La opinión de un prestigioso jurista acercó al kirchnerismo a la idea de aprobar el pliego de Daniel Rafecas con los dos tercios de los votos

No hay forma de comandar la Procuración General, máxime de cara a la implementación del nuevo sistema acusatorio, si no es con un gran respaldo político que le otorgue los dos tercios del Senado. Así lo dijo esta semana en la Cámara alta uno de los más prestigiosos juristas argentinos, Alberto Binder, titular del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Esa opinión pareció convencer al kirchnerismo de acercar posiciones internas y respaldar el pliego de Daniel Rafecas para su nombramiento como futuro jefe de los fiscales, indicaron las fuentes consultadas.

Binder fue invitado a exponer esta semana a la comisión de justicia del Senado para dar su opinión sobre la reforma en el Ministerio Público. Fue cuando el senador Oscar Parrilli desempolvó dos viejos proyectos que había presentado la oposición para ponerle plazos al cargo de procurador. Allí estaban el proyecto de Martín Lousteu que fijaba 6 años y otro de la neuquina Lucía Crexel que hablaba de cinco años.

Eso alertó a la oposición que vio en esa jugada un intento de cambiar las mayorías que se necesitan para lograr el nombramiento de un procurador. Hoy, tanto la duración del tiempo de mandato de un procurador como la forma de la elección para ocupar ese cargo, que hoy requiere los dos tercios del Senado, están siendo analizados por la comisión de juristas que armó el presidente Alberto Fernández, junto a otras reformas que analizan en el Poder Judicial.

Sin embargo, la participación de Binder en el Congreso y su explicación habrían terminado de convencer a la tropa kirchnerista de no cambiar la mayoría de los dos tercios de los votos. Según explicó Binder, no hay dudas de que hay que ponerle un plazo al cargo del procurador, tal como hicieron “todos los países de América Latina que han pasado al sistema acusatorio en los últimos 20 años” por el peso que tiene la persecución penal y por la necesidad de coordinar su función con el Ejecutivo, los gobiernos provinciales y el Ministerio de Seguridad.

De hecho, explicó que en Santa Fe, Salta, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires ya tienen procuradores con plazos determinados. “El mismo desgaste de la persecución penal, la necesidad de renovar planes de persecución penal permanentemente hacen que haya ya un consenso muy amplio técnico y político alrededor de que tiene que existir un plazo”, afirmó. A criterio de este experto, fue muy nocivo dejar a procuradores en el cargo de manera vitalicia. “No saben la diferencia que es cuando un procurador vuelve al llano y esto ha sido un gran revulsivo contra muchas aventuras y locuras”, afirmó.

Fue entonces que puso el foco en cuánto debe durar entonces el mandato. “Acá tenemos dos modelos. Los dos modelos son posibles y los dos modelos tienen sentido y dificultades. Uno es que vamos a tener plazos cortos, muy cortos, y la idea ahí es acercar el Ministerio Público a la gestión de un gobierno que ha ganado las elecciones. En ese sentido los plazos son cortos. Debería ser 4 años. Es un modelo que existe en muchos lugares. Para que ese modelo funcione bien debe estar claro que terminado el gobierno se va el procurador. Esto le da mucho sentido común a la estructura institucional”. Sin embargo, esa propuesta no es la que analiza el Senado.

La otra idea es fijar un plazo de cinco o seis años y no hay diferencias técnicas en ese plazo. Pero ahí la complicación viene de la mano de la sintonía que se pueda tener con el Ejecutivo. “¿Cuál es el problema de 5 o 6 años? Lo que le puede pasar un procurador a un gobierno distinto al que lo eligió. Ya vimos formas traumáticas. Todos vimos cómo la gestión de (Alejandra) Gils Carbó fue sistemáticamente objetada y bombardeada desde el Poder Ejecutivo", señaló.

Fue en ese marco que aseguró que la decisión sobre qué plazo fijar “va a tener una implicancia enorme en el tema de las mayorías en el Senado”. “Acá hay un problema de modelitos que se van equilibrando, uno con el otro. Si ustedes optan por un modelo de 4 años de tal manera que el procurador termine con el gobierno, siempre con el acuerdo del Senado, que me parece indispensable, ahí uno puede relajar la mayoría, pero tiene que aclarar si funciona en ese modelo. Nada más que en ese modelo”, afirmó.

En cambio, explicó Binder, “si se va al modelo de seis años, si el procurador va a tener que trabajar en un gobierno de distinto signo, en ese caso es mejor tener los dos tercios para que el procurador apoye la espalda en un consenso importante de la dirigencia política”.

El experto resaltó así que el próximo procurador tendrá la responsabilidad de implementar la reforma al código acusatorio. “El próximo procurador tiene que tener una espalda bien cubierta para poder hacer esto y dar rumbo al Ministerio Público hacia el lugar correcto en los términos de tener el apoyo suficiente para implementar el nuevo sistema que toca a muchos intereses, muchos callos muy poderosos, así que en mi experiencia, dentro de 10, 15 años podamos renovar esta decisión pero sobre todo el primer procurador del sistema acusatorio es bueno que tenga un muy fuerte respaldo en el Senado".