Escándalo en el remate de autos de lujo del sindicalista Marcelo Balcedo: el que ganó es insolvente y no tenía plata ni para la seña

El remate de los cuatro vehículos de lujo que eran del sindicalista Marcelo Balcedo y fueron incautados en 2018 cuando la Policía allanó su chacra El Gran Chaparral, en Playa Verde, terminó en escándalo luego de que uno de los postores que ganó la subasta confesara que no tenía dinero para pagarlos y que participó de la convocatoria en representación de un comprador que tampoco tiene los fondos para adquirir los vehículos.

Con la participación de 80 interesados, el remate tuvo lugar en el Hotel Radisson, de Montevideo, y entre los presentes se encontraba Paola Fiege, la mujer de Balcedo, quien ingresó a la sala con el fin de también participar de la subasta.

Según trascendió en los medios locales, al enterarse de los valores fijados para los vehículos, la mujer decidió desistir pero se quedó a observar de cerca el destino final de los que fueron los autos de la familia Balcedo, que terminaron incautados en el marco de una causa por lavado de dinero, activos y tráfico de armas.

El remate de los cuatro vehículos terminó con la venta de un Porsche Panamera en USD 147.875, un Porsche Boxster en USD 88.725, un Chevrolet Camaro en USD 97.006 dólares y una Range Rover en USD 157.339. En estos precios ya estaba incluida la comisión del 18% de la casa de remates. La suma total suponía una suma de 490.945 dólares para la Junta Nacional de Drogas de Uruguay (JND).

Sin embargo, poco después llegó la sorpresa: uno de los oferentes que se impuso en la subasta de tres de esos autos se acercó a los rematadores y les reveló que no tenía dinero para abonar la seña, que alcanzaba los USD 164.000. También aseguró que pujó por los autos en representación de un estanciero del departamento de Colonia. Pero al rastrear al supuesto responsable, tampoco se pudo dar con alguien con dinero suficiente para afrontar semejante suma.

Por el hecho se inició una investigación con la intervención de la fiscal de Flagrancia de 6° Turno, Ana Vallverdú, la Dirección de Crimen Organizado e Interpol.

El postor, un hombre que trabaja como mecánico, tuvo que declarar ante las autoridades y, de acuerdo al diario El País, afirmó: “Ese hombre de Nueva Palmira me dijo que cuando ganara la puja en el remate tenía que llamar a su hija y decirle que ella vaya a firmar la compra de los autos”.

En consecuencia, la hija del estanciero señalado tuvo que presentarse a dar testimonio. La mujer explicó que su padre “es un bebedor, tiene problemas psiquiátricos y carece del dinero para comprar esos autos”.

La fiscal Vallverdú determinará si el caso tiene consecuencias penales ante la justicia o solo civiles. Sucede que el caso correspondería a otra dependencia fiscal porque Flagrancia investiga situaciones sospechosas de hasta USD 100.000. En este contexto, será el Departamento de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) de Fiscalía el que determine quién se encargará de la investigación.

Al margen de ello, desde la Asociación de Rematadores dejaron entrever que presentarían una denuncia penal.

Tras admitir la culpabilidad de los delitos que se le imputaban y ser condenado en Uruguay, Balcedo se encuentra actualmente cumpliendo prisión domiciliaria en un inmenso chalet, ubicado cerca de la chacra, desde febrero de 2021. Además de los autos de alta gama, debió entregar USD 4.000.000 en efectivo, y avalar los decomisos del chalet “Sounión”.

El ex titular del Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME) tiene “un régimen de libertad vigilada intensiva” que implica que durante el primer año estará bajo “arresto domiciliario total” y en los otros dos estará obligado a “presentarse una vez por semana” en una seccional y tendrá “prohibido salir de su casa por las noches”, es decir, un arresto domiciliario nocturno.

La fastuosa propiedad donde están recluidos Balcedo y su mujer está ubicada a casi tres kilómetros de la chacra El Gran Chaparral. Se llama Sounión y tiene vista al mar. La mansión ocupa 2172 metros cuadrados cubiertos y está compuesta por un mirador con ascensor.

Además de ser beneficiado con la domiciliaria, Balcedo recuperó unos UDS 2,5 millones a pesar de que el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, le había solicitado a la jueza uruguaya María Helena Mainard que no acceda a la devolución de ese dinero porque, de acuerdo a la investigación que está llevando adelante, habría sido producto de maniobras corruptas realizadas en la Argentina.

“Dado los efectos directos y negativos que ocasiona sobre las medidas de resguardo adoptadas en autos, es que solicito el dictado de medidas jurisdiccionales tendientes a suspender la medida de devolución y levantamiento de cautelares sobre las cuentas bancarias”, dice el escrito enviado por Kreplak y advierte que “en caso de no adoptarse medidas cautelares idóneas en tiempo hábil, la sentencia recaída en el Uruguay implicaría que los condenados en aquel país recuperasen una porción sustancial del dinero que, según la hipótesis seguida en Argentina, resultaría fruto o provecho de los delitos precedentes del lavado de activos -particularmente, la defraudación por administración infiel al Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (”SOEME”)- y, a la vez, instrumento comisivo del delito de lavado de activos”.

El juez federal de La Plata, en una causa que ya fue elevada a juicio oral -aún no se fijó fecha- ya determinó que la “asociación ilícita” liderada por Balcedo desvío de casi 600 millones de pesos que correspondían a los aportes de los afiliados al SOEME entre 2012 y 2018.

La cifra, se destaca en el expediente, representa más del 75% de los ingresos recibidos por parte de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires (DGE).

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