El presidente Alberto Fernández firmó el Decreto 762/2021, publicado este sábado en el Boletín Oficial, por el cual relevó del secreto de Estado a la jefa de la AFI y a varios funcionarios del gobierno de Mauricio Macri para que puedan declarar en la causa por presunto espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan.
Podrán presentarse ante el requerimiento del juzgado de Dolores el ex ministro de Defensa Oscar Aguad; el ex Secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis, el ex jefe de la Casa Militar, José Luis Yofre; el diputado del PRO Cristian Ritondo; el ex jefe de la custodia presidencial Alejandro Cecati; el actual jefe de la Casa Miliar, Alejandro Guglielmi; la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño.
Tal como señala el decreto, el juez Martín Bava solicitó la autorización para siete personas “en atención a lo solicitado por la defensa del imputado ingeniero Mauricio Macri en su presentación escrita realizada en el marco de la audiencia indagatoria de fecha 3 de noviembre de 2021″.
El magistrado convocó al ex ministro Oscar Aguad para el 10 de noviembre a las 10 de la mañana; mientras que una hora más tarde le recibirá testimonio al ex secretario Fernando de Andreis. El 11 de noviembre será el turno de Cecati y Yofre.
Bava hizo lugar también al pedido de que la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, y el diputado nacional de Juntos por el Cambio Cristina Ritondo (que integra la comisión de control de los organismos de inteligencia) declaren como testigos, aunque en sus casos recibirán un pliego de preguntas para responder, dadas sus respectivas funciones institucionales.
En cambio, el juez rechazó el pedido de citar como testigo a la exministra de Seguridad y actual titular del PRO, Patricia Bullrich.
La semana pasada, el ex presidente Macri no había podido declarar ante el juez Martín Bava en el marco de la causa por presunto espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan porque la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) reconoció, en un legajo reservado y restringido a las partes, que el organismo no tenía entidad suficiente para relevarlo del secreto de Estado a un ex jefe de la Nación.
Nadie se había percatado de esta situación y el ex presidente se retiró de Dolores sin emitir una palabra ante el magistrado y logró así aplazar su indagatoria. Por eso, rápidamente Alberto Fernández firmó un decreto para relevarlo de la obligación de guardar secreto y confidencialidad, en los términos de la Ley Nº 25.520.
De esta forma Martín Bava tiene despejado cualquier inconveniente para que se pueda efectuar la indagatoria, el principal acto de defensa de cualquier ciudadano en un proceso penal. El decreto solo tiene impacto en la causa en la que se investiga a Macri por presunto espionaje a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.
En el escrito que presentó, Macri había asegurado que “jamás” espió ni ordenó espiar a nadie y acusó al juez de actuar de acuerdo a motivaciones políticas, a la vez que pidió que se cite a declarar como testigo a la interventora de la AFI para que explique cómo fue el hallazgo de los elementos que dieron origen a la denuncia.
También se refirió a cuáles eran sus responsabilidades en relación a la política de inteligencia nacional y remarcó que “el Presidente de la Nación” no participa de la ejecución del plan estratégico que se diseñe en esa materia pero sí de los lineamientos y objetivos.
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