
Alberto Fernández eligió como adversario electoral a Mauricio Macri y decidió que su primera estocada contra el líder de la oposición será en Comodoro Py: prepara una extensa querella criminal por los delitos de administración fraudulenta y malversación de caudales presuntamente cometidos con los 44.000 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional (FMI) concedió a la Argentina.
La elección presidencial no es azarosa. Macri dejó una economía en mal estado, es referente político de Patricia Bullrich -que mide muy bien en los sondeos de opinión- y es refractario al denominado “voto blando”, una carga electoral que Horacio Rodriguez Larreta no tiene.
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Alberto Fernández no sólo eligió a Macri por sus diferencias ideológicas y personales. El Presidente también carga contra su antecesor porque considera que es más fácil de vencer que Rodríguez Larreta. El jefe de gobierno porteño tiene la imagen pública muy valorada en todo el país y estuvo al margen de los planes de ajuste que aplicó Nicolás Dujovne como ministro de Hacienda.
La ofensiva presidencial fue lanzada ayer en la Asamblea Legislativa. Alberto Fernández guardó su anuncio político-judicial como un secreto de Estado y así sorprendió -por igual- a sus aliados del Frente de Todos y a sus adversario de Juntos por el Cambio.
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“Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país, es necesario que endeudarse no sea gratis y que los responsables rindan cuentas de sus actos y dejen de circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo”, aseguró el Presidente en una alusión elíptica a Macri.
Y remato: “Por eso, he instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quienes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”.
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Hace unos meses, Alberto Fernández recibió en Olivos a Miguel Pesce, titular del Banco Central (BCRA). A solas, Pesce explicó al Presidente que el staff del Banco Central había iniciado una investigación jurídica y financiera para determinar la presunta responsabilidad jurídica del gobierno de Macri en la firma y administración de los millones de dólares concedidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina.
La investigación fue liderada por Betina Stein, una directora del Banco Central que conoce al presidente desde 1990. Stein hizo un minucioso informe jurídico y contable que analizó Alberto Fernández antes de ajustar su discurso frente a la Asamblea Legislativa. El jefe de Estado consideró que el dossier era muy serio y decidió poner sus lineamientos básicos en el discurso de 62 páginas que ayer leyó en la Cámara de Diputados.
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Cuando Alberto Fernández ya había deslizado su decisión política de avanzar contra Macri, sus ministros y los responsables directos del FMI, un cadete del Banco Central llegó hasta la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para entregar a sus autoridades una copia de los informes redactados por Stein y aprobados por Pesce.
Esos informes reservados también fueron entregados a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) que, a su vez, ya había preparado una sucesión de dossiers reservados que se remitieron al Congreso y desde allí aterrizaron en el despacho presidencial de la quinta de Olivos.
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El jefe de Estado aguarda una presentación formal de la OA, la UIF, el BCRA y la SIGEN antes de redactar la querella criminal contra Macri, sus ministros, las autoridades del Banco Central durante su mandato y ciertos funcionarios del FMI encabezados por Christine Lagarde - por entonces directora gerente- y Mauricio Claver, en ese momento representante de Donald Trump en el organismo multilateral de crédito.

Tras la feria judicial de invierno, si no hay cambios imprevistos, Alberto Fernández habilitará que se haga la presentación de la querella criminal contra Macri. Ya hay una causa abierta en Comodoro Py, y se sumará a esa investigación por el principio básico de conexidad procesal. Resta saber si la querella será firmada por el Banco Central, la Procuración del Tesoro o el Ministerio de Economía.
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Macri se enteró de las intenciones presidenciales mirando la televisión. Solo se encogió de hombros.
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