Se reanudó un nuevo juicio contra Ricardo Jaime: es por acordar cobrar coimas en cuotas para hacer el nunca concretado Tren Bala

El ex presidente Néstor Kirchner anunció en abril de 2006 la construcción del Tren de Alta Velocidad (TAVE) que iba a unir la Capital Federal con Rosario y Córdoba. Nunca se hizo. Lo que sí sucedió fue el pacto de una coima en cuotas por un millón de dólares que iban a cobrar el por entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime y su testaferro Manuel Vázquez por haber armado la licitación para que la ganara la empresa francesa Alstom junto a sus socios argentinos.

Suena un tanto descabellado lo de “coima en cuotas” pero eso fue lo demostrado judicialmente. El caso que llegó a la etapa de juicio oral y público en 2021 es otro de los tantos que comenzaron durante el gobierno de los Kirchner. La investigación se inició por denuncias presentadas en 2008 por personas de pensamientos políticos diversos que coincidieron en sospechar de un negocio millonario.

Uno de los denunciantes fue Mario Cafiero, dirigente fallecido el año pasado y tío del actual Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Otros fueron Claudio Lozano, hoy integrante del directorio del Banco Nación y Susana Andrada presidenta del Centro de Educación del Consumidor. Diputados de la Coalición Cívica también denunciaron hace 13 años la adjudicación del contrato del llamado Tren Bala. Todas las denuncias se presentaron después de que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner anunciara el 16 de enero de 2008 al consorcio ganador. En el Salón Blanco de la Casa Rosada se expuso que el consorcio Veloxia se quedaría con un contrato estipulado entonces en 1.320 millones de dólares y que insumiría tres años de ejecución.

“No es sólo una obra pública con altísima tecnología, sino que estamos dando un salto importante hacia una Argentina diferente que viene a completar un desarrollo y articulación en materia vial para el país”, dijo entonces la actual vicepresidente de la Nación. Jaime, que estaba en la primera fila de los invitados al anuncio, está preso por delitos de corrupción y es juzgado por haber pactado una coima para la concreción del proyecto.

Formalmente el debate oral y público se inició el 27 de mayo pasado con la lectura del requerimiento de elevación a juicio a que hizo lugar la fiscal Alejandra Mángano. Jaime había intentado de varias maneras que el juicio no comenzara. El día que se inició el juicio renunciaron sus abogados particulares, y se le designó una defensora oficial: Verónica Blanco. La defensa pidió tiempo para leer el expediente. Entonces el caso que es juzgado por el tribunal Oral Federal 8 se suspendió hasta que se reinició el jueves por la mañana.

A Jaime se lo acusa de, según lo estableció la fiscal Mángano, “haber recibido, en su carácter de Secretario de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, cargo que desempeñó desde el 28 de mayo de 2003 al 1 de julio de 2009, una promesa de pago por un millón de dólares (U$S 1.000.000) de parte de las firmas Alstom Network UK Ltd. y Alstom Argentina S.A. con motivo de promover desde sus funciones la Licitación Pública Nacional e Internacional con Financiamiento para la contratación de la obra Electrificación integral, obra civil, infraestructura de vías, señalamiento y comunicaciones y provisión de material rodante para el servicio ferroviario de Alta Velocidad en el corredor ferroviario Buenos Aires–Rosario-Córdoba de la línea del Ferrocarril Mitre y concretar el Contrato de Obra Pública en favor de Alstom Transport S.A., Alstom Transporte S.A. y Alstom Argentina S.A. (todas ellas integrantes del Consorcio Veloxia )”.

El consorcio Veloxia se formó cuando Alstom eligió socios argentinos que integraron la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que se quedó con la licitación. Los socios locales eran las empresas Iecsa (de la familia Macri-Calcaterra), Emepa (de Gabriel Romero) y la filial local de la firma española Isolux.

Se comprobó en la instrucción de la causa que la consultora Controles y Auditorías Especiales de Argentina S.A. (CAESA) propiedad de Vázquez, testaferro y hacedor de negocios sucios de Jaime, firmó un contrato de “asesoramiento” con Alstom por un millón de dólares. El primer pago se pactó en 100.000 dólares cuando entrara en vigencia el contrato y el resto de la coima se pagaría en 30 cuotas mensuales de 30.000 dólares cada una.

Vázquez manejaba el área de negocios ilegales de la secretaría de Transporte. Por su participación como “receptor de comisiones” disfrazadas de consultoría, está preso igual que Jaime desde 2016. Ambos fueron detenidos en relación al caso de la millonaria compra de trenes chatarra a España y Portugal. En aquel negocio se pagaron coimas que facturó CAESA. El mismo sistema que se iba a usar en el caso del Tren Bala.

