El Gobierno de Alberto Fernández ratificó su alineamiento con el régimen de Nicolás Maduro. A través de un Decreto mediante el cual se actualizó la directiva de política de defensa, al hacer un análisis de la región, consideró que la crisis en Venezuela se exacerbó por la pandemia de COVID-19 y por las sanciones impuestas contra la dictadura bolivariana. El Poder Ejecutivo Nacional utilizó dichos argumentos para justificar su salida del Grupo de Lima.
El Decreto 457/2021 que aprueba “la actualización de la ‘Directiva de Política de Defensa Nacional’” fue publicado este lunes en el Boletín Oficial y cuenta con las firmas del presidente Fernández, del jefe de Gabinete Santiago Cafiero y de los ministros, de Defensa Agustín Rossi, y de Relaciones Exteriores, Felipe Solá. El documento establece los “lineamientos, prioridades y restricciones” en materia de Defensa.
La determinación fue acompañada por un anexo de 39 fojas en las que el Gobierno argentino hace previamente un “diagnóstico y apreciación del escenario global y regional” para luego plantear los tableros “estratégico-militar”, “económico-comercial”, y “transnacional” sobre los cuales se definieron las bases de la actualización de la directiva en materia de defensa.
Al referirse a la situación de los países del Cono Sur, al ser el turno de Venezuela, se resaltó que Argentina está “comprometida con el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados”. Una definición similar a la que se expresó sobre la represión en Cuba la semana pasada. Si bien sostiene que “sigue con preocupación la crisis política, económica y humanitaria”, considera que la misma fue “exacerbada por la pandemia del COVID-19″. El Gobierno de Alberto Fernández se encolumna detrás del discurso oficial del chavismo al referirse a las sanciones impuestas por la comunidad internacional a funcionarios, cuentas y activos del régimen en el exterior como “bloqueos físicos y financieros que agravan aún más el sufrimiento del pueblo venezolano”.
Si bien al igual que en otros países, el coronavirus ha hecho estragos con la economía y los sistemas sanitarios, en Venezuela desde antes de la pandemia se alertó sobre la escasez de medicamentos y el estado de los hospitales. Por una cuestión geopolítica, el régimen recibe vacunas Sputnik V y Sinopharm, y avanzó con la aplicación del inoculante cubano que no cuenta con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pese a los acuerdos establecidos con Rusia, China y Cuba, según el propio Nicolás Maduro, Venezuela cuenta con vacunas para inmunizar apenas al 20% de su población. Hasta principios de mes, se había vacunado a poco más de dos millones y medio de personas. Ese número ubica al país como el peor de Sudamérica en esa materia. Para justificar sus falencias, Maduro justificó que su Ejecutivo está “luchando contra el bloqueo y la escasez de vacunas”.
Y si bien Argentina “condena” las sanciones que pesan sobre Maduro y la dictadura, sostiene que “la comunidad internacional tiene el deber de colaborar en la facilitación del diálogo entre las partes y en la búsqueda de una salida política en el marco de los mecanismos institucionales y constitucionales vigentes”. Por ello, el Gobierno “se integró al Grupo Internacional de Contacto (GIC) y decidió retirarse formalmente del Grupo de Lima”.
Alberto Fernández tomó la determinación de apartarse del bloque regional que denuncia los atropellos de la dictadura de Maduro y que brinda respaldo a Juan Guaidó a fines de marzo. En el Decreto publicado este lunes, justificó que las acciones que el Grupo de Lima “ha venido impulsando en el plano regional e internacional han sido contraproducentes a la hora de buscar una salida consensuada con todos los actores relevantes de la política local”.
“En este contexto, las elecciones regionales de este año se presentan como una oportunidad para comenzar a trabajar con una estrategia que vertebre desde abajo hacia arriba un sistema político afectado por la apatía que produjeron en el electorado y la sociedad civil las estrategias de boicot, vaciamiento e instrumentalización por parte de oposición y oficialismo”, concluyó el apartado sobre Venezuela haciendo referencia a los comicios previstos para el 21 de noviembre donde se eligen gobernadores y alcaldes, en los que a la falta del aval internacional se sumó recientemente la detención del político opositor y colaborador de Guaidó, Freddy Guevara.
El arresto del dirigente tuvo lugar cuando la oposición y el gobierno de Maduro prevén retomar las negociaciones. Guaidó, reconocido presidente interino de Venezuela por Estados Unidos y medio centenar de países, calificó la detención de su colaborador como un “secuestro”. Guevara formó parte del grupo opositor que se reunió con una delegación de la Unión Europea que estudia la posibilidad de enviar una comisión de observación electoral para las elecciones de noviembre.
El mismo día que Guevara fue detenido, Guaidó fue interceptado por funcionarios del grupo élite (FAES) de la Policía: dispararon en el estacionamiento de su residencia y golpearon a su chofer. En un comunicado, los representantes de Guaidó ante la Casa Blanca denunciaron que esa “escalada de persecución” es la respuesta del régimen de Maduro a los esfuerzos “por abordar una solución a la crisis en Venezuela a través de un proceso de negociación con la facilitación de Noruega y el apoyo del mundo democrático, especialmente de Estados Unidos, Canadá y Europa”.
En consonancia con esta línea de política exterior, el gobierno argentino, a través del mencionado decreto, cuestionó el rol de la Organización de Estados Americanos (OEA). “Se observa en la OEA una reducción de sus funciones de coordinación multilateral e invitación al diálogo, limitándose en sus más recientes acciones a proveer legitimación para sanciones impuestas a ciertos Estados de la región”, se afirma en el documento.
El organismo multilateral, en diciembre del año pasado, denunció delitos de lesa humanidad en Venezuela, a través de un informe donde señaló 653 casos documentados de tortura y certificó, además,15.501 detenciones arbitrarias.
ISLAS MALVINAS, CHINA Y LA “ZONA DE PAZ” DE LA REGIÓN
El anexo del Decreto 457/2021, que representa una actualización de la ‘Directiva de Política de Defensa Nacional, firmado por Fernanda Llobet, subsecretaria de Planeamiento Estratégico y Política Militar, también hace un repaso sobre la situación de las Islas Malvinas, en donde se ratifica la “legítima e imprescriptible soberanía” de la Argentina.
“La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”, se agrega.
Por otro lado, se afirma que “los movimientos, doctrinas y planificación de la República Popular China indican una preparación para un mundo en el que los conflictos bélicos interestatales son una posibilidad concreta”.
En cambio, en el ámbito suramericano, predominan prácticas opuestas. “Se destaca una realidad caracterizada por la escasa probabilidad de conflictos interestatales con derivaciones militares, en la cual los diferendos territoriales se han dirimido a través de medios de solución pacífica y de la apelación al Derecho Internacional”, se completa.
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