Los gastos de “caja chica” de dos ex funcionarios macristas que terminaron procesados

Cursos de oratoria con la actriz Cecilia Maresca, pago de juntas médicas y tickets de desayunos, almuerzos y cenas en el microcentro derivaron en el procesamiento de dos ex funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad en tiempos del macrista Javier Iguacel, hoy intendente bonaerense de Capitán Sarmiento. Así surge del fallo que firmó el juez federal Sebastián Casanello, en donde expuso los manejos de la “caja chica” de la repartición de Vialidad en los inicios de la gestión de Cambiemos.

Infobae había revelado en 2016 algunas de las facturas que demostraban cómo el Estado había contratado los servicios de la escuela de teatro de Cecilia Maresca para aprender oratoria: “Servicios de capacitación para el ingeniero Javier Iguacel”, decían.

Iguacel fue un funcionario clave en el inicio de la gestión macrista. Desde Vialidad Nacional se hizo la auditoría que habló de los sobreprecios pagados al empresario Lázaro Báez en las obras contratadas para la provincia de Santa Cruz. Por esos hechos Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario José López y Báez, entre otros, enfrentan un juicio oral por asociación ilícita.

Aquí, los procesamientos no alcanzaron a Iguacel sino a al ex coordinador General de Recursos Humanos de Vialidad Nacional, Alejandro Manuel Caviglia, y al coordinador general de Administración y Finanzas de esa dirección, Jorge Del Pup. Se los acusa de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.

La causa se inició por una denuncia anónima en julio de 2018 contra Iguacel y “todo el personal designado irregularmente por éste” por extraer y malgastar el dinero de la “caja chica” y de los “fondos permanentes” de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La denuncia hablaba no solo de la contratación de cursos de oratoria sino de “el pago de juntas médicas que habrían dictado los médicos jubilados” y la seguidilla de gastos por “consumos diarios de desayunos, almuerzos y cenas en comercios ubicados en las inmediaciones de la Casa Central de la DNV”.

A eso se le sumó “el incremento discrecional de las remuneraciones de Coordinadores del organismo, el pago de gastos no funcionales a la DNV (identificados posteriormente como el pago de viáticos a empleados) y la suscripción de convenios con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, puntualmente, aquel que tenía como objeto la creación del digesto jurídico de la DNV”.

Para el juez Casanello, quedó claro en esta etapa que “se utilizaron fondos públicos asignados a la DNV de manera irregular al no dar cabal cumplimiento a la normativa que, como funcionarios públicos, los imputados estaban obligados a respetar”. Uno de los puntos sobre los que se centró la investigación apuntó a determinar cómo funcionaba el sistema de “fondos permanentes” y de “cajas chicas”.

Tras establecer que “las cajas chicas son una porción de los fondos rotatorios que se asigna a responsables del organismo” para “gastos menores urgentes”, el 5 de diciembre del año 2016 una nota firmada por Caviglia y dirigida a Del Pulp informaba del curso de oratoria para Iguacel “en pos de reforzar” las “habilidades en cuanto a la comunicación efectiva que resulta imprescindible para la gestión”. Hablaban de la necesidad del “desarrollo de técnicas de exposición oral y la valorización de la palabra como herramienta principal unida a la capacidad de liderazgo”. Por eso, se añadió, “resulta de manera urgente requerir los servicios especiales en la materia”.

Sin embargo, la nota reportaba servicios que ya habían sido facturados entre julio y noviembre de ese año. El costo de los servicios fue 125 mil pesos, 25 mil por cada uno de los meses de la capacitación.

“No obra actuación alguna sobre los motivos de la contratación de la ‘Escuela de Arte de Cecilia Maresca’ más que la nota de Caviglia dirigida a Del Pup que no se apoya en otras constancias; no se incorporaron comunicaciones con el proveedor del servicio, ni con otros lugares para conocer la disponibilidad de otros posibles oferentes ni tampoco se elaboraron presupuestos sobre el gasto a realizar”, dice el juez. Incluso cita la nota del periodista Diego Rojas en Infobae en donde se exhibían esas facturas.

En sus descargos, Del Pulp había dicho que en los expedientes “hubo intervención previa del área asuntos jurídicos y que había dictaminado que correspondía reconocer el legítimo abono de los servicios prestados”. Y en el caso de la contratación de Cecilia Maresca y toda vez que era un servicio, se pagó “para no perjudicar al proveedor”

Caviglia, en tanto, aseguró que “la comunicación era una de las competencias críticas de las funciones del liderazgo de organización y toda vez que el Ingeniero Iguacel tenía contacto directo con los trabajadores, cámaras de construcción, gobiernos provinciales y municipales, entre otros, no le parecía extraño un pedido de capacitación para mejorarla, por ello propició la realización del curso”. Afirmó que él “no se encargó de la selección ni conocía a la persona instructora” y “quien definía por dónde se pagaban los servicios era el área de Administración”.

No fue el único de los puntos que llevaron al procesamiento de los exfuncionarios. “Se encontraron ‘planillas de rendición’ -o listado sobre gastos- y su documentación respaldatoria conformada por tickets y facturas de distintos comercios en los que se detallan los bienes que se adquirieron. Se observan allí gastos que se exhiben a priori en infracción a la normativa aplicable porque no demuestran una urgencia, un gasto excepcional o justificación alguna -gastos en comercios de comida y supermercados, aunque también encontramos otros tantos que no responderían a los criterios exigidos por la normativa ya mencionados; como, por ejemplo, gastos reiterados en estacionamiento”, admitió uno de los testigos.

El procesamiento apuntó también a la contratación de dos médicos jubilados para que verificaran “la legitimidad de licencias médicas de largo tratamiento otorgadas a agentes de Vialidad Nacional y toda vez que se podrían estar generando erogaciones ilegitimas en el pago de haberes. Esa contratación costó 92.000 pesos, pese a que el organismo tenía su propio equipo médico.

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