestar servicios intangibles en la operación: se calcula que superaron los 900.000 euros. La imputación del cobro de coimas está dirigida a Jaime y a Vázquez.

Desde 2019, el Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) integrado por los jueces Julio Panelo, Fernando Canero, José Martínez Sobrino y Ricardo Basílico enjuicia a Jaime por cuatro casos de corrupción. Hasta marzo de este año declararon los testigos de los primeros tres casos, cuando comenzaron a desfilar por Zoom los relacionados a la compra de trenes en Europa por una suma de 100 millones de euros. El caso se basó en un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que analizó cómo fue la compra de trenes pactada de Estado a Estado con España y Portugal.

Al comenzar su alegato la fiscal no dejó dudas: “Se encuentra acreditado que Julio Miguel De Vido, en su carácter de Ministro de Planificación, Inversión Pública y Servicios de la Nación, y Ricardo Jaime, en su calidad de Secretario de Transporte, es decir, máximas autoridades del transporte ferroviario, llevaron adelante una serie de actos jurídicos que, violando los deberes a su cargo, obligaron y comprometieron abusivamente al patrimonio del estado nacional, cuya administración les fuera confiada, generándose en forma directa un grave e irreversible perjuicio patrimonial”.

La fiscal hizo una breve pausa y agregó: “Ello, sin perjuicio de la vehemencia puesta en las palabras del entonces presidente de la Nación Néstor Kirchner, al presentar el Plan Anual de Inversiones Ferroviarias, en el que serían invertidos ese año una cantidad millonaria de pesos. Pidió expresamente que ‘entre todos seamos auditores concretos’ para que así pueda concretarse el plan. El entonces ministro de Planificación Julio De Vido y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, indudablemente no lo fueron. Ambos funcionarios violaron las obligaciones del buen administrador”.

La fiscal aseguró que Jaime “encaminó su conducta a realizar la compra del material que en muchos casos era incompatible con la red de vías, y cuya calidad y funcionalidad real no se condecían con los objetivos del Plan Nacional de Reorganización, Recuperación y Modernización del Ferrocarril Nacional”.

Durante la investigación, se analizaron los contratos que firmaron las autoridades argentinas con las españolas y las portuguesas para comprar material ferroviario en desuso en aquellos países, con la intención de refaccionarlo en el país y reactivar las tareas de los talleres. Pero, según la acusación de Baigún, eso no se realizó: “En efecto, estos contratos fueron suscriptos sin ningún tipo de previsión respecto de las necesidades del sistema ferroviario argentino, ni respecto de los talleres donde se realizarían las reparaciones y los montos que esa tarea conllevaría, con objetos imprecisos, ausencia de análisis técnicos-económicos del material a adquirir, falta de intervención oportuna –en su mayoría- de la dirección de Asuntos Jurídicos, y demás deficiencias y que dan cuenta de la desidia que caracterizaron estas compras. Todo ello constituyó el escenario propicio para la realización de erogaciones que fueron comprobadamente perjudiciales para el Estado nacional”.

La fiscal en su alegato habló de lo que se comprobó en el juicio sobre el estado de los trenes: “...a la fecha de cierre de las tareas de campo realizadas por la Auditoría General de la Nación -29 de febrero de 2012-, el 54% del material rodante adquirido durante la gestión de Ricardo Jaime se encontraba fuera de servicio, sin que se hubieran efectuado las tareas de reparación necesarias para su utilización. Cabe remarcar que gran parte de estas formaciones ni siquiera pudieron ser utilizadas como repuestos o material de desguace útil. A su vez, una importante cantidad de material rodante adquirido se utilizó por escaso tiempo en el sistema ferroviario del país, pues se trataba de formaciones que no eran idóneas para los servicios a los que fueron destinadas. Esta afirmación se encuentra respaldada por el hecho de que al 2015, el 79% del material adquirido a España y Portugal durante la gestión de Ricardo Jaime a cargo de la Secretaría de Transporte, se encontraba fuera de servicio. También se observó una custodia deficiente del material adquirido, y el incumplimiento de servicios pagados (asistencia técnica, capacitación técnica, rehabilitación y dirección de obra en rehabilitaciones)”.

El informe que hizo la AGN en 2012, que dio origen a la causa judicial y entró en la etapa de definiciones, fue analizado durante las audiencias por Zoom.

Varios integrantes de la AGN declararon como testigos y reafirmaron los puntos principales de aquel informe:

-”No existen análisis integrales -de aspectos económicos, técnicos y comerciales- que permitan sostener la razonabilidad de las adquisiciones realizadas”.

-”Se han detectado inconsistencia en informes técnicos - económicos relacionados con las contrataciones efectuadas a España y Portugal”.

-”La custodia y resguardo del material adquirido exhibe debilidades que impactan sobre el cumplimiento del objetivo de la contratación y ocasionan perjuicios económicos al Estado”.

La Auditoría General de la Nación había analizado en 2012 los contratos firmados para realizar aquella compra millonaria y había realizado las siguientes observaciones:

-”Los contratos excluyeron la suscripción de Actas de Entrega y Recepción como recaudo para efectuar el pago, lo que debilitó los controles del Estado e introdujo un riesgo adicional en la ejecución contractual”.

-”La mayoría carecen de los actos de aprobación y autorización del gasto, conforme las exigencias de la normativa vigente”.

-Se observan importantes indefiniciones e inconsistencias con relación al objeto de estos.

-”Los Servicios Jurídicos permanentes no han tenido intervención previa a su suscripción”.

-”No prevén mecanismos que aseguren la autorización del pago, previa comprobación y aceptación de la documentación por parte de la autoridad competente”.

Aquel informe de la AGN había señalado que “se verificó que no se inspeccionó la totalidad del material rodante a adquirir. Mientras que existen diferencias entre el material adquirido y el finalmente recibido, situación agravada por la inconsistencia o inexistencia de Actas de Recepción, que imposibilitan el control efectivo del cumplimiento del contrato”.

Cuando explicó cuál había sido el perjuicio producido por la compra de trenes chatarra, la fiscal señaló por qué no pidió un peritaje contable: “No es perjuicio, acaso, pagar millones de euros por material rodante, cuyo estado se desconocía, haber pagado por servicios, como rehabilitación de unidades y dirección de obra en las rehabilitaciones, que fueron incumplidos por las empresas vendedoras, y nunca reclamados por nuestro país?. En definitiva, por haberse efectuado estas compras, directamente, a ojos cerrados, sin efectuar ningún relevamiento ni informe técnico previo por parte de las autoridades competentes de nuestro país”. El cálculo del perjuicio contra las arcas públicas hecho por la fiscalía es de 30 millones de euros.

La acusación de Baigún para con De Vido y Jaime ratifica que, por lo menos para el Ministerio Público Fiscal, se comprobó la existencia de los delitos. La fiscal, durante la audiencia marcó todas las irregularidades halladas en los contratos firmados con España y Portugal. Baigún aún no pidió penas para los imputados. Lo hará al finalizar su alegato. Luego se escucharán las voces de las defensas y después los jueces estarán en condiciones de dictar un veredicto que, se estima, se dará a conocer antes de fin de año.

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