Las ministras de Seguridad y de Justicia, Sabina Frederic y Marcela Losardo, se comprometieron a garantizar, con la intervención de Gendarmería, la circulación de la ruta 40 ante eventuales cortes producidos por la comunidad mapuche Lafken Wilkun Mapu.
El anuncio, aunque parezca insuficiente, fue el principal condimento de una reunión que mantuvieron junto a la gobernadora Arabela Carreras, el secretario de Articulación Federal en Seguridad Gabriel Fuks y representantes de Parques Nacionales, con un reducido grupo de vecinos. Había más funcionarios que vecinos.
Al encuentro, que se realizó en el escuadrón 34º de Gendarmería Nacional, faltaron los principales opositores al asentamiento mapuche de Villa Mascardi, quienes vivieron en carne propia la violencia de los encapuchados. “Ninguno de los vecinos que participó fue golpeado por los mapuches o a ninguno, por fortuna, le quemaron sus casas o se las ocuparon”, expresaron quienes decidieron no participar de la reunión.
Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación evaluaron el encuentro como “muy positivo” debido a que “se analizó la problemática y hubo anuncios relevantes sobre las medidas que adoptará el Gobierno Nacional para descomprimir la conflictividad en la zona”.
La gobernadora rionegrina se mostró conforme con el encuentro y destacó el acompañamiento de Nación a su preocupación: “Me siento escuchada y respaldada”.
Luego de la reunión, valoró el anuncio de la comitiva nacional de garantizar la circulación en la ruta 40, en caso de nuevos cortes protagonizados por los integrantes de la comunidad mapuche. “Lo más importante es la garantía de libre transitabilidad en la ruta, permitiendo la circulación de vehículos en al menos uno de los carriles, evitando que las manifestaciones provoquen bloqueos totales sobre la traza”, aseguró Carreras.
Tanto la gobernadora como las fuentes consultadas del Ministerio de Seguridad hicieron hincapié en la instalación de dispositivos tecnológicos que contribuirán a descomprimir los conflictos en Villa Mascardi. Tal como fue anunciado en varias ocasiones, avanza la instalación de cámaras de seguridad en el lugar, luego de una importante inversión para trasladar conectividad a la zona donde está el asentamiento, a 35 kilómetros de Bariloche.
El monitoreo de las imágenes estará a cargo tanto de Gendarmería Nacional, que dispondrá una oficina en el Escuadrón 34º, como del 911 que depende del gobierno provincial.
Además anunciaron la instalación de nuevas luminarias, cámaras 360 y otros dispositivos que estarán a bordo de los vehículos oficiales.
Los vecinos que no participaron del encuentro consideraron esos anuncios como “insuficientes y reiterativos”. “La instalación de cámaras de seguridad lo vienen anunciando hace meses, entendemos las complejidades tecnológicas pero mientras eso pasa a nos siguen quemando las casas, nos siguen golpeando y amenazando”, expresaron.
Cuestión de fondo
Tanto los vecinos que participaron del cónclave como aquellos que decidieron no hacerlo reconocieron que la única solución real al conflicto mapuche en Villa Mascardi es el desalojo del predio donde se instaló la comunidad inicialmente, en 2017, perteneciente a Parques Nacionales.
No obstante el juzgado federal de la ciudad cordillerana no resuelve la restitución del predio a su propietario ni otras ocupaciones de tierras fiscales en la región.
El juez federal de Bariloche Gustavo Zapata subroga el cargo y hay un concurso para definir al nuevo juez que tiene 140 aspirantes, entre los que encuentra el propio magistrado interino.
“Hasta que no se resuelva el concurso, no habrá soluciones de fondo a las ocupaciones de tierras fiscales en la región. Zapata especula en la toma de decisiones, no se compromete para seguir en carrera”, afirmaron a Infobae distintas fuentes.
En el encuentro de este miércoles, los funcionarios trasladaron varios de los reclamos al accionar de la justicia aunque destacaron el rol de los magistrados ordinarios que en poco tiempo “lograron el desalojo pacífico en las tierras ocupadas por la comunidad Calfú Gallardo, en El Foyel, y decidieron el desalojo del predio que pertenece al obispado de San Isidro, en Villa Mascardi”.
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