Impulsan ocho propuestas para reformar la Justicia: digitalización, transparencia y un nuevo equilibrio en el Consejo de la Magistratura

La pandemia desnudó, como nunca, las falencias que acumula el sistema judicial, que todavía no terminó de acomodarse a la “nueva” normalidad. Los debates del pasado se mezclan con los desafíos del futuro. Durante ocho meses, un grupo de abogados y juristas trabajó en silencio para elaborar ocho propuestas concretas para reformar la Justicia. El documento, lanzado esta tarde por el Colegio de Abogados de la Ciudad, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) e IDEA, abarca desde el funcionamiento del Consejo de la Magistratura hasta un plan de digitalización y una autoregulación ética del trabajo de jueces.

El documento se llama “8 propuestas para una justicia más eficiente”, y busca ser el puntapié de un debate generado desde instituciones de la sociedad civil como colegios de abogados o cámaras empresariales. Entre las propuestas también se plantea la necesidad de agilizar los procesos penales, civiles y comerciales. Un capítulo especial apunta al funcionamiento de la Corte Suprema. “La propia Corte Suprema tiene las facultades y las herramientas para solucionar el volumen y la lentitud del propio sistema, sin necesidad de la creación de Tribunales Intermedios que tan sólo alargarán aún más la duración de las causas judiciales y generarán mayor desconfianza a la ciudadanía”, resumen los expertos.

“Son propuestas apartidarias, no podemos caer en la grieta. La sociedad y las empresas buscan una justicia eficaz. Tenemos que consensuar puntos básicos para poder fortalecer las instituciones”, explicó Cecilia Mairal, vice presidenta del Colegio de Abogados de la Ciudad, en diálogo con Infobae.

Luego de más de ocho meses de debate interno, el documento se lanzó esta tarde, vía Zoom, en la antesala de la campaña legislativa. “Es un momento oportuno, queremos que los debates se introduzcan en la agenda de los candidatos de todos los partidos”, sostuvo Guillermo Lipera, secretario del Directorio de Idea.

La mayoría de las propuestas no requieren cambios legislativos. “Hay ciertas reformas del procedimiento interno de la Corte para procesar el caudal de recurso extraordinario por arbitrariedad, que ocupa más del 50 por ciento del trabajo. La Corte argentina tiene entre 23 y 25 mil causas por año, y la Corte norteamericana solo 9 mil”, explicó Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad.

El documento también impulsa una autoregulación ética del trabajo de los jueces a través de las acordadas de la Corte o decisiones de la Cámaras. “Las reglas éticas en materia de Justicia son decisivas. En España hoy se está discutiendo sobre la participación de los jueces en Twitter, ¿en qué medida involucran su magistratura? Acá esa discusión recién está empezando y seguimos un reglamento viejo”, apuntó Garay en una charla con Infobae.

Una de las propuestas clave, luego de la experiencia de la pandemia, apunta a una “transformación digital del ecosistema judicial”, lo que permitirá “democratizar” el acceso a las resoluciones y reducir los tiempos de los procesos judiciales, una de las materias pendientes en casi todos los fueros. “El 75% de la fuerza laboral será nativa digital en 2025. Se tratará de una nueva generación con el deseo de ayudar a otros en los distintos organismos y tal circunstancia se comienza a vislumbrar como tendencia mundial”, destaca el documento elaborado por las tres instituciones.

“La digitalización (de las causas) va a permitir saber en qué se está fallando, si se repiten testigos en causas de accidentes de tránsito, por ejemplo. Le da mayor transparencia al sistema y permite controlar el trabajo de todos los actores”, apuntó Lipera.

¿Por qué se demoran tantos esos cambios?, preguntó Infobae. “Las resistencias son enormes porque son cambios que implican salir del lugar de confort”, respondió Garay.

Entre las propuestas que no requieren un cambio legislativo, se destaca también la formación y desarrollo de la carrera judicial. Esto es: jerarquizar la Escuela Judicial de la Nación y las que funcionan en las provincias para tener más y mejores aspirantes. “Deberá establecerse un curso inicial con una extensión aproximada de dos años para poder aspirar al cargo de Juez de primera instancia al cual, en el supuesto que no se instituya la obligatoriedad, se le debe otorgar una incidencia fundamental en la selección al promediarse con la nota del concurso de oposición. Este curso deberá estar inspirado en experiencias extranjeras como la de Francia, España Japón, etc. y puede inspirarse en la solución que rige en el Servicio Diplomático, donde existe un instituto de concurrencia obligatoria para quienes aspiran a ingresar a la carrera”, plantea el documento de 44 carillas.

La reforma del Consejo de la Magistratura es uno de los ocho capítulos del documento y una materia recurrente en todos los procesos de reforma de la Justicia, incluso en el documento que elaboraron los juristas designados por el presidente Alberto Fernández. Ese comité asesor propuso que el Consejo pase de 13 a 16 miembros de dedicación exclusiva en donde ya no exista un representante del Ejecutivo. Según esta iniciativa, el nuevo consejo debe tener cuatro jueces, cuatro abogados, cuatro académicos y o científicos y cuatro legisladores.

En esa línea, el documento lanzado por el Colegio de Abogados de la Ciudad, AmCham e IDEA busca “restituir el equilibrio entre los tres estamentos” y “evitar que, dentro del estamento político, los representantes del oficialismo (Poder Ejecutivo y mayoría de los legisladores), en su conjunto, obtengan un virtual “poder de veto” para las decisiones referidas a nombramiento y acusación de magistrados”.

También plantea la participación dentro del Consejo de la Corte Suprema -que tiene pendiente una definición sobre un fallo que había determinado la inconstitucionalidad de la actual conformación- y una regulación sobre la composición de las comisiones para que los abogados y los jueces tengan mayoría en aquellas referidas a la formación, designación, y remoción de los magistrados.

El documento se plantea como el puntapié de un debate profundo dentro de la sociedad civil pero a la vez será entregado a las autoridades nacionales, a todos los bloques legislativos, y a los integrantes de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura.

“El fin último de este trabajo es generar consensos a través de la amplitud de voces: Sin amplitud no hay consensos, sin consensos no hay debate, sin debate no hay instituciones, sin instituciones sólidas no hay justicia y sin justicia no hay República”, afirmó Alejandro Diaz, CEO de la AmCham. En tanto, Máximo Fonrouge, ex presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad, agregó: “Este trabajo busca hacer un aporte concreto, para el mejoramiento institucional y el buen funcionamiento republicano, que se sostiene en el respeto irrestricto de la separación de poderes y la independencia del trabajo de jueces y fiscales”.