Pedido por Cristina Kirchner, uno de los empresarios arrepentidos en cuadernos declara en el juicio por vialidad

Otro de los empresarios arrepentidos en la causa de los cuadernos de la corrupción declarará como testigo en el juicio oral por las presuntas irregularidades en la obra pública que Lázaro Báez recibió para Santa Cruz durante el kirchnerismo. Se trata de Carlos Wagner, dueño de “Esuco S.A.” y ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, y pedido por la vicepresidenta Cristina Kirchner, una de las acusadas en el caso. Lo hará mañana a partir de la 9:30 horas por videoconferencia ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 que también juzga a Julio De Vido y José López, a quienes el empresario nombró como parte de la corrupción en la obra pública.

Será el segundo empresario arrepentido en presentarse en el juicio. Pero no el último. La semana pasada declaró como testigo Juan Chediack, también ex presidente de la misma Cámara, tiene que fijarse fecha a otros, como Angelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri, y definirse si van convocar a una nueva tanda como pidió el fiscal Diego Luciani, entre ellos Aldo Roggio. Todos confesaron haber pagado coimas para tener negocios con el estado.

La declaración de los arrepentidos fue discutida. Chediack y Calcaterra pidieron no hacerlo. Dijeron que como son arrepentidos en una causa en la que también se discuten obras públicas y que tienen acusados en común, si se presentaban a declarar como testigos podrían autoincriminarse con algún dicho o ante las preguntas de las partes. El TOF rechazó el planteo de Chediack y tiene pendiente de resolución el de Calcaterra. Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso dijeron que las causas son distintas, que los roles de los empresarios también lo son -en una acusados, en otra testigos- y que los arrepentidos pueden negarse a contestar lo que los comprometa.

Y así comenzaron a declarar. El primero fue Chediack, el lunes de la semana pasada. “Nuestras empresas no participaron de ninguna licitación en la provincia de Santa Cruz, por lo cual carecemos de información sobre los hechos que pasaron. La Cámara Argentina de la Construcción no tiene delegación en Santa Cruz y Austral Construcciones no es socia de la Cámara y no recibimos de nuestros asociados alguna denuncia o información respecto de irregularidades en la provincia de Santa Cruz”, declaró y así no aportó datos sobre las obras de Báez, que es lo que se juzga en este caso.

Para el día siguiente estaba prevista la declaración de Wagner, quien no objetó su citación. Pero fue suspendida. El empresario pidió declarar por videoconferencia desde su domicilio por su estado de salud. Dijo que padece un deterioro cognitivo leve que no le impide ser testigo pero que por esa situación y por su edad le resulta más cómodo hacerlo desde su casa. El juicio se hace con una modalidad mixta. Los jueces y los testigos desde una sala de los tribunales de Comodoro Py y la Fiscalía, las querellas, las defensas y los acusados desde una plataforma virtual.

Ante el pedido de Wagner varias partes pidieron que antes de resolver desde donde declara se determine si está en condiciones de hacerlo. Señalaron que el deterioro cognitivo que planteó el empresario podía ser un impedimento y que se debían hacer pericias médicas. El tribunal rechazó los pedidos. Los magistrados explicaron que el empresario envió estudios médicos y que “antes bien se imponen la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía del testigo, cualidades que le son especialmente reconocidas a partir de su avanzada edad tal como lo establece la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, aprobada por Ley 27.360″.

“Someter al declarante -sobre quien no pesa imputación alguna en el marco de autos-, a las evaluaciones médicas que se pretenden, riñe con las definiciones de los derechos enunciados, además de que excede los alcances de la carga que le cabe en su condición de testigo convocado”, agregaron Giménez Uriburu, Gorini y Basso.

La declaración de Wagner fue pedida por la defensa de Cristina Kirchner. Lo hizo para que de cuenta de cómo se licitaban las obras públicas durante su gobierno ya que el empresario no solo tenía una compañía constructora, sino que estaba al frente de la Cámara que las nucleaba en la que estuvo al frente de 2004 a 2012. Ese planteo fue antes que Wagner se convierta en arrepentido en la causa de los cuadernos.

Su nombre apareció en las anotaciones del chofer Oscar Centeno que daban cuenta de los lugares, días y horas en los que Roberto Baratta, funcionario del Ministerio de Planificación, se reunía con empresarios para cobrar coimas. Wagner fue detenido en agosto de 2018 por el juez Claudio Bonadio y pidió declarar como arrepentido.

Wagner confesó que pagó coimas, que lo mismo hacían otros empresarios y que en la Cámara se ponían de acuerdo en las licitaciones públicas: se decidía qué tres empresas se presentaban, se ponían de acuerdo con los precios a ofertar y se decidía quién ganaba. El soborno era de entre el 10 y 20 por ciento del valor de la obra. Era el Club de la Obra Pública.

El empresario contó que ese sistema comenzó con la llegaba de Néstor Kirchner al gobierno, en 2003, y que quien le transmitió el esquema fue el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Wagner declaró que las coimas se las pagaba a Baratta y a José López, quienes le decían que el dinero era “para arriba”.