La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires aprobó hoy de manera unánime un proyecto impulsado por Juntos por el Cambio que propone agilizar la restitución de los inmuebles usurpados a los legítimos dueños sin necesidad de esperar el proceso de desalojo. Con media sanción, la iniciativa pasará ahora a Diputados.
El proyecto, presentado por los senadores Juan Pablo Allan y Leandro Blanco, establece la modificación del artículo 231 del Código Procesal Penal bonaerense, el cual regula la restitución provisoria de inmuebles en las causas iniciadas por el delito de usurpación, “ante la necesidad de corregir la lentitud de los mecanismos procesales y evitar que las usurpaciones se consoliden”.
Los legisladores entienden que en la normativa vigente se complejiza el modo en que se concretan las tomas de terrenos, y todas las medidas y acciones dilatorias, que permiten una mayor permanencia y hasta la venta de tierra en forma irregular, “a las otras víctimas del mismo delito”.
En consecuencia, a través de la modificación del artículo 231 el fiscal interviniente, la víctima o el particular damnificado podrán solicitar al juez de garantías el reintegro provisional e inmediato de la posesión o tenencia de la propiedad ilegalmente ocupada, siempre y cuando ese derecho invocado fuera verosímil. El magistrado competente tendrá un plazo máximo de 72 horas para decidir sobre el pedido y, en caso de dar lugar, ordenar el desalojo. Cabe aclarar que la redacción actual habla de que una solicitud de ese tipo debe ser resuelta en el menor tiempo posible, pero no determina un límite, de modo que los procesos suelen alargarse.
La norma también prevé un plazo de 24 horas para que el juez dictamine una medida cautelar -por el plazo que considere- de no innovar sobre el inmueble, “de modo que los efectos de la usurpación no sigan perpetrando daños al derecho de propiedad privada”. Mientras que dentro de las 48 horas posteriores a la solicitud, el magistrado también podrá convocar a una audiencia en la cual la persona imputada tendrá la posibilidad de ofrecer prueba documental.
La iniciativa se confeccionó luego de los incidentes registrados en el predio de Guernica y ante la preocupación por los reiterados casos de tomas de tierras, una problemática que viene en ascenso. Una muestra de ello es que solo entre los meses de julio y agosto en la provincia de Buenos Aires fueron usurpadas 4.300 hectáreas.
“El fin de este proyecto es darle herramientas a las justicia para resolver las usurpaciones en forma rápida. En Guernica se tardaron más 20 días en dictar el desalojo y otros 100 en llevarlo a cabo. Con este proyecto estamos hablando de reducir eso a menos de la mitad”, dijo el senador Walter Lanaro durante la sesión.
El senador radical Leandro Blanco, impulsor del proyecto, manifestó la necesidad de solucionar y darle una respuesta con celeridad a los damnificados en este tipo de conflictos. “Buscamos otorgarle a la Justicia las herramientas necesarias para que resuelva rápida y eficazmente las solicitudes de restitución de inmuebles", dijo.
Y sostuvo: "Hay que ser categóricos: la usurpación es un delito y como tal exige que el Estado actúe. Reconocemos que hay un problema habitacional pero tolerar la toma de tierras no soluciona el problema, sino que lo agrava”.
En ese sentido, con respecto a las tomas que sucedieron en el último tiempo el legislador lamentó que "en muchos de esos lotes se iban a construir viviendas, urbanizaciones y espacios públicos, proyectos cercenados por las usurpaciones”. Por eso, concluyó que “es imposible pensar en una convivencia democrática en paz sin la plena vigencia del Estado de Derecho y el imperio de la ley”.
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