El gobierno defendió en la Justicia las restricciones a bares y restaurantes por la pandemia

A horas de definir las nuevas medidas de confinamiento por la pandemia del coronavirus, el gobierno nacional justificó en la justicia las restricciones dictadas para los bares y restaurantes. Lo hizo en una causa que inició la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC) en la que pidió que los comercios gastronómicos trabajen sin limitación horaria y bajo el cumplimiento de todos los protocolos sanitarios.

Los abogados de la Jefatura de Gabinete de la Nación contestaron la demanda que presentó la entidad y solicitaron que sea rechazada porque señalaron que las medidas son razonables en el contexto sanitario que vive el país. “De accederse a lo solicitado por la contraria, el aumento de circulación de personas, en horarios y en la modalidad que hoy no se encuentra permitido, generaría un alto riesgo de aumento en la velocidad de propagación del virus”, sostuvieron en la respuesta a la que accedió Infobae.

La AHRCC presentó a fines de abril un amparo contra el decreto 241 y cualquier norma que a futuro mantenga sus alcances. Ese decreto estableció que los locales gastronómicos podían funcionar de 6 a 19 horas con atención en la calle o espacios al aire libre y fuera de ese horario en la modalidad delivery y retiro en los comercios. La entidad planteó que la decisión era inconstitucional porque afectaba, entre otros derechos, el de igualdad ante la ley, de propiedad y de trabajar y ejercer la industria lícita y solicitó que mientras se tramita la causa se dicte una medida cautelar que les permita trabajar sin limites de horario, con aforo dentro de los locales y con protocolos sanitarios, tal como se realizaba previo a las actuales medidas.

La causa está a cargo del juez en lo contencioso administrativo federal Diego Cormick que tras la respuesta de la Jefatura de Gabinete ordenó nuevos informes antes de resolver.

En el amparo al que accedió este medio, la AHRCC explicó que las restricciones se tomaron “arbitrariamente y sin ningún análisis científico ni fundamentaciones basadas en situaciones fácticas”. Señalaron que no se reportaron contagios de coronavirus en la actividad gastronómica “habiéndose producido la mayoría de ellos a partir de las movilizaciones sociales y de las denominadas ´fiestas clandestinas´ y reuniones familiares que el Estado se vio imposibilitado de controlar”.

La entidad, a través de sus abogados, criticaron que la restricción horaria sea una medida eficaz para evitar los contagios: “Esto es un absurdo total, ya que por lógica a mayor amplitud horaria existe menor riesgo de aglomeraciones y por ende de contagios. Es decir, que la restricción horaria lejos de prevenir los contagios, los incrementa”.

En el amparo expuso los efectos económicos y laborales que sufrió el sector el año pasado por la pandemia: cerraron en el país 10 mil comercios gastronómicos y se perdieron 150 mil puestos de trabajo. “Si traspolamos en número por familias, representan como mínimo el cuádruple de involucrados, sin contar todos los proveedores que se vieron, igualmente, afectados”, contextualizó la entidad y pidió que se dicte una decisión judicial que les permita trabajar sin restricción horario y bajo protocolos sanitarios.

La demanda fue contestada a fines de mayo por el gobierno nacional. Los abogados se Jefatura de Gabinete de la Nación presentaron un informe sobre la situación epidemiológica en el país que da cuenta del aumento de casos en los últimos meses, de las zonas en emergencia sanitaria y de cómo el sistema de salud está en crisis para la atención de Covid-19. Y justificaron las medidas sobre el sector gastronómico bajo las facultades que el Poder Ejecutivo tiene para preservar la salud de la población.

“Su actividad comercial, no escapa al esfuerzo general que deben afrontar los restantes rubros y actividades económicas, y hasta de la población en su conjunto, que también se ven afectados por la pandemia, y las consecuencias que ésta acarrea”, señalaron y sostuvieron que las restricciones “no son arbitrarias, sino que, son el modo razonable de disminuir el contagio y el crecimiento de la curva epidemiológica por la cual estamos atravesando en la actualidad”.

Aclararon que la actividad de los bares y restaurantes “no se encuentra suprimida”, sino que “se fijaron parámetros para el desarrollo de la misma, a fin de evitar la propagación del virus, ante el aumento significativo de casos que se produjo en el país, y por lo cual, se debió recurrir a aquellas pero de manera temporaria, intensiva y focalizada geográficamente”.

Los abogados del gobierno nacional, que también hicieron considerados jurídicas de por qué el pedido de medida cautelar está mal planteado, advirtieron de los efectos que podría tener un fallo a favor de AHRCC: “por un lado, de accederse a lo solicitado por la contraria, el aumento de circulación de personas, en horarios y en la modalidad que hoy no se encuentra permitido, generaría un alto riesgo de aumento en la velocidad de propagación del virus. Mientras que, por otro lado, el otorgamiento de una medida cautelar con las características solicitadas, podría generar reclamos de otros grupos/rubros, que también requieran ser exceptuados de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, en contra del consejo de las autoridades sanitarias, sin el debido respaldo de la ciencia médica, con riesgo de que colapse el sistema de salud”.

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