Clientelismo político: la Cámara Electoral creó una secretaría penal

La Cámara Nacional Electoral creó una Secretaría dedicada exclusivamente a la competencia penal. Entre otras funciones, esa nueva repartición se encargaría de las denuncias sobre clientelismo político, uno de los temas que puso sobre la agenda la oposición luego de las PASO.

Entre las funciones de la nueva Secretaría, se destaca la registración y seguimiento de las causas sobre faltas y delitos que tramiten bajo el procedimiento previsto en el Código Procesal Penal de la Nación; la coordinación con el Ministerio Público Fiscal para establecer pautas de trabajo; la elaboración y seguimiento de un registro de delitos y faltas electorales del país; la coordinación y capacitación de referentes designados para la materia penal en las secretarías electorales de los Juzgados Federales con competencia electoral y la creación de manuales de trabajo de buenas prácticas.

Dentro de los delitos electorales, aparecen las denuncias por clientelismo que se multiplicaron en los últimos días. En ese sentido, luego de las PASO, Juntos por el Cambio creó un comité jurídico electoral, integrado por abogados, que se encarga de recibir las denuncias y hacer las presentaciones judiciales. Uno de los primeros casos que evaluó esta comisión fue la polémica entrega de kits de electrodomésticos destinados a organizaciones sociales en el municipio bonaerense de General Rodríguez, cuyo intendente, Mauro García, es del Frente de Todos, apenas cinco días después de que Juntos le ganó al oficialismo por el 39,17% de los votos contra el 28,9%.

Esas causas podrían terminar en la nueva Secretaría Penal.

Mediante la acordada 112, la Cámara Electoral, integrada por los jueces Santiago Hernán Corcuera, Daniel Bejas y Alberto Ricardo Dalla Via, creó esa Secretaría Penal, a cargo de la actual Directora General.

En los considerandos de la resolución, se destaca que la ley 27.504, que modificó la ley de Financiamiento de los partidos políticos, le asignó a la Cámara “una nueva competencia al instituirla como tribunal de alzada en los casos de delitos electorales que tengan prevista pena privativa de la libertad, o de cualquier otro delito contemplado por el Código Penal de la Nación u otras leyes especiales y complementarias”. “Para la tramitación de los casos de esa naturaleza –típicamente penales- se prevé la aplicación del procedimiento establecido por el Código Procesal Penal de la Nación o el que en el futuro lo reemplace”, agrega la resolución.

Esa nueva competencia requiere una serie de actividades de capacitación e implementar protocolos de trabajo con normas prácticas que establezcan el desarrollo de la competencia penal electoral, así como el dictado de normas prácticas para la regulación específica de este nuevo proceso que comienza a aplicarse.

Siempre según la acordada 112, la nueva Secretaría Penal tendrá a su cargo una serie de tareas puntuales:

a) Registración y seguimiento de las causas sobre delitos o faltas que tramiten bajo el procedimiento previsto en el Código Procesal Penal de la Nación, o el que en el futuro lo reemplace.

b) Coordinación y trabajo conjunto con las jurisdicciones electorales respecto de las causas mencionadas en el punto anterior, a partir de sistemas de registración como seguimiento de datos, con información de avance y resolución del caso.

c) Establecimiento de mesas de trabajo permanentes con el Ministerio Público Fiscal, a los fines de establecer pautas para la investigación y directrices de política criminal.

d) Elaboración y seguimiento de un registro de delitos y faltas electorales del país, con informes periódicos a la Cámara para su conocimiento y actualización con datos brindados por las jurisdicciones electorales.

e) Coordinación y capacitación de referentes designados para la materia penal en las secretarias electorales.

f) Establecimiento de manuales de trabajo de buenas prácticas para la tramitación de los delitos electorales.

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