
Finalmente, cinco años después de haber pedido su extradición a los fines de indagarlo, la justicia argentina podrá interrogar a Néstor Marcelo Ramos, el titular de Helvetic, la firma suiza que usó el empresario Lázaro Báez para quedarse con La Rosadita y lavar USD 55 millones. Ramos - argentino que tiene también la nacionalidad italiana- reside en el cantón suizo de Ticino desde hace casi dos décadas y el juez federal Sebastián Casanello lo indagará por videoconferencia en la segunda quincena de junio, junto con el fiscal Guillermo Marijuán, según pudo saber Infobae por fuentes con acceso al expediente.
Es en el marco de la causa llamada “ruta del dinero K”, por la que el empresario patagónico fue condenado a finales de febrero a 12 años de prisión por lavado de activos agravado. El 26 de abril último, el Tribunal Oral Federal Nro 4 dio a conocer los fundamentos en un extenso escrito, de más de 3.000 páginas, en el que los jueces Néstor Costabel, Adriana Palliotti, por mayoría, ratificaron que la fortuna que amasó el empresario provenía de los contratos de obra pública, que se investigan en la causa conocida como “Vialidad”, donde Báez está siendo enjuiciado junto la vicepresidenta Cristina Kirchner. Asimismo, tuvieron en cuenta las causas de evasión donde el empresario también está siendo investigado. Báez cumple prisión domiciliaria desde septiembre pasado en un domicilio que se mantiene en reserva, hasta que la condena quede firme.
La indagatoria a Ramos había quedado pendiente desde 2016, por lo que esa parte del expediente nunca se pudo elevar a juicio. Es el único de los acusados en esta causa por lavado contra Báez, sus hijos y su entorno, con suficientes sospechas en su contra, que nunca había podido ser interrogado porque cuando se conoció el escándalo que dio origen al expediente en 2013, en el programa Periodismo Para Todos, ya no vivía en Argentina. Esta instancia es imprescindible para avanzar en el proceso judicial.
Ramos padece un cáncer terminal desde hace varios años, lo que frenó que se pudiera avanzar con su proceso de extradición, por pedido de su abogado y las garantías que pedían las autoridades helvéticas para que se garantice la preservación de su salud si aceptaba extraditarlo y fuera alojado en una cárcel en Argentina. Su letrado, John Dell’Oro le había adelantado a Infobae la disposición de su cliente a declarar si su salud se lo permitía, y aseguró que no estaba involucrado en “ninguna conducta delictiva en este caso”.
Finalmente, para poder avanzar en la indagatoria, el juez Casanello desistió del pedido de extradición a finales del año pasado, y las autoridades suizas aceptaron el pedido de poder interrogarlo a distancia, en el marco del Tratado bilateral de asistencia penal entre los dos países, en la medida en que los motivos fueron considerados “atendibles”. Para que se pudiera concretar, también fue necesario el consentimiento del imputado.
Las conversaciones se llevaron a cabo los primeros meses de este año vía la Cancillería argentina, y en las que participó desde Suiza el fiscal David Francesconi, quien estará presente en el interrogatorio vía la plataforma Zoom. Se coordinó un día en que Ramos no tuviera que asistir a su tratamiento médico, en la segunda mitad de junio, aunque la fecha se mantiene en reserva por ahora.
“La indagatoria es una instancia muy importante para poder transmitir la imputación en su contra y resolver su situación procesal”, señaló una fuente judicial a Infobae. Ramos está acusado como coautor de una serie de maniobras de lavado de dinero, a través de Helvetic Services Group, de la que este abogado nacido en la provincia Córdoba, fue su fundador y presidente. Esta firma vehículo, creada en Suiza y hoy disuelta, fue la que utilizó Báez para lavar dinero, mediante la compra de la financiera SGI de Federico Elaskar, conocida como La Rosadita, para concretar la salida en negro de dinero al exterior. Los fondos - al menos USD 55 millones - pasaron por una serie de sociedades pantallas, para terminar en cuentas en Suiza, a nombre de Báez, y sus hijos, operadas también por gente de su confianza.

Parte del dinero que Báez fugó al exterior, fue reingresado al país, también a través de Helvetic, mediante una maniobra de compra de bonos, que terminaron en la cuenta de Austral Construcciones, la empresa madre del empresario kirchnerista, en el Banco Nación.
Los investigadores argentinos sospechan que Ramos habría tenido un rol fundamental en prestar el “servicio de lavado de dinero” a través de Helvetic a Báez -su cliente-, así como en la estructuración de una serie de cuentas en Suiza y la repatriación de los fondos a Argentina, una vez ingresados al circuito bancario helvético. Austral Construcciones justificó el reingreso del dinero ilícito al país como fondos de un supuesto socio en Suiza que quería invertir en acciones preferidas de Austral, operatoria simulada que nunca se concretó finalmente.
La situación de Ramos
Infobae consultó en al menos dos oportunidades al abogado de Ramos en Suiza. Dell’Oro señaló en un correo electrónico en inglés, que su cliente se encontraba “en tratamiento” (médico) en Zurich. Sin embargo, como su defensor, podía responder lo siguiente: “Desde el inicio del procedimiento de extradición, el señor Ramos ha expresado reiteradamente su disposición a someterse a un interrogatorio por rogatoria (NdR: s llama así a la declaración de un testigo o acusado fuera de la sede del Juzgado que tramita la causa, que puede ser por escrito o ante un juez cercano a su domicilio), una solicitud que las autoridades argentinas, a través de la Oficina Federal de Justicia de Suiza, parecen haber rechazado siempre. Incluso recientemente, después de la decisión del Tribunal Penal Federal que confirmó nuestra apelación, el Sr. Ramos, a través de mí, reiteró esta disponibilidad a la autoridad suiza competente”.
“En conclusión, siempre que su estado de salud no se deteriore significativamente, no existen contraindicaciones para el interrogatorio por videoconferencia”, había asegurado el letrado suizo en una respuesta hacia finales del 2020, así como en otro correo este año. Finalmente, la indagatoria a distancia podrá concretarse antes de que termine junio.
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