La Fiscal de Estado, Stella Maris Zabala, confirmó que la provincia apelará el fallo de la jueza federal Nº 2 María Belén López Macé, que todavía no está firme y que hace lugar a una demanda de habeas corpus colectivo contra el ingreso ordenado y administrado al territorio. Mientras tanto, distintas organizaciones se acercaron esta noche a centros de aislamientos para reclamar que se cumpla la sentencia de López Macé.
En declaraciones a AGENFOR, la funcionaria Maris Zabala explicó que “un reciente decreto presidencial estableció una serie de normativas a las cuales adherimos y, con motivo de esto, fueron presentados varios habeas corpus”.“Dimos nuestra interpretación y reafirmamos los protocolos vigentes, marcando que los mismos iban a continuar porque es una facultad que detenta constitucionalmente la provincia de Formosa”, indicó.
Advirtió que el decreto presidencial “a veces se analiza en forma sesgada” desde varios sectores, por cuanto “se consideran textualmente dos o tres cuestiones” cuando el mismo “contiene una serie de principios que son los que reivindicamos como facultad y directriz”. Advirtió también que el decreto presidencial “a veces se analiza en forma sesgada” desde varios sectores, por cuanto “se consideran textualmente dos o tres cuestiones” cuando el mismo “contiene una serie de principios que son los que reivindicamos como facultad y directriz”. En ese sentido, la funcionaria manifestó que se toma en consideración la aparición de una nueva cepa de COVID-19 en Brasil, la cual se propaga con mayor rapidez y por lo que la Argentina confirmó el cierre de las fronteras, al igual que muchos países de todo el mundo.
Durante la noche de este viernes, distintas organizaciones se acercaron a un centro de aislamiento ubicado en la capital provincial y reclamaron por la liberación de 22 de personas que se encuentran recluidas en un centro de aislamiento. Según denuncian, varias de ella cuentan con el análisis de PCR negativo.
La decisión fue de la jueza federal de Formosa María Belén López Mace, quien hizo lugar parcialmente a un habeas corpus colectivo presentado por el titular del bloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Luis Naidenoff; y el presidente de la UCR de Formosa, Martín Hernández, en representación de seis formoseños.
La magistrada ordenó además que la Provincia disponga de aislamientos preventivos sólo para los casos en que esa norma dictada por el Ejecutivo nacional así lo autorice. No obstante, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, Jorge Abel González, aseguró que la provincia apelará esta decisión, al entender que tiene “la potestad para definir las políticas sanitarias”, una facultad que “no es delegable al Poder Ejecutivo Nacional”.
El funcionario había consignado durante el mediodía, al dar a conocer el parte diario sobre la situación sanitaria provincial, que la Fiscalía de Estado “trabaja en una apelación” a este fallo judicial. La magistrada requirió a “la Provincia de Formosa y/o Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, que en un plazo de 72 horas proceda a dictar y/o adecuar su protocolo de ingreso al territorio provincial garantizando la libre circulación interjurisdiccional, conforme los parámetros establecidos en el DNU Nº 168/21”
También hizo saber a “la Provincia de Formosa y/o Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 que en un plazo de 72 horas deberá verificar en el colectivo de personas que se encuentran cumpliendo el aislamiento con motivo de su ingreso a la provincia de los supuestos del art. 3º DNU 168/21 en los términos expuestos en la presente resolución, caso contrario deberá hacer cesar el aislamiento”.
Por último, dispuso que se arbitren los medios necesarios para que una de las ciudadanas aisladas, Emilse Erico, sea vacunada mañana contra el coronavirus “conforme el calendario de vacunación a adultos mayores residentes en la ciudad de Formosa”.
“Se advierte que actualmente los protocolos vigentes y dictados oportunamente por la provincia de Formosa para el control del ingreso interjurisdiccional, no se ajustan a la normativa nacional”, afirmó en el fallo. La jueza ratificó la competencia de la justicia federal en el tema al recordar que ya se manifestaron al respecto la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia y la Cámara Federal de Casación Penal. Al argumentar sobre la decisión tomada, la magistrada sostuvo que la provincia debe dictar un nuevo protocolo que se adecúe al decreto nacional, “a los derechos allí resguardados”, y que disponga aislamientos” sólo para los casos que la propia norma ejecutiva autoriza”, porque “lo contrario significaría una vulneración de garantías constitucionales y convencionales”.
De este modo, la situación en la provincia continúa en tensión y a la espera de algún tipo de resolución.
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