Cristina Kirchner quería apartar del caso “Cuadernos” a un juez por temor de parcialidad, pero no le hicieron lugar

La defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner fracasó esta semana en su intento por apartar a uno de los jueces del Tribunal Oral Federal 7, que tiene en sus manos la llamada causa de los “Cuadernos”. La vicepresidenta, acusada de ser la jefa de una supuesta asociación ilícita que recaudaba coimas entre empresarios que hacían negocios con el Ministerio de Planificación, había recusado al juez Germán Castelli por “temor de parcialidad” por sus declaraciones públicas cuando criticaba al oficialismo por haber puesto en revisión los traslados de un grupo de magistrados.

Es que Castelli había llegado al TOF 7 “trasladado” desde un tribunal oral de San Martín y que, en sintonía con sus colegas de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, acudieron ante la Corte Suprema para evitar ser “corridos” de esos cargos. Fueron los únicos que judicializaron su batalla luego de que el oficialismo Consejo de la Magistratura decidiera dar marcha atrás con los traslados que ese mismo organismo había habilitada en épocas macristas y puso en foco diez traslados que consideró “irregulares”.

La decisión de la Corte ya ocurrió hace casi un año: después de habilitar un per saltum que enojó al presidente Alberto Fernández, el máximo tribunal frenó el mecanismo de los traslados, pero mantuvo en sus cargos a esos magistrados hasta que se avance con concursos de nombramiento en donde ellos puedan participar. Eso frenó la jugada del oficialismo que buscaba elegir a los candidatos a ocupar cuatro lugares en la Cámara Federal -con un concurso que ya estaba abierto para dos cargos, más los dos que se sumaban de Bruglia y Bertuzzi-.

En el concurso para ocupar el cargo en el TOF 7 , mientras tanto, aún no tuvo avances, sobre todo porque Castelli sostiene que no puede volver a su viejo puesto en el tribunal oral de San Martin porque ya había postulantes que habían dado su examen. Y, en medio de sus reclamos para evitar traslados, el juez dio distintas entrevistas en donde sostuvo que la medida impulsada por el oficialismo era un “ataque prepotente’, una “tropelía”, un “intento de sacar jueces de prepo, así, a los empujones”, una “barbaridad” y una “vergüenza”.

“Soy juez natural en causas sensibles radicadas en dicho tribunal de repercusión pública nacional e internacional, respecto de algunas de las cuales el propio Presidente de la Nación se ha pronunciado por la inocencia de su compañera de fórmula, imputada en diversos procesos que han derivado en el reiterado reclamo de recursos a esa Corte para la prestación del adecuado servicio de justicia conforme la Constitución Nacional”, afirmó el juez en esas entrevistas.

El 10 de septiembre último, la defensa de la vicepresidenta a cargo de los abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, reclamó la recusación de Castelli por temor de parcialidad en base a esas entrevistas. Pero el miércoles pasado, los jueces del TOF Fernando Canero y Enrique Méndez Signori respaldaron a Castelli en la causa porque de esas expresiones no podía deducirse que “se haya puesto en riesgo el deber de imparcialidad”.

Castelli “en ningún momento realizó una valoración de la imputación dirigida a la señora Cristina Elisabeth Fernández por la fiscalía en el requerimiento de elevación a juicio; mas por el contrario, frente al objeto de sus declaraciones públicas, el magistrado se encargó de señalar -en reiteradas ocasiones- que en el ejercicio de su función jurisdiccional ´cualquier ciudadano o ciudadana (iba a tener) un juicio justo´”, expresaron.

La ex presidenta tiene, sin embargo, una batería de cuestionamientos sobre el origen de la causa cuadernos y la validez de las declaraciones de los “arrepentidos”. En un fallo dos a uno, la Cámara Federal de Casación Penal había avalado las declaraciones de esos “imputados-colaboradores” pero hay un recurso presentado en la Corte Suprema de Justicia. Las declaraciones de los “arrepentidos” son precisamente el motor de esa investigación que impulsaron el juez Claudio Bonadio, ya fallecido; y el fiscal Carlos Stornelli.

Mientras tanto, aunque el tramo principal de la causa ya fue elevado a juicio, Stornelli activó esta semana un pedido para que, vía exhorto, se acceda a la declaración de Hugo “El Pollo Carvajal”, ex jefe de inteligencia del régimen chavista, que confesó ante un juez de España que el gobierno de Venezuela había mandado 21 millones de dólares para financiar la campaña de Cristina Kirchner en 2007. Lo relacionó con los aportes que hizo como arrepentido el ex funcionario Claudio Uberti sobre el envío de dinero a la Argentina por parte del gobierno de Hugo Chávez.

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