La condena a prisión perpetua por la “Masacre de Trelew” a Carlos Amadeo Marandino quedó firme este miércoles luego instancias de apelación que terminaron en la Corte Suprema. El ex marino había recibido la sentencia el 15 de octubre de 2012, junto con Luis Emilio Sosa y Emilio Jorge del Real, quienes murieron en los últimos años. Se trata de la causa que investigó el fusilamiento en agosto de 1972 de 16 militantes de izquierda que se habían fugado de la unidad penitenciaria de Rawson.
La sentencia a Marandino fue revisada y confirmada en 2014 por la Cámara Federal de Casación Penal, que además revocó la absolución de Rubén Norberto Paccagnini, jefe de la base Almirante Zar, y de Jorge Bautista, uno de los encubridores de la masacre. Pero la decisión de la Cámara fue recurrida y la Corte Suprema de Justicia de la Nación demoró seis años en resolver el planteo. Finalmente, el expediente volvió a la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) que, en mayo de este año, rechazó el recurso extraordinario. La defensa de Marandino no recurrió en queja ante el máximo tribunal por lo cual la condena quedó firme.
En la sentencia se determinó que estos hechos constituyeron crímenes de lesa humanidad porque formaron parte de una persecución sistemática y generalizada contra un sector de la población civil por parte de la dictadura de Alejandro Lanusse. En el juicio se demostró que se trató de un fusilamiento de presos políticos y no una defensa de los marinos ante un supuesto intento de fuga de la base aeronaval. Las pruebas incorporadas mostraron, además, vínculos directos entre las dictaduras de 1966 y 1976, tanto en los métodos empleados (torturas, secuestros, asesinatos) como en la identidad de las víctimas.
En la madrugada del 22 de agosto de 1972, durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, 16 presos políticos detenidos en la Base Aeronaval Almirante Zar, en Trelew, fueron asesinados por integrantes de la Armada Argentina. Todos eran militantes de las organizaciones político- militares FAR, ERP y Montoneros que habían logrado fugarse de la unidad penitenciaria de Rawson y que, ante la imposibilidad de escapar del país, se entregaron a las Fuerzas Armadas. Otros tres sobrevivieron para contar los hechos, aunque desaparecieron durante la última dictadura.
En el juicio, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fue querellante, junto con Eduardo Hualpa, en representación de los familiares de Rubén Bonet, Carlos Astudillo, Adrián Toschi, Eduardo Capello, Susana Lesgart, Carlos Del Rey. Al conocer la sentencia firme, volvieron a reclamar la extradición de Estados Unidos de Roberto Guillermo Bravo, otro de los responsables de la masacre que no pudo ser juzgado en 2012.
Bravo, de 79 años, vive en Estados Unidos desde fines de los 70, donde llegó como representante de la Embajada de facto. En los 90 se convirtió en un empresario exitoso de servicios de salud. En 2008, tras la declaración de la Masacre de Trelew como delitos de lesa humanidad, la justicia chubutense expidió el primer pedido de extradición de Bravo a su par de Miami.
Según los relatos de testigos y sobrevivientes, el ex teniente había sido uno de los que apretaron los gatillos en la Masacre. El pedido fue rechazado, pero tras la sentencia del juicio en el que los ex marinos Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino fueron condenados a prisión perpetua, fue reiterado.
En octubre pasado finalmente fue detenido en su mansión de Miami. “En marzo de este año el fiscal de distrito de Miami, Jason Wu, se pronunció a favor de la extradición. En su memorial, el fiscal descartó que se haya tratado de la represión de una fuga, consideró que fueron ejecuciones extrajudiciales y que, como tales, no pueden considerarse una excepción al tratado de extradición entre Estados Unidos y la Argentina”, recordó el CELS.
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