El Colegio de Abogados de la Ciudad rechazó una nueva feria judicial ante una segunda ola de coronavirus

Luego de que el representante de los jueces en el Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, le pidiera al presidente del organismo, Diego Molea, que le solicitara a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declare una “feria judicial por razones de salud”, el organismo porteño pidió que la Justicia continúe funcionando de forma presencial.

En una carta que envió a Molea, Lugones instó al máximo tribunal a que ordene a “todo el personal del Poder Judicial de la Nación trabajar de manera telemática, procurando la menor presencialidad posible; y que requiera a las autoridades nacionales la previsión de incluir dentro del plan nacional de vacunación al personal esencial que deba concurrir a sus lugares de trabajo”.

“Todo ello en virtud de la escalada de casos de la última semana y ante la presencia de la segunda ola del virus COVID-19, y con el fin de preservar la salud de los/as magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as”, resaltó Lugones.

En tanto, el consejero le pidió a Molea “tenga a bien considerar la suspensión de las actividades presenciales de todo el personal no esencial, disponiendo que se aplique la modalidad de trabajo remoto a fin de no interrumpir el servicio”.

Lugones es representante de la Lista Celeste de los jueces en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN). La acordada a la que hace referencia en su presentación comenzó el 20 de marzo del año pasado, cuando Alberto Fernández decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio.

Ante este pedido de Lugones, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires sostuvo que “Argentina transita circunstancias sumamente críticas, en las que, por cierto, la emergencia sanitaria se presenta como uno de los aspectos más notorios por su gravedad e indudable connotación social”.

“Desde nuestra perspectiva, advertimos la necesidad de adoptar los recaudos sanitarios que fueren menester en virtud de la pandemia, así como de dotar al Poder Judicial del equipamiento y tecnología adecuada y suficiente para el mejor cumplimiento del cometido de administrar justicia. Sin embargo, contrariamente con la postura que formulan algunas voces desde el Consejo de la Magistratura de la Nación, discrepamos con aquellas propuestas que pretenden insistir en la declaración de una feria judicial extraordinaria”, resaltó la organización.

En esa línea, el Colegio destacó que “adoptar una resolución como la señalada no satisface la necesidad de prestar un servicio de justicia de manera adecuada y uniforme para los justiciables y los profesionales del derecho, a la vez que solo se contribuiría a desdibujar la función institucional que la sociedad aspira desempeñe la Justicia como poder del Estado. A la Justicia le cabe la impostergable función de brindar amparo jurisdiccional en el respeto del ejercicio de los derechos y garantías de las personas”.

“Más aún, desde el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires insistimos en sostener que resulta inadmisible que la administración de justicia, así como los servicios jurídicos que dan asistencia a los justiciables, no hayan sido reconocidos aún como una prestación esencial en el marco de la actual emergencia sanitaria”, concluyó.

El pedido de Lugones no fue el único en ese sentido. Tanto agrupaciones de jueces como el gremio de empleados judiciales le pidieron a la Corte Suprema de Justicia que tome medidas. La primera, que se limite al personal necesario la presencialidad en los lugares de trabajo y que se acentúe el teletrabajo. La segunda, que se insista ante el gobierno nacional para ser incluidos en el plan de vacunación.

Los planteos fueron dos: los hicieron Marcel Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN); y Julio Piumato, titular del gremio de empleados judiciales.

Ante estos pedidos, Diego Marias y Carlos Matterson, los dos abogados que integran el Consejo de la Magistratura de la Nación, presentaron hoy una nota en el organismo en la que se opusieron a que se restrinja o limite el trabajo en el Poder Judicial ante el agravamiento de la situación sanitaria por el aumento de casos de coronavirus en todo el país y la llegada de la segunda ola.

Así lo hicieron en una nota enviada al presidente del Consejo, Diego Molea, para transmitirle la “profunda preocupación ante la eventual adopción de medidas que importen restringir o disminuir –nuevamente- la prestación del servicio de justicia ante el agravamiento de la situación epidemiológica”.

Los abogados señalaron que esa decisión afectó el funcionamiento del Poder Judicial y se opusieron a que se dicte nuevamente. “La imposición de una nueva feria judicial no haría más que agravar el actual estado de situación con un profundo menoscabo de los derechos constitucionales de los ciudadanos en general y de los profesionales del derecho en particular quienes desde hace más de un año se han visto impedidos de ejercer sus labores profesionales en plenitud, en atención al escenario de déficit en el funcionamiento que padece el Poder Judicial de la Nación con la consecuente afectación de los ingresos familiares de miles de abogados y abogadas a lo largo de todo el país, quienes no cuentan con ingresos públicos asegurados mes a mes y no están económicamente en condiciones de soportar la declaración de una feria judicial como la que se propone”, sostuvieron.

El tema está previsto que sea analizado por el Consejo en su reunión de la comisión de Labor prevista para mañana y que formalmente se trate el tema, con alguna decisión para tomar, el jueves de la semana que viene cuando se reúna el plenario del organismo.

Seguir leyendo