Varias candidatas a cargos públicos en las elecciones autonómicas de Bolivia son víctimas de una ola de violencia política, según reveló un estudio de la organización Coordinadora de la Mujer que documentó 665 ataques dirigidos contra 17 mujeres que participan en el proceso electoral.
El reporte del organismo señala que los ataques se realizan principalmente a través de las redes sociales y que su monitoreo permitió identificar algunos patrones basados en estereotipos de género, como la sexualización, el cuestionamiento de sus capacidades o la ridiculización.
“Se cuestiona cómo se ven, si se visten o no se visten, si se maquillan o no, o se afirma que solo sirven para eso”, explicó en el reporte Tania Sánchez, coordinadora de la institución. De acuerdo con el análisis, algunos mensajes buscan desacreditar la participación política de las mujeres con comentarios que insinúan que deberían dedicarse a tareas domésticas.
El estudio, realizado en Facebook, Instagram, X (Twitter) y TikTok entre el 30 de noviembre de 2025 y el 13 de febrero de 2026, evidencia que el 70% de las candidatas afectadas postulan a cargos ejecutivos y el resto a legislativos. En tanto, los ataques son más frecuentes cuanto más jóvenes son las postulantes: el 56% de las afectadas tiene entre 30 y 40 años.
El boletín documenta casos emblemáticos que ilustran cómo la violencia digital combina insultos, cosificación, desinformación y discursos de odio. En varios casos, los ataques no solo se dirigen a una candidata específica, sino que comparan o enfrentan a mujeres entre sí para desacreditarlas colectivamente.
Entre las candidatas atacadas, el organismo mencionó a la exalcaldesa de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, y la exdiputada por la misma región, Luisa Nayar. También hace mención al acoso que enfrentan las candidatas Mayté Flores, Rocío Molina, Luciana Campero y Toribio Lero, quien ha denunciado ser víctima de insultos que se centran en su autoidentificación indígena.
Para el Observatorio de Género de la organización, estos patrones no constituyen hechos aislados, sino parte de estrategias que buscan erosionar la legitimidad de las candidatas, especialmente cuando disputan espacios de mayor poder político.
Algo similar ocurrió en las elecciones nacionales de octubre pasado, cuando se documentaron ataques y discursos de odio contra cinco candidatas, entre ellas la única mujer que disputó la vicepresidencia, Mariana Prado.
A pesar de que Bolivia sanciona el acoso y la violencia política a través de la Ley 243, la recurrencia de los casos muestra que es una práctica que persiste y es estructural. Al dar a conocer su estudio, la Coordinadora de la Mujer exigió al Tribunal Supremo Electoral que sancionara la difusión de contenidos misóginos y activara los mecanismos previstos para prevenir renuncias forzadas por acoso.
“La violencia política digital no solo vulnera derechos individuales, sino que afecta la calidad democrática en su conjunto. Garantizar campañas electorales libres de violencia es una condición para una democracia plena”, afirmó Sánchez.
El tema de la violencia política ha estado en debate en las últimas semanas a raíz de la renuncia de tres altas funcionarias de Estado en medio de polémica y tensiones políticas. Uno de los casos tiene que ver con la exviceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, quien renunció al cargo en medio de críticas y presiones por haberse negado a fijar un plazo para el establecimiento de un nuevo modelo de distribución fiscal.
Luego de presentar su renuncia, Barrientos publicó un mensaje en el que señala las dificultades que enfrentan las mujeres para ejercer la política y afirma que “las varas casi siempre son distintas” a las de los hombres.
“Nos llaman incapaces, no aptas, inadecuadas. Llegan los golpes, las descalificaciones, los intentos de silenciarnos. Pero muchas ya hemos estado ahí antes y déjenme decirlo con absoluta certeza: vienen miles más. No les alcanza la hoguera para tantas“, finalizó.
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