
El fiscal Guillermo Marijuán sostuvo que Cristina Kirchner debe seguir siendo investigada en el marco de la causa conocida como “la ruta del dinero K” y le pidió al juez Sebastián Casanello una serie de medidas de prueba. La Vicepresidenta tiene falta de mérito desde 2018 pero hace una semana el magistrado le pidió opinión al fiscal y a las querellas para definir su situación procesal.
“En relación al motivo de la vista conferida y respecto de Cristina Elisabet Fernández, esta parte considera que la investigación no se encuentra acabada, estimando necesario, a los fines de completar el cuadro probatorio que permita determinar el efectivo rol que le cupo a la imputada en los hechos investigados, la realización de las diligencias que se mencionaran en adelante”, sostuvo el fiscal en un extenso escrito al que tuvo acceso Infobae.
Marijuán también menciona en su dictamen otra causa abierta contra Lázaro Báez en la que se encuentra pendiente un informe de la Dirección de Recupero de activos de la Procuración sobre las supuestas operaciones de lavado del empresario y sus allegados. Según el fiscal, ese informe “resultar relevante a los fines de valorar la situación procesal” de la vicepresidenta.
Hace una semana, el juez Casanello le dio intervención al fiscal, a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la AFIP para que opinen sobre la falta de mérito de la ex presidenta.
La UIF contestó mediante un escrito de apenas una carilla. “Venimos a manifestar que todas las líneas de investigación y medidas de prueba que esta UIF consideraba pertinentes, ya han sido sugeridas a la instrucción a través de las diversas presentaciones e informes de inteligencia oportunamente acompañados a esta causa, no teniendo otras nuevas que ofrecer”, dice esa presentación firmada por un abogado del organismo anti lavado.
Algo similar planteó el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont. “Esta querella no tiene medidas a solicitar, las que en tal caso hubieran sido inmediatamente puestas en su conocimiento. Por lo demás, del marco probatorio existente, las resoluciones dictadas tanto por V.S. como por la Cámara del fuero, y su reciente imposición, a la fecha entendemos respetuosamente que los elementos reunidos en la causa permiten a V.S. merituar la situación procesal de los imputados y resolver conforme a las constancias obrantes y a su razonable convicción”, dice la respuesta de la AFIP.

La causa por la “ruta del dinero K” es una de las cinco causas que tiene abierta la vicepresidenta en los tribunales de Comodoro Py: actualmente está siendo juzgada en la causa de Vialidad y tiene otros juicios pendientes por Hotesur/Los Sauces y por los cuadernos de la corrupción. También está procesada en la causa por los vuelos al Sur, aunque la Cámara acaba de abrir un recurso para revisar su situación procesal.
A mediados de septiembre, al momento de resolver la situación del abogado Néstor Marcelo Ramos, la Sala II de la Cámara Federal le había ordenado al juez una definición sobre la situación procesal de CFK y otras dos personas. En ese expediente también siguen con falta de mérito Juan Pedro Damiani Sobrero, el ex presidente de Peñarol de Uruguay, y Antonio Demarco, un intermediario en la compra del campo El Entrevero.
“Corresponde hacerle saber al a quo (Casanello) que deberá cumplir con los términos establecidos en el art. 207 del C.P.P.N. a fin de resolver las situaciones procesales pendientes y concluir definitivamente la instrucción de la presente causa”, dijeron los camaristas Eduardo Farah y Mariano Llorens.

La “ruta del dinero k” es la única causa en la que Cristina Kirchner fue llamada a declarar y no terminó procesada. Así lo destacó ella misma en varias de sus últimas apariciones en tribunales, cuando se quejó del “lawfare” y de que todas sus causas caían en manos de los jueces Claudio Bonadio y Julián Ercolini.
La causa comenzó en abril de 2013, a partir de un informe del programa Periodismo para Todos (PPT) y apuntó a la red de cuentas bancarias abiertas en el exterior y la maniobra, mediante la compra de bonos, para reingresar el dinero a la Argentina, justo cuando el empersario necesitaba capitalizar su empresa para poder quedarse con la construcción de dos represas en Santa Cruz.
Durante el juicio también se debatió el traslado de dinero en los aviones privados de Báez desde el Sur hasta Buenos Aires, y la compra del campo “El Carrizalejo” en la provincia de Mendoza.
Lázaro Baéz fue condenado a fines de febrero a 12 años de prisión. También recibieron condenas sus cuatro hijos, su ex contador Daniel Pérez Gadín, el abogado Jorge Chueco, Fabián Rossi, entre otros.
Luego de las apelaciones, la definición ahora quedó en manos de la Sala IV de la Cámara de Casación.
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