Alberto Fernández sacó las cuentas y asumió que no hay número suficiente en Diputados para sancionar la ley de Reforma de la Procuración General redactada por senadores ultrakirchneristas a pedido de Cristina Fernández para desplazar a los fiscales federales que en Comodoro Py investigan sus casos de presunta corrupción pública.
El ministro de Justicia, Martín Soria, encabezó la operación política para lograr que la Cámara Baja tratara cuanto antes la reforma a la Procuración General, pero anoche en Balcarce 50 reconocían que ese movimiento kirchnerista estaba destinado al fracaso.
La vicepresidente desea terminar con la carrera judicial de Eduardo Casal, el procurador interino que se resiste a suspender las investigaciones por corrupción contra CFK, y los senadores oficialistas resolvieron modificar la ley de la Procuración para satisfacer las necesidades procesales de su líder política. Si la iniciativa kirchnerista fuera sancionada en Diputados, todos los fiscales federales que investigan a Cristina caerían en el destierro a pocos metros del Archivo Judicial de la Nación.
Los diputados Cecilia Moreau y Rodolfo Tailhade, respaldados por Máximo Kirchner -jefe de la bancada oficialista-, intentaron sumar votos de la oposición para sancionar la ley en el recinto de sesiones. Pero la iniciativa es impresentable desde una perspectiva política-jurídica, y la mayoría de los eventuales aliados opositores decidieron correrse de una jugada que se parece a la mancha venenosa.
A la tarde, el proyecto redactado a la medida de CFK tendrá dictamen de un plenario de comisiones convocadas ad hoc en la Cámara de Diputados. Sin embargo, ese triunfo parlamentario no significa nada: Máximo Kirchner ya hizo las cuentas y le faltan -al menos- 5 votos para lograr la sanción definitiva de la Reforma que desea Cristina.
Mientras el kirchnerismo duro intenta juntar los votos de la oposición, Daniel Rafecas anticipó que no aceptará la Procuración si sus facultades son establecidas por la iniciativa que intenta aprobar el oficialismo en Diputados. Rafecas jugó su carta en las redes sociales, y nunca le avisó a Alberto Fernández que estaba ejecutando una maniobra autoprotectiva.
“Si a mitad del proceso para mi designación, se reduce por ley la mayoría necesaria en el Senado para nombrar al Procurador, eso será para mí un limite ético insuperable, que me hará imposible seguir adelante con la postulación. Respeto otras posturas, pero esta es mi convicción, ética y jurídica”, posteó Rafecas en su cuenta de Instagram.
La ley actual sostiene que la designación del Procurador General necesita de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado. Una mayoría especial que el proyecto kirchnerista podó a la mitad de los senadores presentes. Se trata de un número que encierra dos obviedades políticas: el peronismo puede nombrar con sus propios votos -tiene más de los 37 necesarios- y Rafecas jamás aceptaría llegar sólo con la aprobación del oficialismo.
Cristina desconfía de Rafecas, y esas dos obviedades implican una decisión personal que apuntó a proteger sus propios intereses políticos. Con la reforma al número de nominación, la vicepresidenta debilita la llegada del candidato presidencial, y a la vez tiene la oportunidad de designar uno propio con sus votos en la Cámara alta.
El pliego de Rafecas fue enviado por Alberto Fernández en marzo de 2020, y CFK no hizo nada para lograr su aprobación. Al contrario: empujó una Reforma Judicial que puso en alerta a Juntos por el Cambio y bloqueó una negociación incipiente que intentó unir las voluntades de Balcarce 50 y el ala más dialoguista de la oposición legislativa.
Ahora, ante el eventual fracaso del kirchnerismo en Diputados, Alberto Fernández evalúa su propia operación política. El Presidente aguardará que la suma de votos no llegue a conformar el quórum para tratar la reforma a la Procuración -se necesitan 129 legisladores sentados- y a partir de allí decidirá si abre un backchannel con Juntos por el Cambio para añadir sus votos y lograr que Rafecas sea nombrado con la actual norma que CFK no pudo reformar.
Si decide pasar de la hipótesis a la acción, el nuevo plan de Alberto Fernández tendría los siguientes pasos:
1. Esperar que el kirchnerismo no junte los votos para sancionar la ley de Cristina en Diputados
2. Hablar con Daniel Rafecas para confirmar que su amigo y candidato aún está en carrera
3. Negociar con Juntos por el Cambio los votos para nominar a Rafecas, y quid pro quo ofrecer que el proyecto pensado por CFK quede encallado para siempre
4. Ordenar al bloque de senadores peronistas que ejecuten el ritual legal para designar a Rafecas -audiencias y votación- antes que inicie la campaña electoral
El punto 4 del posible plan presidencial puede ser su flanco más débil. Cristina maneja la agenda del Senado, y sólo se cumplen sus órdenes. Así ocurre desde el 10 de diciembre de 2019. Y no parece que fuera a cambiar.
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