Envían al Congreso un proyecto que aumenta la injerencia del Estado y de los gremios en las empresas

El Gobierno anunció que presentará un proyecto de ley para crear Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgo en el Trabajo en las empresas. La iniciativa que será enviada al Congreso es impulsada por el presidente Alberto Fernández, cuenta con el aval de la CGT y aumenta la injerencia del Estado y de los gremios en las compañías con más de 100 empleados.

El texto, según se informó, sigue los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), creando un órgano paritario con el objetivo de implementar medidas que mejoren y garanticen la salud de los trabajadores. En las empresas que tengan más de 100 trabajadores será obligatorio contar con estos Comités. Además, deberán contribuir también a la prevención de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, así como de cualquier otra forma de discriminación.

Los empresarios temen que la iniciativa se termine transformando en un proyecto de intervención estatal de compañías, lo que genera ruido en el sector y atenta contra uno de los principales desafíos de la economía en un país con 40% de pobres: la generación de empleo.

En su elaboración participaron el Ministerio de Trabajo de la Nación que encabeza Claudio Moroni y el de Mujeres, Géneros y Diversidad, cuya titular es Elizabeth Gómez Alcorta. En las empresas más chicas “se concederán facultades específicas a los delegados para participar y actuar en todos los temas relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo”, según consta en el comunicado oficial que se difundió.

En términos políticos, el proyecto representa una señal más del acercamiento entre la CGT y la Casa Rosada luego de la derrota del oficialismo en las Primarias. La semana pasada, el viernes 1° de octubre, Alberto Fernández había recibido a la cúpula cegetista en Balcarce 50 y allí quedaron claras las estrategias que apuntan a mejorar el resultado en las urnas del 14 de noviembre. El Presidente les propuso trabajar junto a sus ministros para que con la apertura de nuevas actividades gracias a la mejora en la situación sanitaria del país “se impulse la reactivación económica”.

“No hay que demorar más tiempo en resolver estas cosas que deberían estar resueltas en el siglo veintiuno”, sostuvo el Presidente, ayer, tras la reunión con la central obrera, que comenzó cerca de las 11.40 cuando él arribó acompañado de la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra. “Éste es el modo de trabajar, no hay otra manera”, concluyó en su exposición ante los gremialistas.

“Este proyecto de Ley da vuelta 20 años de discusión en la Argentina, generando ámbitos donde participan las comisiones internas y los empresarios en la solución de temas”, indicó Daer en una ronda de prensa con los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno. “Me parece que esto muestra claramente hacia dónde va un proceso político que marca que el diálogo entre trabajadores y empresarios es el camino a la asignación de derechos y mejores condiciones laborales”, agregó el titular de la CGT.

De maneral puntual, estos comités -en caso de aprobarse el proyecto- estarán integrados por representantes gremiales y de las empresas. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Trabajo de la Nación, que podrá intervenir cuando “las medidas adoptadas y los medios utilizados por el empleador o empleadora no son suficientes para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo”.

“En los casos en que la autoridad de aplicación respectiva compruebe que la inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales implica, a su juicio, un riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, podrá ordenar la paralización inmediata de tales trabajos o tareas”, se destaca en el texto del proyecto.

El vínculo entre la CGT y el Gobierno de Alberto Fernández viene de lejos porque el sindicalismo argentino ha sido históricamente dominado por el peronismo. Pero la dura derrota electoral en las PASO de septiembre y la llegada de Juan Manzur a la Jefatura de Gabinete lo reforzó. La central obrera se transformó en el principal aliado gubernamental. Es notorio que en muchos de los actos oficiales aparezca alguno o algunos de los representantes sindicales para respaldar iniciativas o proyectos de ley. Y también los ministros nacionales dicen presente en las sedes gremiales como ocurrió el lunes en la sede de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción).

Por la CGT estuvieron en la Rosada el secretario general, Héctor Daer; el cosecretario general de esa central obrera, Carlos Acuña; el diputado nacional y dirigente de la CTA, Hugo Yasky; el titular de la UOM, Antonio Caló; el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez; la titular de SADOP, Marina Jaureguiberry; el Secretario General de ATE, Hugo Godoy, y el de la UOCRA, Gerardo Martínez.

Formaron parte del encuentro, a su vez, los secretarios generales de la CTA Autónoma, Ricardo Peidró; de ATE Capital, Daniel Catalano; de SUTEBA, Roberto Baradel; de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subtes y Premetro, Roberto Pianelli; de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti; y la secretaria general de la Unión de Trabajadores de Moda e Imagen Publicitaria, Noemí Ruiz.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Participaron también las diputadas nacionales Vanesa Siley y Patricia Mounier. Ahora habrá que esperar si en el Congreso Nacional el proyecto logra avanzar después del tropiezo que tuvo el oficialismo este martes en el tratamiento de la Ley de Etiquetado Frontal a la que la oposición se negó a tratar en sesión especial. No será fácil la tarea para el Frente de Todos con este nivel de tensión a nivel parlamentario.

La CGT hará sentir su respaldo a Alberto Fernández con la movilización que tiene armada para el 18 de octubre, un día después de la celebración del Día de la Lealtad Peronista, frente al Monumento al Trabajo, en Paseo Colón al 800, donde esperan reunir medio millón de personas. El Gobierno anunció su propio acto el domingo 17 en el Mercado Central con el Presidente como orador principal y para ese día pidió el respaldo sindical.

Representantes de la “mesa chica” de la CGT como Antonio Caló (Unión Obrera Metalúrgica) y Héctor Daer (Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad de Argentina) participaron por ejemplo el 30 de septiembre del envío al Congreso del proyecto de Ley del Régimen de fomento al desarrollo agrobioindustrial, cuando Cristina Kirchner reapareció en la Casa Rosada. Varios de los representantes cegetistas habían estado el 26 de agosto en el lanzamiento del “Congreso de la Producción y el Trabajo”.

“El peronismo tiene históricamente la responsabilidad de poner a la Argentina de pie. Y estamos afrontando ese desafío junto con el movimiento obrero y la histórica CGT, columna vertebral del movimiento nacional justicialista”, expresó el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en el acto de la UOCRA el lunes de esta semana, cuando se firmó el acta de acuerdo del Programa “Construir Trabajo e Igualdad”, con la presencia de seis ministros del gabinete nacional: además del gobernador tucumano, estuvieron Martín Guzmán (Economía), Eduardo “Wado” de Pedro (Interior), Claudio Moroni (Trabajo), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Juan Zabaleta (Desarrollo Social).

Ese programa contempla la capacitación de desocupados y beneficiarios de planes sociales desde la Fundación UOCRA para la Educación y el Trabajo, mientras que, a través de la Cámara Argentina de la Construcción, las empresas que están a cargo de diferentes obras públicas en todo el país se encargarán de la contratación formal de los trabajadores.

Este martes, Alberto Fernández cerró la Convención Anual 2021 de la Cámara Argentina de la Construcción para pedirle a los empresarios que “no piensen” lo que cuesta el pago de esa compensación, sino en “generar trabajo”, en otro guiño hacia la central obrera. También fue una respuesta a las expresiones de algunos dirigentes de la oposición como Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió que se habían manifestado su postura sobre la eliminación de las indemnizaciones como solución para apuntalar a las pequeñas y medianas empresas.

SEGUIR LEYENDO