Por videoconferencia y con la declaración de un testigo se reinició el juicio oral por la obra pública

Fue esta mañana tras el receso judicial de enero. Declaró un auditor de vialidad nacional que dijo que no tuvo pedidos de sus superiores para beneficiar a Lázaro Báez. CFK es una de las acusadas

El reinicio del juicio oral por la obra pública
El reinicio del juicio oral por la obra pública

El juicio oral y público por las presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas para Santa Cruz al empresario Lázaro Báez se reinició hoy con la declaración de un testigo. Fue por el sistema de videoconferencia -que se aplica desde agosto del año pasado por la pandemia del coronavirus- y tras la finalización de la feria judicial de enero.

La audiencia tuvo un único testigo. Se trató de Leonardo Durante, del área interna de auditoria de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional, quien participó en 2013 en informes de obras públicas. El testigo sostuvo que ningún funcionario superior le pidió que beneficie en su informe a Austral Construcciones, la empresa de Báez, y que no sabe si eso le sucedió a otro auditor.

Al testigo le preguntaron si la redeterminación del precio de una obra implica un sobreprecio y contestó que no. “Entiendo yo que sobreprecio es ponerle un precio superior a un producto de un determinado valor. Redeterminar no es hacer un sobreprecio, es producto del devenir de la inflación”, contestó Durante se presentó en los tribunales de Comodoro Py junto a los integrantes del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Los abogados de los acusados, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, y los abogados de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera por el sistema de videoconferencia de Zoom.

Los acusados no tienen la obligación de estar presente en las audiencias y de los 13 imputados estuvieron cuatro conectados al sistema: el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, el ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal y primero del fallecido ex presidente Néstor Kichner, Carlos Kirchner, el ex titular de la Dirección de Vialidad Nacional Nelson Periotti y el ex jefe del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad Raúl Daruich.

Para hoy también estaba prevista la declaración como testigo de Jésica Caballero, también integrante de la auditoria de Vialidad Nacional, pero la Fiscalía desistió de su declaración. Por los feriados de carnaval de la semana que viene, el juicio se retomará el lunes 22 de febrero.

Cristina Kirchner, Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, y el resto de los acusados están siendo juzgados desde el 21 de mayo del 2019. La acusación es por los delitos asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública.

Se juzgan las presuntas irregularidades -sobreprecios, rutas no terminas, ampliaciones de presupuesto, empresas sin la capacidad operativa para los trabajos, etc.- en la concesión de 51 obras públicas para la provincia de Santa Cruz que durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner recibieron las sociedades de Báez, que se convirtió en empresario con la llegada del kirchnerismo al poder nacional.

Cristina Kirchner en una de las audiencias del juicio oral (Télam)
Cristina Kirchner en una de las audiencias del juicio oral (Télam)

Con su reinicio hoy al juicio le quedan cerca de 100 testigos por declarar de los 184 convocados por el tribunal a pedido de las partes. Con ese cronograma este año no habrá veredicto para los imputados.

Desde que los testigos comenzaron a declarar -fue en diciembre de 2019- el tribunal dispuso que se hagan por bloques de temas. Así ya pasaron los denunciantes, como los ex diputados opositores Juan Carlos Morán, Margarita Stolbizer y Mariana Zuvic; ex funcionarios y diputados que trabajaron en la elaboración y aprobación de los presupuestos de las obras públicas; empleados del Ministerio de Planificación; y del área de auditoria de Vialidad Nacional.

Entre los que restan se destacan tres bloques por el impacto que sus testimonios pueden tener para el juicio y también político. Uno es el de Alberto Fernández, Aníbal Fernández, Sergio Massa, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina. Todos los ex jefes de Gabinete cuyos testimonios fueron pedidos por las defensas de la vicepresidenta, De Vido y Báez. También está convocado el ex secretario de Legal y Técnica y actual procurador del Tesoro, Carlos Zannini.

Los jefes de Gabinete fueron citados porque son los encargados de la ejecución de los presupuestos y de las reasignaciones de las partidas para las obras públicas. Y esas medidas se tomaron para las obras de Báez. Cuando Cristina Kirchner declaró en el juicio, el 2 de diciembre de 2019 a una semana de asumir, lo nombró a Alberto Fernández. “En el año 1994 se introduce la figura del jefe de Gabinete, el responsable de la ejecución del presupuesto, sin embargo acá no está citado ningún jefe de Gabinete y no digo que tengan que estar acá. El que ejecuta el presupuesto es el jefe de Gabinete, no el Presidente o Presidenta de la Nación. Si es así, van a tener que citar al Presidente de la República, que fue jefe de Gabinete de 2003 a 2008”, dijo la vicepresidenta.

Cuando Alberto Fernández fue aceptado como testigo -el 3 de septiembre de 2018- no había sido proclamado todavía como candidato a presidente del Frente de Todos -siquiera era una especulación- ni CFK como vice. Con su triunfo en las elecciones de 2019 el juicio recibió como protagonistas al Presidente y a la Vicepresidenta.

El Código Procesal Penal de la Nación establece en su artículo 250 que “no estarán obligados a comparecer” al juicio como testigos “el presidente y vicepresidente de la Nación; los gobernadores y vicegobernadores de provincias; el jefe y vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los ministros y legisladores nacionales y provinciales”, entre otros. Pero si quieren ir al tribunal pueden hacerlo. Esas personas pueden declarar por escrito -el tribunal les envía las preguntas- o “en su residencia oficial”, hasta donde irán los jueces. Esa disposición alcanza a Alberto Fernández, al gobernador de Chaco Capitanich y a Massa como presidente de la Cámara de Diputados, quiénes deberán informar su decisión cuando sean citados.

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