La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) anunció el aumento de 30% en el valor de los aranceles vigentes del “Sistema de Prestaciones para la Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad”, acumulando un total acordado durante 2021 de 78,35 por ciento. El incremento se dispuso después de un reclamo de organizaciones del sector, que alertó por la interrupción de los servicios destinado a este grupo vulnerable.
“Este aumento representa una clara demostración del compromiso que asumió nuestro Gobierno para seguir generando las respuestas que las personas con discapacidad demandan en nuestro país”, destacó el director ejecutivo de la ANDIS, Fernando Galarraga.
La actualización arancelaria se efectivizará en tres partes acumulativas de 10% que comenzarán a abonarse en octubre y noviembre de este año, y febrero del 2022. “Estamos convencidos que, a partir de un Estado presente, que escucha y dialoga, podemos avanzar en la construcción de una sociedad con menos desigualdad y más inclusión”, finalizó Galarraga.
También, se actualizaron los aranceles base sobre las prestaciones de Hogar con Centro de Día y Hogar con Centro Educativo Terapéutico. Se equipara el monto de la prestación combinada a la suma de esas prestaciones por separado, y sobre dicha resultante, se aplican los tramos de aumento del 30% acumulativo.
El nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad establece cuestiones de vital importancia para las personas en Argentina que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad según la Ley 22431, entre las que se encuentran prestaciones que van desde la estimulación temprana y el maestro de apoyo hasta la internación por rehabilitación, pasando por la alimentación, hogares, residencias, escolaridad, centro educativo y formación laboral.
Hace unas semanas, el sacerdote Pablo Adrián Molero, coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los derechos de las personas con discapacidad, presentó una nota al director ejecutivo de la Andis exponiendo la crisis por la que atraviese ese sector de la salud, ante la negativa de las obras sociales para afrontar los servicios y el agravamiento del problema de las demoras en el pago de honorarios.
“Nos dirigimos a usted a fin de presentarle la gravísima situación económica que sufren las instituciones, profesionales y transportistas que prestan servicios por y para las personas con discapacidad”, define la misiva firmada por el también responsable de la comisión de personas con discapacidad de la arquidiócesis de Buenos Aires.
El organismo descentralizado, creado por decreto el 5 de septiembre de 2017 a instancia de la entonces vicepresidenta Gabriela Michetti, forma parte del organigrama de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a cargo de Julio Vitobello. El planteo llegó ante el presidente Alberto Fernández, quien llamó al religioso ante el riesgo de la interrupción de las prestaciones para personas con discapacidad y la atención brindada por los centros asistenciales a niños, adolescentes y adultos.
En mayo del año pasado, en plena pandemia de coronavirus, Molero le había reclamado a través de una carta pública a los responsables de las obras sociales nacionales por los atrasos que estas mantenían con los prestadores y, por ende, con sus afiliados.
Las prestaciones esenciales para miles de familias incluye servicios como apoyo a la inclusión escolar; transporte, atención psicológica, de fonoaudiología, psicopedagogía, entre otras disciplinas profesionales. Es una población que Síndrome de Down, Autismo, Trastornos del Espectro Autista como Síndrome de Asperger, retraso mental y retraso madurativo, entre otras.
Ante esa situación de riesgo, el jefe de Estado se comprometió con Molero a interceder en el sensible conflicto que se ve agravado por el avance de la inflación, según pudo saber Infobae. Este jueves, la Andis oficializó el incremento de las prestaciones.
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