El juez federal Subrogante de San Martín Oscar Papavero rechazó hoy un pedido de medida cautelar que presentó el intendente de Vicente López, Jorge Macri, para que vuelvan las clases presenciales en ese distrito. El magistrado también se declaró incompetente para seguir interviniendo en el caso.
La decisión fue tomada a primera hora de esta mañana cuando comenzó a regir el decreto 241 que estableció para el AMBA la suspensión de las clases presenciales hasta el próximo 30 de abril en virtud del aumento de casos de coronavirus y el incremento de la crisis sanitarias por la segunda ola y la presencia de nuevas cepas. En al ciudad de Buenos Aires las clases comenzaron una decisión judicial dictada ayer a la noche.
Jorge Macri presentó un amparo para que en su distrito se dicten clases de manera presencial. “Tengo opinión formada con relación –en general- a la imprescindible necesidad de las clases presenciales, a la afectación de los más vulnerables por su ausencia, al perjuicio que ello significa para el niño que no cuenta con conectividad, los perjuicios que se derivan del distanciamiento físico de la escuela, el futuro incremento de la deserción, las necesidades de alimentación y contención para aquellos a quienes la escolaridad les garantiza el acceso a la higiene y comida, etc., cuestiones estas que ocupan y preocupan sobre todo a las intendencias y entidades intermedias que constituyen el primer eslabón de contención”, sostuvo el magistrado en su resolución a la que accedió Infobae.
Pero el magistrado agregó que “los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad”, en referencia al DNU 241. “En este sentido, el Alto Tribunal destaco que la suspensión ́ precautoria no procede, en principio, respecto de actos administrativos o legislativos habida cuenta la presunción de validez que ostentan”, dijo en referencia a fallos de la Corte Suprema para dictar una medida cautelar.
Así, el juez dijo que su convencimiento “no basta para confrontar, sin más, las decisiones gubernamentales de suspender provisoriamente la presencialidad en las escuelas, refutando las causas en que las autoridades las fundan”. “En ese sentido, los elementos de juicio arrimados al legajo resultan insuficientes “per se” para justificar la pretensión cautelar con el mínimo grado de verosimilitud exigible, ni aun en el orden precautelar, en la medida en que no desvirtúan la presunción de legitimidad a la que aludiera en párrafos precedentes”, agregó.
El magistrado explicó que un amparo y una medida cautelar es una acción judicial que requiere una resolución rápida en la que no siempre se tiene los elementos necesarios. “Se carece asimismo de la información y documentación con que contara el Presidente de la Nación y su equipo para adoptar la decisión de suspender la presencialidad en la actividad escolar (conf. dec. Nac. 241/21); tampoco están los antecedentes en que se sustenta la adhesión del Gobernador de la Provincia respecto de tal decisión, por encontrarla “razonable y proporcionada”, ni aquellos que hacen a la determinación de los territorios afectados y las distintas “fases” en que se encuentran”, sostuvo el jue.
“Esta incerteza solo es superable mediante la producción de prueba, lo que imposibilita un pronunciamiento inmediato frente a la obligación de remitir lo actuado al juez competente”, concluyó.
Por otra lado, el juez Papavero entendió que la demanda no debía ser contra el estado nacional, sino “exclusivamente contra la Provincia de Buenos Aires”, por lo que declaró la incompetencia de la justicia federal para intervenir en el caso.
Fuentes de la Municipalidad de Vicente López le dijeron a este medio que el amparo fue contra el gobierno nacional porque no había decreto del gobierno de la provincia de Buenos Aires sobre el cierre de las escuelas que finalmente se presentó hoy. Así preparan la demanda contra el ejecutivo bonaerense para que haya clases presenciales.
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