
Hoy habrá clases presenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También en Mendoza. Ambos distritos tiene un escenario epidemiológico complejo debido al impacto de la segunda ola de coronavirus, pero van a sostener la presencialidad pese al nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que la suspende en los distritos con mayor cantidad de contagios, como es el caso de ambos lugares.
En el último decreto el Gobierno dispuso un nuevo semáforo epidemiológico para determinar que actividades están prohibidas en cada ciudad, de acuerdo a la cantidad de contagios que tengan registrados. Tanto CABA como las localidades mendocinas de Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú y Mendoza capital están dentro de la clasificación “Alerta Epidemiológica”, que es donde se encuentran los municipios con mayor cantidad de contagios del país.
Pese a esa realidad, ambos gobiernos decidieron continuar con las clases presenciales. Ninguno dio lugar al pedido que ayer les hizo el ministro de Educación, Nicolás Trotta, para que declinaran esa postura y volcaran las clases a la virtualidad. Esa decisión de Horacio Rodríguez Larreta y Rodolfo Suárez, dos dirigentes de Juntos por el Cambio, hizo escalar, aún más, la tensión en el vínculo político que tienen con la Casa Rosada.

En Balcarce 50 siguen muy molestos con el titular de la administración porteña. Presentan una serie de argumentos que van desde considerar que su gestión no ejercía controles para que se cumplan las medidas tomadas por Alberto Fernández, hasta su decisión inamovible de mantener la presencialidad.
En el caso del mendocino Suárez no tiene una buena relación con el Gobierno. Es institucional y distante. No es una descripción que solo refleje el presente. Un año atrás el gobierno provincial se quejó porque la Nación había decidido concentrar la compra de respiradores, en el medio de una extrema escases del producto por el impacto del coronavirus, y las provincias tenían que adecuarse a la cantidad que les tocaran según el reparto proporcional que les correspondía por la cantidad de habitantes.
A ese conflicto en el transcurso de la pandemia se le sumó la decisión de Alberto Fernández de viajar a Chile, país que limita con Mendoza, e invitar a todos gobernadores que son parte del oficialismo, o cercanos al Frente de Todos, para que lo acompañen en su visita oficial. A Suárez lo dejaron afuera de la comitiva y en el gobierno local el gesto cayó muy mal debido a que Mendoza es la provincia que tiene más vinculo económico y comercial con el país limítrofe.
El vínculo del Presidente con Rodríguez Larreta se quebró en septiembre del año pasado cuando Fernández decidió quitarle a la Capital Federal alrededor de 30 mil millones de pesos anuales de la coparticipación, que desde 2018 integran el presupuesto porteño, para entregárselos a la provincia de Buenos Aires y así hacer frente a un reclamo salarial que la Policía Bonaerense le hizo al gobierno de Axel Kicillof.

Dos meses antes de ese momento, el 9 de julio, durante el acto en el Día de la Independencia, Fernández se había referido al Jefe de Gobierno porteño como “mi amigo”. Diez meses después de ese gesto político, que solo sobrevivió sesenta días, el vínculo político es inexistente. Se hablan solo por obligación y necesidad.
Hasta ese límite lo llevó la discusión por la presencialidad en las escuelas, una bandera que Rodríguez Larreta no piensa bajar, pese a los pedidos constantes del Jefe de Estado y una serie de decretos que imponen la suspensión de las clases presenciales en el AMBA. La discusión política sigue, está abierta, y tendrá un desenlace en breve, cuando se conozca el fallo de la Corte Suprema.
En las próximas horas habrá un vacío legal respecto a la decisión del gobierno porteño de mantener la presencialidad. Es que la acción declarativa de inconstitucionalidad que el Jefe de Gobierno presentó ante la Corte Suprema el 16 de abril, buscaba que se declare inconstitucional del artículo 2 del DNU que disponía la suspensión de las clases presenciales desde el 19 hasta el 30 de abril inclusive. Ese decreto ya no existe más. Caducó. Y entonces, el reclamo es sobre un DNU que perdió vigencia.

En el gobierno porteño entienden que la Constitución es clara en marcar el carácter autónomo que tiene la Ciudad y que está vigente el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo. Además, aunque no sea vinculante, suman a esa lista de argumentos el dictamen de la Procuración marcando que es inconstitucional el decreto que había firmado Alberto Fernández.
El reclamo de Rodríguez Larreta no es el mismo antes que ahora. Básicamente porque el DNU no es el mismo y porque él decidió suspender la presencialidad en las secundarias, situación que no estaba contemplada en el reclamo judicial de mitad de abril. Ese vacío no será rellenado con ningún argumento nuevo, ni con la presentación de un recurso de amparo que ratifique la postura que tiene el Gobierno porteño.
Pese a la extrema tensión que hoy sobrevuela la relación entre Fernández y Rodríguez Larreta, aún hay puentes tendidos entre el gobierno nacional y el porteño. Todos los ministros que tienen implicancia en la gestión de la pandemia mantienen un buen diálogo. Los jefes de Gabinete Santiago Cafiero y Felipe Miguel; los ministros de Salud Carla Vizzotti y Fernán Quirós; y los ministros de Seguridad Sabina Frederic y Marcelo D’Alessandro.

El diálogo más político está en manos del vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli y secretario de la Presidencia, Julio Vitobello. Son los dos polos. Los que mantienen la línea de comunicación, y negociación, abierta para acordar el camino a seguir entre ambas administraciones. Si algún día se rompe ese puente, entonces la relación se habrá quebrado de verdad.
Lo que viene son tres semanas de discusión pública sobre la presencialidad. El impacto negativo de la circulación y el impacto positivo de los chicos en las aulas. El oficialismo cruzando a la oposición y viceversa. La pandemia, el virus, los contagios, las clases, las vacunas, las PASO y las medidas restrictivas. Todo en medio de un fuego cruzado.
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