Por el caso de los trenes chatarra ambos están siendo enjuiciados en otro Tribunal Oral Federal. Esa consultora, sin personal que hiciera las consultorías, facturó “asesoramientos” a buena parte de las empresas de obra pública y a los concesionarios ferroviarios que hicieron negocios con Jaime. Hacían pagos mensuales contra facturas y luego había bolsos que no quedaban registrados. Los pagos a la consultora mantenían aceitado el mecanismo de la corrupción que reinó en Transporte entre 2003 y 2009.

Cuando declaró en indagatoria en el caso del Tren Bala, Jaime dijo que se enteró de la existencia de la empresa CAESA después de dejar la función pública en 2009. Hay evidencia de la relación entre Jaime y Vázquez en más de una decena de casos judiciales. Vázquez, además, fue asesor de la secretaría de Transporte. En el juicio de enriquecimiento ilícito contra Jaime, Vázquez está acusado de ser uno de sus testaferros porque hizo operaciones que el ex funcionario no podía justificar con sus escasos ingresos. En cada negocio ilegal de Jaime aparecen Vázquez y CAESA. Pero Jaime dijo que se enteró de la existencia de la empresa a partir de lo que se publicó en los medios.

Durante la investigación fueron procesados por le juez Luis Rodríguez, Thibault Serge Peters Desteract y Jean-Daniel Michel Bernard Lainé los ejecutivos franceses que firmaron el contrato de “asesoramiento” con la empresa de Manuel y su hijo Julián Vázquez, que también fueron alcanzados por el procesamiento. También había sido procesado quien reemplazó a Jaime cuando fue echado del gobierno en 2009: Juan Pablo Schiavi. En 2018 la Sala I de la Cámara Federal sobreseyó a Schiavi y abrió el camino para la prescripción del caso para el resto de los imputados, salvo para Jaime. Y fue así que a juicio llegó solo el primer secretario de Trasporte del kirchnerismo.

La fiscal Mángano, al momento del requerimiento de elevación a juicio, analizó el caso del Tren Bala en un contexto más amplio: “Es que a esta altura de los acontecimientos que son de público conocimiento existen diversas causas penales en las que se investiga una matriz de corrupción público-privada generada en el marco del entonces Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios de la Nación por medio de contrataciones del Estado Nacional, lo que motiva que este hecho de corrupción no sea analizado de manera sesgada. Dentro de esta matriz es que cabe agregar y juzgar las conductas atribuidas a tanto a Ricardo Raúl Jaime… pues deben ser entendidas y comprendidas dentro de lo que fue el sistema de corrupción que se desarrolló durante los años 2003/2015”.

La fiscal citó en su elevación a juicio la sentencia por la Tragedia de Once en la que se verificó que durante el gobierno kirchnerista no se controló a la empresa concesionaria del Sarmiento y eso derivó en el choque del tren que tuvo como saldo 51 muertos y más de 700 heridos. Y consideró que el acuerdo por las coimas con Alstom y sus socios argentinos formaba parte del mismo entramado de corrupción que quedó comprobado con la condena firme por la Tragedia de Once. Jaime fue condenado pero aún queda una instancia de revisión para que la sentencia quede firme como sucedió con el resto de los imputados por la Tragedia de Once. Jaime tiene una condena firme porque adimitió cobrar coimas de dos empresas a las que debía controlar. Y está detenido por orden del Tribunal Oral Federal 6 que lo juzga por enriquecimiento ilícito y la compra de los trenes chatarra.

El jueves pasado tuvo lugar la audiencia en la que volvió a andar el juicio a cargo de los integrantes del Tribunal Oral Federal 8: Sabrina Namer, María Gabriela López Iñíguez y Nicolás Toselli. El fiscal es Marcelo Colombo. La defensa de Jaime pidió la prescripción y la absolución de Jaime. Además solicitó la nulidad del caso y dijo que los abogados particulares dejaron a Jaime en “estado de indefensión”. Esos mismos abogados son los que defienden a Jaime en el juicio por enriquecimiento ilícito y la compra de trenes chatarra a España y Portugal. Y pidió la declaración testimonial de- entre otros- Ángelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri porque la empresa Iecsa participó de la licitación. También solicitó que el juicio no se desarrolle vía Zoom como se vienen realizando desde que comenzó la pandemia de coronavirus. El fiscal Colombo no se opuso a la citación de los testigos propuestos por la defensa y se manifestó a favor de la realización del juicio vía remota. En el último momento de la audiencia en la que el juicio se reanudó, Jaime-vacunado con la primera dosis de Sputnik V el 11 de mayo pasado- protestó por las condiciones que tiene el diminuto espacio asignado en la cárcel de Ezeiza para presenciar los juicios vía remota.

El Tren Bala se iba a llamar Cobra. Y el juicio que se reinició es por la promesa de pago y cobro de coimas por un millón de dólares por haber “acomodado” la licitación de aquel millonario negocio nunca concretado.

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